El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena tacha de "temeridad supina" la querella contra la jueza por las pinturas murales
El representante legal del Ayuntamiento de Sijena denuncia que los exconsellers catalanes acusan a la jueza de prevaricar "malévolamente", al tiempo que el consistorio ha contratado a restauradores de prestigio

El museo del Monasterio de Sijena. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) ha considerado de una "temeridad supina" la querella criminal interpuesta por cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat catalana contra la jueza de Huesca encargada de ejecutar la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, al insinuar que tanto la magistrada como los querellados tienen como única finalidad la destrucción de la obra.
En un comunicado hecho tras conocer el contenido de la querella de los exconsellers, el representante legal de Sijena, Jorge Español, destaca que la querella señala que tanto la jueza como el Gobierno de Aragón y el referido consistorio "persiguen una única finalidad", la destrucción de las pinturas murales, lo que, a su juicio, es un "dislate" y un "sinsentido".
Tras presentarse como "ofendidos" en la causa y rechazar el pago de fianzas vinculadas a la querella que se pudieran derivar contra ellos, los exresponsables políticos catalanes consideran que los informes de parte presentados por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la ejecución de la sentencia son los que sustentan que la jueza haya prevaricado "malévolamente", destaca el letrado.
Según el representante legal del consistorio sijenense, esta es la razón por la cual consideran que la magistrada debe abstenerse ya en el proceso de ejecución en curso, "debiendo además ordenársele y obligarle expresamente a que no siga ejecutando la sentencia".
En la querella, tachada de "surrealista" por Español, se argumenta, además, que tanto la sentencia que ordena la devolución de las pinturas como la del Tribunal Supremo que la confirma son nulas, que su ejecución implica la comisión de un delito contra el patrimonio histórico y un "ataque inadmisible" al Estado de Derecho, y que debería ser el MNAC el indemnizado como parte perjudicada.
En su comunicado, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena considera "harto improbable" que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admita a trámite la querella y ordene a la jueza suspender la ejecución de la sentencia.
"Simplemente, con leer tan surrealista y repulsiva querella, llena de mala fe por doquier y producto de una temeridad supina nunca antes vista, huelgan mayores comentarios", asegura el letrado, que anuncia su decisión de denunciar a los exconsellers como presuntos responsables de delitos de injurias y de calumnias.
A su juicio, "hay que razonar de forma muy aviesa para siquiera imaginar que cuando una jueza está cumpliendo la ley, esté a la vez delinquiendo".
En su opinión, la magistrada está dando cumplimiento a una sentencia que ya determinó con "absoluta clarividencia" que las pinturas murales se pueden trasladar, una cuestión que no fue apelada en posteriores recursos ni por el MNAC ni por el propio Estado.
"Cuesta comprender que estos cinco exconsellers no entiendan, o no quieran entender, que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena lo último que harían sería destruir su propio patrimonio cultural más preciado, por lo que tal acusación es "un ofensivo despropósito de una incalificable bajeza moral y política".
Destaca, asimismo, que el consistorio ha contratado a algunos de los mejores restauradores de pintura del mundo, "precisamente para evitar el más mínimo daño en su traslado, razón por la cual ni por asomo se le puede pasar a nadie por la cabeza de que con ello queramos atentar contra nuestro patrimonio histórico, pues, en último término, si hubiese algún daño fortuito, para ello están los restauradores, para repararlo".
Añade a este respecto que el restaurador de la capilla Sixtina, Ginaluigi Colalucci, dejó bien claro antes de fallecer que la sentencia debía ser acatada por todas las partes, y que, en un correo remitido a Jorge Español, sugirió que la manera de hacerlo era mediante la creación de la comisión de peritos propuesta por la magistrada encargada de la ejecución de la sentencia.
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