Bruselas dice que compete a tribunales españoles analizar posibles incumplimientos en clúster eólico en Teruel

La Comisión Europea ha señalado que corresponde a las autoridades y tribunales nacionales analizar el caso sobre el clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), tras una iniciativa ciudadana presentada en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que denuncia posibles incumplimientos de la normativa comunitaria en su tramitación.

En concreto, el peticionario, en representación la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, denuncia que este conjunto de proyectos de energías renovables ha sido evaluado de forma conjunta en un único estudio de impacto ambiental pese a tratarse de decenas de iniciativas de gran tamaño, algunas ubicadas en zonas protegidas, lo que, a su juicio, vulnera la normativa europea.

Asimismo, critica la falta de planificación previa y el hecho de que parte de los análisis se hayan trasladado a fases posteriores del proyecto, ya que, según sostienen, esta práctica "vicia el procedimiento" y dificulta una valoración completa de los efectos sobre el entorno.

En respuesta, el Ejecutivo comunitario ha indicado que la legislación europea permite, en determinados casos, evaluar varios proyectos en un único estudio de impacto ambiental, siempre que se analicen de forma adecuada todos los efectos sobre el medio ambiente, incluidos los acumulativos. Así, ha precisado que este tipo de evaluación conjunta puede incluso facilitar una mejor valoración de los impactos cuando existen varios proyectos relacionados, aunque ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto planteado en la comisión.

En este sentido, Bruselas ha recalcado que no le corresponde determinar si los estudios realizados cumplen o no con los requisitos exigidos por la normativa europea, ya que, según argumenta, estas cuestiones deben resolverse a través de los mecanismos administrativos y judiciales de cada Estado miembro.

En el turno de los grupos, el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz ha criticado la forma en la que se han tramitado estos proyectos y ha defendido que deben desarrollarse con "la ley y la absoluta transparencia", advirtiendo de una posible "vulneración de directivas europeas" y pidiendo condicionar la financiación europea al cumplimiento de la normativa.

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, también ha denunciado lo que considera que "no es un caso aislado", sino "un incumplimiento sistemático" y ha criticado tanto la falta de participación de las comunidades afectadas como que "se eluden las garantías ambientales", al tiempo que ha pedido más contundencia al Ejecutivo comunitario.

Por su parte, la socialista Sandra Gómez ha reconocido las preocupaciones planteadas por los peticionarios, aunque ha subrayado que corresponde a las autoridades nacionales garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión y ha defendido el despliegue de energías renovables "respetando siempre la legislación ambiental europea".

Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha criticado la tramitación de estos proyectos y ha asegurado que "las autoridades nacionales eluden su responsabilidad", reclamando que se aprueben con "evaluaciones de impacto independientes" y pidiendo mantener abierta la petición.

Tras el debate, la comisión de Peticiones ha acordado mantener el caso abierto, a la espera de información actualizada por parte de la Comisión Europea.