El ministerio devolverá unos 230 millones a Endesa si confirma el recorte de su proyecto en Andorra

El drástico recorte aplicado por la autorización ambiental al macroproyecto energético de Endesa en Andorra no solo reconfigura el futuro de la zona, sino que abre también un movimiento económico de gran magnitud en forma de devolución de avales. La eléctrica podría recuperar en torno a 230 millones de euros de las garantías depositadas ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para desarrollar su plan energético y las inversiones asociadas para el desarrollo social e industrial de este enclave de Teruel, una cifra que convierte el ajuste en un auténtico balón de oxígeno financiero en pleno proceso de reordenación interna del grupo.

La cifra proviene de las estimaciones realizadas a partir de la orden reguladora del concurso del nudo Mudéjar, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre de 2021, así como de la resolución de un año después que resolvió la adjudicación de la capacidad eléctrica liberada tras el cierre en 2020 de la central térmica turolense.

La 'italianización' de Endesa

Endesa es la filial española de la italiana Enel, participada en torno a un 30% por el Estado italiano, que controla aproximadamente el 70% del capital de la energética española. El próximo relevo en su cúpula, con el previsible nombramiento de Gianni Vittorio Armani como consejero delegado en sustitución de José Bogas, refuerza ese proceso de italianización impulsado desde Roma bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, con una estrategia más centralizada y orientada a la eficiencia.

En ese contexto, la eventual liberación de una bolsa millonaria de garantías no es un detalle menor, sino un factor que puede influir en las decisiones de inversión y en el alcance final de un proyecto clave para la reconversión de las cuencas mineras de Teruel.

El cálculo parte del volumen total de garantías exigidas al proyecto. Estas no se limitan al aval del concurso de transición justa, fijado en 120.000 euros por megavatio (MW), sino que incluyen también los depósitos requeridos para el acceso y conexión a la red eléctrica, que ascienden a otros 40.000 euros por la citada unidad de potencia. En conjunto, el esquema regulatorio obligó a inmovilizar unos 160.000 euros por megavatio.

Una quinta parte del proyecto energético inicial

Aplicado al diseño original del proyecto, que alcanzaba los 1.844 megavatios gracias a la hibridación de tecnologías eólica, fotovoltaica y almacenamiento, el volumen total de garantías comprometidas se aproxima a los 295 millones de euros. Se trata del verdadero perímetro económico del proyecto, muy superior al que se desprende de analizar únicamente la potencia adjudicada en el concurso, que fue de 1.202 megavatios.

Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente tras la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida hace poco más de un mes por el órgano competente del ministerio. El análisis técnico de la propia Endesa reduce el proyecto a 406 megavatios viables, apenas una quinta parte del planteamiento inicial. Este ajuste obliga a recalcular las garantías exigidas, que en ese nuevo escenario se situarían en el entorno de los 65 millones de euros.

La diferencia entre el volumen inicialmente comprometido y el que correspondería al proyecto finalmente ejecutable arroja una cifra que ronda los 230 millones de euros. Sin embargo, ese dinero no volverá automáticamente a las cuentas de Endesa o su matriz Enel. El diseño del concurso recoge la garantía no solo cubre la potencia instalada, sino también el cumplimiento del proyecto en su conjunto.

La propia resolución del concurso establece que el aval responde tanto de la ejecución de las instalaciones como de los compromisos socioeconómicos asociados, desde la creación de empleo hasta las inversiones en la zona. Esto significa que cualquier devolución deberá pasar por el filtro del Instituto para la Transición Justa (ITJ), el organismo adscrito al Miteco que pilota este proceso y que deberá evaluar ahora en qué medida el nuevo proyecto -mucho más reducido- mantiene o adapta esos compromisos.

Por el momento, ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni Endesa han trasladado su valoración sobre estas cifras ni sobre el impacto económico del recorte a las consultas realizadas por este diario.

La transición justa no despega

El resultado es un doble efecto. Por un lado, se alivia la carga financiera de la compañía, que deja de tener bloqueada una cantidad muy significativa de recursos. Por otro, se pone en cuestión el alcance real del plan de transición justa que sirvió para adjudicar el nudo, ya que la reducción de potencia arrastra inevitablemente una revisión proporcional del proyecto socioeconómico vinculado. Endesa contemplaba inversiones por valor de más de 1.500 millones de inversión, así como la creación de unos 500 empleos estables, cifras que podrían quedar reducidas a una quinta parte en concordancia con el recorte de megavatios.

El ministerio se mueve ahora en un terreno complejo. Debe decidir qué parte proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, cómo redistribuir la potencia sobrante y qué hacer con las garantías económicas asociadas. Todo ello sin romper el equilibrio jurídico del concurso ni desvirtuar los compromisos adquiridos con el territorio. El riesgo de judialización es patente en un sector eléctrico tendente a litigar, según advierten distintas fuentes conocedoras del proceso.

Siete años después del cierre de las últimas minas de carbón en Teruel y Aragón, casi seis años después del apagón de la central térmica de Andorra y tres años después de la adjudicación del nudo Mudéjar y la firma del llamado convenio de transición justa de la zona, el futuro prometido para este territorio sigue sin concretarse. Megavatios en el aire, menos inversión y cientos de millones de euros que dejan de estar comprometidos con su reconversión.

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