El Justicia de Aragón tramita 2.135 expedientes con más quejas en sanidad, ruido y servicios sociales

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha alertado este jueves del aumento de quejas ciudadanas, sobre todo en sanidad, ruido y servicios sociales, que han impulsado un 22 % los expedientes tramitados en 2025, hasta un total de 2.135. El Informe Anual 2025, entregado a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, supera los 600 folios e incluye un resumen divulgativo con los principales datos.

Gimeno ha destacado que este es el segundo año de su equipo, marcado por la “responsabilidad y entrega” en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Durante el pasado ejercicio se han cerrado 2.032 expedientes, frente a los 1.955 iniciados en 2024 y los 1.745 de 2023, en una tendencia al alza que, según ha explicado, responde tanto al incremento de problemas trasladados por los ciudadanos como a la mayor confianza en la institución, que ha reforzado su accesibilidad sin cita previa, con atención directa, telefónica y telemática.

La actividad del Justicia se ha traducido en 184 sugerencias a las administraciones, 794 expedientes de información con gestiones y una única recomendación formal por infracción legal de la administración autonómica al no cumplir con la Ley de Presupuestos.

Además, 363 asuntos se han resuelto o están en vías de solución antes de llegar a una resolución, y 274 han sido remitidos a otras instituciones como el Defensor del Pueblo. Por otro lado, el grado de aceptación de las resoluciones alcanza el 73 %, lo que evidencia, según Gimeno, la colaboración institucional.

Por áreas, Sanidad concentra el mayor número de quejas, con 290, centradas en la demora asistencial y la falta de profesionales, una situación que, ha señalado, afecta a todo el país. También se han registrado reclamaciones por transporte sanitario urgente, que vivió una huelga indefinida por parte de la concesionaria encargada, y por nuevas prestaciones no cubiertas, como la salud bucodental en personas con discapacidad.

En servicios sociales, con 215 quejas, ha destacado los asuntos relacionados con dependencia, discapacidad, accesibilidad y recursos residenciales, así como la demanda creciente de taxis adaptados y mejoras en el acceso y validadoras en el transporte público.

La institución ha valorado el acogimiento, los avances en atención temprana y la reducción de quejas en dependencia gracias a planes de choque con dos unidades de apoyo y un equipo de valoración itinerante en el medio rural, aunque ha advertido de problemas como la soledad no deseada o el acceso a vivienda.

De hecho, en materia de vivienda, el informe ha incidido en la escasez de oferta, la necesidad de ampliar el parque público y mejorar la coordinación entre administraciones, así como en la problemática del sinhogarismo, detectada en zonas como el entorno del parque Bruil, la estación de Delicias o El Portillo.

En educación, con 197 quejas, preocupan la brecha digital, la vulnerabilidad del alumnado, el acoso escolar y la falta de recursos de apoyo, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. En este sentido, la Justicia ha planteado la necesidad de activar protocolos ante cualquier indicio de acoso, desvincular la naturaleza del protocolo con un expediente sancionador y reforzar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano. "Las quejas sobre falta de auxiliares en educación especial han bajado, pero las que persisten son complejas, delicadas y necesitan un estudio específico y un apoyo constante", ha reconocido.

El informe también ha recogido un aumento de reclamaciones en medio ambiente, sobre todo por ruido, y por la implantación de energías renovables, donde se reclama una planificación territorial que tenga en cuenta los impactos negativos y medidas correctoras. "Hay que tener en cuenta la instalación de varios proyectos en un mismo emplazamiento", ha dicho.

Asimismo, se ha advertido de problemas en servicios públicos como la falta de cobertura móvil en zonas rurales, el estado de carreteras o los efectos de fenómenos como la DANA, además de cuestiones como la falta de seguridad en algunos municipios como Caspe, la gestión de inmuebles en ruina o la importancia de contar con una regulación de contratos de integración ganadera.

Gimeno también ha insistido en que la relación con la administración "no debe ser exclusivamente telemática", para evitar barreras a la ciudadanía, y ha reclamado al Gobierno de Aragón que presente los presupuestos en plazo. Como conclusión, la Justicia de Aragón ha subrayado que el aumento de expedientes refleja tanto las dificultades existentes como la creciente confianza de la ciudadanía en una institución que apuesta por la cercanía, la mediación y la defensa efectiva de los derechos.