La escuela pública carga contra la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso: "Tenemos dudas de que sea legal"

Aragón concertará 1º del Bachillerato el próximo curso escolar. Y lo hará con el rechazo de sindicatos, asociaciones y partidos políticos de la oposición que defienden la escuela pública y que han cargado contra la continuidad de esta medida que el Ejecutivo autonómico ya anunció meses atrás, antes de las elecciones autonómicas del 8F, y la consejera en funciones de Educación, Tomasa Hernández, ha confirmado este martes. Además, las federaciones de Enseñanza de organizaciones sindicales como CCOO o CGT valoran la posibilidad de aplicar medidas legales contra la misma dado que la orden que permite la concertación de esta etapa, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se trata de una modificación de la anterior. Con todo, aclaran que esperarán a la publicación oficial para analizarla y actuar en consecuencia.

"Tenemos dudas de que sea legal", ha indicado Alfonso Alegre, de CCOO. Esta incertidumbre llega porque se trata de una modificación de la anterior orden, de noviembre, y porque se ha anunciado, además, con el Gobierno de Aragón en funciones y con el presupuesto prorrogado, lo que para ellos añade "gravedad" a la medida. También así lo ha señalado desde CGT José Luis Ruiz, que ha informado de que el sindicato ya convocaron asambleas internas la semana pasada para esta, la del 6 de abril, y la próxima, la de del 13 de abril, con el objetivo de tratar esta concertación y en las que ahora decidirán si llevar a cabo nuevas movilizaciones. En enero, ya convocaron una huelga de tres días contra esta medida que, indicaron, tuvo un seguimiento "masivo".

Por su parte, STEA, sindicato de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza de Aragón, ha recordado que presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y ha anunciado que ahora estudia solicitar medidas cautelares con las que buscan frenar la puesta en marcha de la concertación del Bachillerato. La organización sindical opina que esta medida es "contraria a la ley" e "innecesaria". Valoran también la posibilidad de convocar una huelga.

También desde Fapar (federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Aragón) han expresado su malestar ante la medida y han manifestado no entender que la medida llegue de la mano de una consejera que está en funciones y que, a su juicio, "se va a despedir de su responsabilidad educativa con el mayor daño a la escuela pública en los últimos años". Asimismo, han denunciado que el Bachillerato se concierte con el presupuesto de la comunidad prorrogado, ya que el coste de aplicar esta medida en 1º y 2º de Bachillerato alcanzará los 7 millones. "De alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la escuela pública", exponen.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han explicado que se va a modificar el presupuesto plurianual de la concertada, que se aprobó en 2025 y que sigue hasta 2031, para poder implantar el Bachillerato concertado a partir del próximo año lectivo (2026-2027). Desde Fapar aseguran que no ser conocedores del plurianual y, en esta misma línea, critican que la administración no les había informado de la puesta en marcha de la medida en 1º -cuando se anunció hace meses se contemplaba aplicarla en 2º- a pesar de que de forma reciente se haya celebrado la Comisión de Escolarización y también la Mesa de Familias.

La federación agrega también que la implantación de la medida a partir del próximo curso va a influir en el actual proceso de escolarización, ya que consideran que podrá verse influenciada la decisión de familias de alumnos que este curso terminan 4º de la ESO. Según los datos del departamento, la concertación llegará a cerca de 1.900 alumnos de 1º de Bachillerato y en torno a una veintena de centros.

A las críticas expuestas se suman las que ya se han producido a lo largo de los últimos meses por parte de las mismas entidades, que se han concentrado reiterados miércoles a las puertas de colegios e institutos públicos bajo el lema "dinero público para la educación pública" y que, en el caso de CGT, les llevó a convocar una huelga en enero.

Las movilizaciones de los últimos meses se producen, sobre todo, porque sindicatos, entidades y determinados partidos políticos consideran que concertar el Bachillerato es "privatizar" la educación y también una medida "innecesaria" porque en esta etapa no obligatoria hay vacantes en centros públicos. Desde CGT concretan que hay 2.000 plazas vacías, mientras que desde CCOO apuntan a "más de 2.000", desde Fapar a "más de 1.300" y, desde STEA, a 2.500. Las entidades aseguran así que la medida "solo obedece a criterios ideológicos".

La izquierda rechaza la medida

El diputado socialista Jorge Pastor también ha denunciado la concertación al afirmar que "el Gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos", y ha recordado que el presupuesto está prorrogado. En consecuencia, el PSOE Aragón ha solicitado informes y expedientes de la DGA sobre la legalidad y adecuación de un nuevo programa educativo. En la misma línea, la portavoz del partido en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha compartido a través de la red social X, antes Twitter, el siguiente mensaje: "El Gobierno de Azcón está en funciones, menos para asfixiar a la educación pública".

Pastor también ha apuntado a una "privatización" de la educación pública, una afirmación ante la que han respondido desde el Departamento de Educación al asegurar que el PSOE "ha faltado a la verdad" al hablar de "transferencia de fondos y privatización" porque, han asegurado, el Gobierno de Jorge Azcón ha destinado "163 millones más a la educación pública que el cuatripartito de Lambán en su último año completo". "Esta administración educativa destina 1.092 millones a la red pública frente a 929 millones del PSOE en su día", han defendido. Asimismo, han asegurado qu el Ejecutivo autonómico "cree en la escuela pública y la defiende".

Desde Izquierda Unida, su portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha expuesto que durante años, las solicitudes de conciertos educativos en Bachillerato se han denegado debido a que la normativa establece que "los conciertos solo deben autorizarse cuando exista una necesidad real de escolarización" y, ha asegurado, "hoy no existe esa necesidad". "Hay plazas suficientes, por lo que esta decisión solo puede entenderse como una apuesta política por desviar recursos hacia intereses privados", ha apuntado.

Abengochea ha criticado también que la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, haya justificado esta medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad, ya que considera que los conciertos educativos crean "segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real".