Radiografía de la escuela pública en Aragón: las entidades alertan de más de 2.000 vacantes para rechazar el Bachillerato concertado
Sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas argumentan que la medida es “innecesaria” porque no responde a necesidades de escolarización y la DGA recuerda que ya hay 8 centros en la comunidad que tienen concierto en esta etapa

Imagen de archivo de un niño en el colegio / Miguel Ángel Gracia
El Gobierno de Aragón ha impulsado el Bachillerato concertado y, el próximo curso escolar, se implantará en 1º en una veintena de centros. La medida ha sido rechazada por sindicatos, entidades y fuerzas políticas de la izquierda, que además de denunciar que "segrega" han defendido que hay plazas sin cubrir en la escuela pública y que, por tanto, implantar esta medida es "innecesario". Estos colectivos han apuntado a más de 2.000 vacantes, mientras que la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, indicó este martes que la mayoría se dan en el medio rural, en los que hay centros con ratios inferiores a los 30 alumnos.
La secretaria técnica de Fapar, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, concretó que hay entre 2.300 y 2.500 plazas sin cubrir en esta etapa no obligatoria, según el cálculo que hicieron las entidades defensoras de la escuela pública a principios del curso actual (2025-2026). Según explicó, en septiembre contabilizaron 2.500 vacantes, un dato que la escuela pública considera que se mantendrá similar en este momento porque "en Bachillerato hay poco movimiento fuera de plazo". Por ahora, desde la DGA no han dado a conocer cuántas vacantes tienen registradas en el Bachillerato.
Y en estas plazas vacías en el Bachillerato público, entre otros, en el motivo en el que se apoyan para tildar de "innecesaria" la implantación del Bachillerato concertado, ya que consideran que solo puede ser justificable en caso de que haya necesidades de escolarización. De hecho, han justificado que solo por este motivo se explica que en Aragón haya ocho centros que tienen el Bachillerato concertado desde 1999, como han recordado desde el Departamento de Educación. Fuentes de la consejería han informado de que el coste anual de estos supera los 5 millones de euros. A ello han añadido que esta medida está "plenamente consolidada" en otras comunidades como el País Vasco, Navarra, Balares, la Comunidad Valencia, Murcia o Andalucía.
El papel de la FP
Sin embargo, las entidades en defensa de la escuela pública mantienen férrea su opinión de que es una media "innecesaria" al defender que la situación de la educación actual es "radicalmente" distinta a la de hace 1999, entre otros motivos por la bajada demográfica que sufre Aragón, y el país en su conjunto. En juego entra también la aparición de la Formación Profesional (FP), que de un tiempo a esta parte ha cogido fuerza y que el Gobierno de Azcón ha impulsado alcanzando, entre los ciclos básicos (alumnos que no han finalizado la ESO), los medios (al terminar Secundaria) y los superiores (al terminar Bachillerato), "cifras récord", según han afirmado desde la propia administración.
Por eso, sindicatos, entidades y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa rechazan la concertación apoyados en estos y otros argumentos como las vacantes que aseguran que hay en la pública.
Derecho a la educación
La concertación de la educación llegó al país precisamente por esa falta de plazas en los centros públicos. La Constitución Española (1978) reconoció por primera vez el derecho a la educación y que el deber de escolarizar a toda la población que estuviera en edad obligatoria. Sin embargo, en la escuela pública no se contaba con suficientes vacantes, y eran los privados los que estaban dando respuesta a la creciente demanda de alumnos.
Fue en 1985, bajo el Gobierno de Felipe González (1985), cuando se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que permitía la concertación en el país al considerar que financiar los colegios privados era más eficaz y barato que construir nuevos centros públicos para dar respuesta a las necesidades de escolarización. Por eso, sindicatos, entidades y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa defienden que empezar a implantar el Bachillerato concertado a partir del próximo curso en Aragón es una "medida ideológica" y, en consecuencia, la van a llevar ante la Justicia.
A esta misma idea se acogen desde el Gobierno de Aragón para responder a las voces que rechazan la medida recordando que en la comunidad hay centros con el Bachillerato concertado. "Al PSOE solo le molestan los conciertos del PP, no los propios. Es una crítica meramente partidista", contestan ante las palabras de la oposición política, que denuncia la medida.
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