STEPA califica de "victoria histórica" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "avala" la fijeza de 20.000 interinos de la DGA

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de "histórica victoria tras más de 25 años" la sentencia hecha pública este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. Esta sentencia "avala la fijeza de 20.000 interinos de la DGA", han afirmado. Sin embargo, el Gobierno de España ha advertido de que es una cuestión "prejudicial" y sigue siendo el Tribunal Supremo el que debe aplicar la norma y decidir cómo la aplica. Fuentes del Gobierno de Aragón han asegurado a este diario que "no hay efectos inmeidatos" y que se actuará "con prudencia jurídica y en estricto cumplimiento de la ley".

"El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros".

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este fallo, del que han destacado que "incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad". Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas. "Los jueces europeos castigan así la reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes". Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

Fuentes del Gobierno de Aragón han avanzado "la prudencia" con la que se moverá la DGA ante una declaración prejudicial que estudiará en los próximos días. "Se trata de una resolución que responde a una cuestión prejudicial, así que ahora corresponde al Tribunal Supremo determinar su aplicación", concretan las mismas fuentes, que aseguran que "no hay efectos inmediatos", ya que tendrá que decidir antes el Supremo. El Gobierno de Aragón mantiene que actuará "con prudencia jurídica" y siempre "con estricto cumplimiento de la ley".

STEPA ha destacado que esta sentencia "después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales". Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad "que va a ser elevadísima" porque se compondrá de dos tipos de multa.

Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma "por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse". "Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu".

STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que "nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados".

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea "por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese".

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, "uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos".

Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según ha señalado el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, "el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular".

De esta manera, se han convocado "ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021". Así, "no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación".

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público.