Un Gobierno de Aragón en funciones... y a la sombra: así ha bajado la actividad pública de los consejeros

Lo reconoció el propio presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en su última aparición pública. Hay "cosas" que el Gobierno de Aragón en funciones "no puede hacer", aunque le gustaría hacerlas, pero que están limitadas por ley. Y con este Ejecutivo autonómico interino desde el pasado 8 de febrero, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas anticipadas de la democracia aragonesa, hay cuestiones que se van quedando por el camino.

El ritmo de crucero que llevaba el Gobierno en el ecuador de la legislatura pasada no es el mismo que llevan los consejeros en este periodo, mientras se decide si seguirán o no en el Consejo de Gobierno, o cuál será la composición y las carteras en que se distribuirán en el nuevo Ejecutivo.

Las últimas declaraciones del presidente aragonés confirmaban que Vox tendrá "un papel importante" en esta nueva legislatura. Pero nada más dijo de carteras, negociaciones, fechas o posibles acuerdos. Todo es discreción y silencio dos meses después. Y mientras, la actividad política vive una especie de sopor, de calma chicha, sin grandes anuncios, ni proyectos, ni novedades en la política aragonesa.

Así lo revela, también, la agenda pública de los nueve consejeros y del presidente aragonés desde el pasado 1 de marzo, por tener una imagen fija del trabajo de estas últimas semanas. Algunos no han dejado de aparecer, a pesar de que su nombre está en la rampa de salida del Ejecutivo, como es el caso del consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco, que ha tenido hasta 17 actos, aunque tiene previsto jubilarse con el fin del mandato.

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, también se encuentra entre las que más actividad ha tenido, con once actos públicos, aunque ha dejado en manos de sus directores generales de Cultura, Pedro Olloqui, y de Planificación Educativa, Luis Mallada, algunos de los asuntos de mayor importancia en su área de gobierno, como la presentación del proceso de escolarización para el próximo curso, o las respuestas por el conflicto abierto con el retorno de los bienes a Sijena.

Otros consejeros apenas han tenido un par de apariciones en las cinco semanas que han pasado desde el inicio del mes de marzo. Es el caso del titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que no ha dado ninguna rueda de prensa en este tiempo, y del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que ha tenido dos, una de ellas para anunciar el refuerzo del cribado del cáncer de colon en Aragón.

Y aunque enseguida se apresuren a decir –con razón– que el trabajo interno también es trabajo y, más importante, que se sigue haciendo aunque no haya comparecencias públicas ni ruedas de prensa, la rendición de cuentas también es una de las labores clave para los consejeros y consejeras. Y en este tiempo de interinidad, esta ha bajado notablemente.

Empezando por el líder del Ejecutivo, el presidente Jorge Azcón ha reducido sus apariciones públicas a una o dos citas, como mucho, a la semana. Según su agenda, desde el pasado 1 de marzo ha tenido diez comparecencias con preguntas de los medios de comunicación, además de su presencia en los minutos de silencio convocados por el asesinato, en este tiempo, de dos mujeres por culpa de la violencia machista.

La vicepresidenta en funciones, portavoz y consejera de Economía, Mar Vaquero, sigue siendo la cara y la voz del Ejecutivo tras cada Consejo de Gobierno, pero en este tiempo ha tenido menos presencia pública que el propio presidente, según su agenda, con nueve ruedas de prensa.

Otro de los pesos pesados del Gobierno, el consejero de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística, Octavio López, tan solo ha tenido tres actos públicos en estas últimas cinco semanas. También la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha tenido su agenda bajo mínimos, con seis actos. Y en una situación intermedia se encuentran los consejeros de Bienestar y Familia, Carmen Susín, con ocho actos públicos; y de Agricultura y Ganadería, Javier Rincón.

Cabe preguntarse también quiénes de ellos están más próximos al presidente en esta labor de negociaciones capitaneadas "en primera persona" por el propio Azcón, "a fuego lento" y "en silencio" que significan, en la práctica, dar carpetazo a la transparencia sobre el diálogo para formar el futuro Ejecutivo aragonés y sobre cuáles son las cuestiones que hacen que, dos meses después, los aragoneses no tengan un Gobierno acorde a lo que votaron en las urnas.

Esta semana empieza también el último mes de descuento para el final del plazo para formar Gobierno, el próximo 3 de mayo, antes de tener que optar por una repetición electoral que nadie tiene sobre la mesa. Pasada la Semana Santa, a menos de veinte días de San Jorge, hay quienes creen que ha llegado el momento de las decisiones.

Los límites en la ley

Además de reducir su presencia, los límites en la ley del Presidente de Aragón para un Gobierno en funciones son claros. En concreto, el propio jefe del Ejecutivo no puede ni disolver las Cortes, ni convocar una cuestión de confianza, ni crear o modificar departamentos en su Ejecutivo.

El Gobierno tiene también, en cierto modo, las manos atadas. No puede reformar el Estatuto, aprobar proyectos de ley (incluida la Ley de Presupuestos, prorrogados desde 2024), pedir sesiones extraordinarias a las Cortes, autorizar convenios con el Estado... Y tampoco dar luz verde a expedientes de contratación de más de 3 millones de euros ni convocar subvenciones de más de 900.000 euros. Así que tanto en materia legislativa como económica, cada semana que pasa en funciones es una semana de actividad al ralentí en la comunidad autónoma.

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