Qué hacer con los megavatios que sobran en Andorra: las reglas del concurso limitan las opciones tras el recorte a Endesa

El severo ajuste del macroproyecto renovable a Endesa ligado al nudo Mudéjar ha abierto una enorme grieta en el plan de transición justa de Andorra y su entorno, la prometida reconversión industrial que no acaba de llegar a esta parte de la provincia de Teruel cuando ha pasado ya más de un lustro desde la voladura completa del sector minero-eléctrico del carbón. El gran interrogante ahora es qué hacer ahora con la potencia que queda sin utilizar. Las bases del concurso diseñadas por el Ministerio de Transición Ecológica para adjudicar este activo energético no ofrecen una salida sencilla. Al contrario, fijan un marco rígido que condiciona tanto la posible redistribución de esos megavatios como las obligaciones del adjudicatario.

La orden ministerial que reguló el concurso establece que, cuando un proyecto debe modificarse por causas administrativas como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el promotor está obligado a adaptar su propuesta “de forma proporcional” a la nueva capacidad autorizada. Es decir, no cabe rediseñar libremente el proyecto, sino reducirlo en función de los condicionantes ambientales.

Este principio encaja con el escenario actual. Tras el revés sufrido en la declaración de impacto ambiental del proyecto, Endesa ha pasado de un planteamiento superior a 1.800 MW -gracias a la hibridación de tecnologías renovables- a apenas 406 MW viables según su análisis técnico.

Posibles alternativas

Pero el elemento más relevante está en el destino de la potencia que queda fuera. Las bases son explícitas al señalar que, si la capacidad adjudicada no se ejecuta, “la capacidad de acceso excedentaria -queda- liberada y sometida al régimen previsto” en la normativa general -en concreto, el real decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica–.

Esto implica que esos megavatios dejan de estar vinculados al concurso de transición justa y pasan al circuito ordinario del sistema eléctrico. No hay, por tanto, una reasignación automática a los proyectos que quedaron en segundo plano.

Ese punto introduce una complejidad evidente. El concurso de Mudéjar no se diseñó como un reparto entre varios promotores, sino como una adjudicación integral al mejor proyecto en términos técnicos, ambientales y socioeconómicos. Por ello, las bases no contemplan que, si el ganador reduce su plan, la potencia restante pase directamente al siguiente clasificado. No obstante, la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, abrió la puerta a esta posibilidad en la reunión que mantuvo el marte con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.

La vía de un nuevo concurso

La alternativa jurídica que sí recoge la orden es clara, aunque poco ágil. “Si hubiera quedado capacidad disponible no adjudicada, podrá acordarse la celebración de ulteriores concursos”, recoge el documento. Es decir, la única salida plenamente prevista en la norma pasa por convocar un nuevo proceso competitivo. Un escenario que, en la práctica, implicaría volver a abrir plazos, evaluar ofertas y prolongar durante meses o años la incertidumbre sobre el futuro del nudo Mudéjar.

En este contexto se explica que el ministerio esté explorando fórmulas intermedias para recolocar esa potencia entre otros licitadores del proceso original. Sin embargo, esa vía no aparece recogida de forma expresa en las bases y abre interrogantes jurídicos sobre si se estarían alterando las reglas de concurrencia con las que se resolvió el concurso en 2022.

A este encaje institucional se suma otra derivada clave: las garantías económicas. La orden obliga al adjudicatario a depositar un aval de 120 euros por kilovatio instalado para asegurar tanto la ejecución del proyecto como sus compromisos asociados, así como otras cantidades asociadas al acceso y conexión a la red.

En este contexto, el margen de maniobra es más estrecho de lo que sugiere el debate político. Las bases del concurso priorizan la seguridad jurídica y la coherencia del proceso sobre la flexibilidad. La potencia sobrante no se redistribuye automáticamente, los cambios en el proyecto están fuertemente limitados y cualquier solución alternativa exige encaje administrativo.

Ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni Endesa han realizado comentarios sobre esta cuestión ni sobre el posible impacto económico del recorte tras las consultas realizadas por este diario.

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