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Aragón se enfrenta a más de mil barreras de acceso a la sanidad: “Hay familias que deben elegir entre comer o pagar sus medicinas”

La Plataforma Salud Universal y Médicos del Mundo Aragón denuncian las barreras que dificultan el acceso al sistema de salud en Aragón para personas vulnerables, con obstáculos administrativos, informativos y económicos

Imagen de archivo del interior de una farmacia.

Imagen de archivo del interior de una farmacia. / Jaime Galindo

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Zaragoza

“Hay familias que deben elegir entre comer o pagar sus medicinas. Los medicamentos no pueden ser un artículo de lujo”. Esta lapidaria frase de Clara Barrios, técnica de Médicos del Mundo Aragón, puede resumir la situación de poblaciones vulnerabilizadas que se enfrentan a diario a barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud en Aragón.

En 2025, el acceso al Sistema Nacional de Salud en Aragón se convirtió para muchas personas vulnerables en una carrera de obstáculos. La Plataforma Salud Universal y Médicos del Mundo Aragón documentaron 1.146 barreras que afectaron a 593 personas, lo que equivale a casi dos obstáculos por persona.

“Este tipo de barreras económicas conlleva dificultades para asumir el copago, acceder a recetas o adquirir fármacos no financiados”, ha explicado Barrios durante la presentación del informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas en Aragón, enmarcado en el Día Mundial de la Salud. En la presentación también han participado Isabel Montserrat, portavoz de la plataforma Salud Universal, y María Jesús Viñales, coordinadora de la organización.

Las dificultades se concentran principalmente entre personas en situación de sinhogarismo, violencia de género, infravivienda, falta de empadronamiento, pobreza o empleo precario, con especial presencia de contextos vinculados a la trata de personas, migración en condiciones extremas y exclusión residencial.

La mayoría de los afectados son mujeres CIS (64,2 %) y proceden de Latinoamérica (61,2 %), el norte de África (18 %) o África subsahariana (15,8 %).

Entre las barreras detectadas, las administrativas y de empadronamiento fueron las más frecuentes, con 459 casos, destacando especialmente el empadronamiento, que generó 212 problemas entre las personas afectadas. Las dificultades incluyeron negativas de arrendadores, infravivienda, “chabolismo vertical” o cobros por empadronar, y 105 personas se vieron afectadas por la exigencia de tres meses de padrón. Muchas no tuvieron acceso a vías excepcionales pese a presentar problemas graves de salud.

Las barreras informativas, con 512 casos, se relacionan con la falta de formación del personal, barreras lingüísticas y ausencia de servicios de traducción, lo que dificulta que las personas comprendan cómo acceder a la atención sanitaria y a los recursos disponibles. Además, se registraron 123 barreras económicas, centradas en la pobreza farmacéutica, que obligan a algunas personas a elegir entre cubrir necesidades básicas o comprar medicamentos, afectando especialmente a quienes padecen diabetes, hipertensión o problemas de salud mental, y aumentando estas dificultades en 2025 y 2026, como se ha detallado durante la presentación.

Legislación vigente

El nuevo Real Decreto 180/2026, vigente desde marzo de 2026, supone un avance en la universalidad de la salud, ya que reduce desigualdades territoriales y limita algunos requisitos de empadronamiento, mejorando la protección de colectivos vulnerables como la infancia, la adolescencia y las mujeres embarazadas. Sin embargo, la atención sanitaria sigue siendo casi universal y persisten limitaciones, como la ausencia de garantía explícita de atención en urgencias, la exclusión de algunos ascendientes reagrupados y requisitos restrictivos para trasplantes. Además, el decreto no aborda las barreras informativas, económicas ni culturales, que continúan dificultando el acceso.

Viñales ha asegurado que no existe evidencia de que este colectivo genere mayor gasto sanitario y ha defendido que es más caro no atender en primaria y acabar en urgencias. Asimismo, se ha mostrado totalmente de acuerdo en la regularización de los migrantes: "Son personas que ya están en España y trabajando, y ahora tendrán derecho al trabajo remunerado legalmente en lugar de trabajar desde la clandestinidad".

Por todo ello, las organizaciones recomiendan la aplicación sin restricciones del decreto, formación del personal sanitario y administrativo con protocolos con perspectiva de género, información en varios idiomas y servicios de traducción o mediación intercultural, así como acceso a recursos frente a la pobreza farmacéutica para garantizar la medicación esencial a quienes más lo necesitan.

En Aragón, el derecho a la salud existe, pero su cumplimiento sigue marcado por obstáculos administrativos, informativos y económicos, muchos de ellos evitables con medidas concretas y vigilancia activa de las autoridades sanitarias.

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