¿Es legal la orden para concertar el Bachillerato en Aragón? Esto es lo que dicen los expertos

La decisión del Gobierno de Aragón en funciones de ampliar los conciertos educativos a 1º de Bachillerato ha abierto también un encendido debate sobre su legalidad. Mientras las organizaciones defensoras de la escuela pública avanzan recursos judiciales contra la medida, expertos juristas se debaten entre si la orden del Departamento de Educación aragonés se ajusta a la legalidad y, explícitamente, a las limitaciones que la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón impone a un Ejecutivo en funciones.

"Es obvio que es ilegal y no puede haber ambigüedades. Un Gobierno en funciones no puede ampliar un concierto, porque es una medida política que implica consecuencias económicas. La orden supone claramente ampliar un concierto económico, lo que tiene obligaciones presupuestarias", defiende la profesora titular y acreditada como catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz. "Aunque no aparezcan cuantías específicas en la orden, el propio departamento ha cuantificado la medida. Si se acepta esto jurídicamente, ¿de qué sirve la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón?", se pregunta. "Un Gobierno en funciones se tiene que limitar a hacer gestión ordinaria, y cambiar el modelo de conciertos educativos por primera vez en 40 años, no es una gestión ordinaria: es una innovación política de calado", declara.

La opinión contraria sostiene José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. "De la orden no se desprende ninguna imputación presupuestaria como tal; son las reglas de la convocatoria. Ahí, formalmente, se está hablando de gestión ordinaria". Sin embargo, coincide con Sáenz en que "lo que no puede hacer un Gobierno en funciones es aumentar el gasto presupuestario ni firmar contratos por más de 3 millones", pero al no aparecer especificado en la orden una cuantía prevista, considera que está "dentro del ámbito de la gestión ordinaria".

Con todo, Gimeno Feliu sí que considera que "hubiese sido mejor" tomar esta medida "sin estar en funciones", pero recalca que "de la orden no se deducen compromisos presupuestarios ni se compromete la alternancia política, puesto que el gobierno resultante de las urnas es el que quiere aplicar esta medida, ahora en funciones".

Algo con lo que discrepa Sáenz, que advierte de que si, finalmente, no hubiera un acuerdo entre el PP y Vox y, tras una repetición electoral el PSOE ganara las elecciones, "tendría que responder económicamente a los compromisos adquiridos con los colegios que presentaron su solicitud en virtud de esta orden". Por eso, recalca, "se tiene que anular jurídicamente esta orden".

Lo que dice la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón

La Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón establece en su artículo 21 las acciones que un Gobierno en funciones no puede acometer. En su apartado d) señala que un Gobierno en funciones no puede "aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón". En el apartado h) de la norma, también se impide "autorizar expedientes de contratación cuyo valor estimado supere los tres millones de euros y acuerdos de concesión de subvenciones de importe superior a 900.000 euros".

Nacho Casajús, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, considera que, "aunque el Gobierno esté en funciones, la vida sigue, y en estos meses han salido órdenes y convocatorias semana tras semana. Hoy mismo (por el viernes) hay dos órdenes con dos convocatorias para Artes escénicas. Tiene que haber la misma vara de medir", reclama.

Gimeno Feliú considera, por otra parte, que el debate "deriva de que tardamos mucho en tener un Gobierno y eso hace que se comprometa la gestión ordinaria". E insiste en la legalidad de la norma, "dando por hecho que el presupuesto de Educación se tiene que mantener" como está actualmente.

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