CGT advierte de la precariedad en prevención laboral en Aragón y exige una auditoría

La Federación de Enseñanza de CGT ha exigido este jueves una auditoría externa que evalúe la situación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón, al considerar que incumple la normativa vigente y que su precariedad tiene consecuencias graves para el personal docente.

El secretario de Acción Sindical de CGT Enseñanza, Héctor Almazán, ha denunciado en rueda de prensa la "presuntamente ilegal" situación de este servicio que, según ha señalado, cuenta con recursos insuficientes para atender a la plantilla de la administración autonómica.

Almazán ha explicado que, conforme al Real Decreto 843/2011, debe existir una unidad básica sanitaria -integrada por un médico del trabajo y un enfermero- por cada 2.000 trabajadores. Por tanto, en Aragón, con más de 18.000 docentes, deberían existir al menos nueve unidades, si bien en la actualidad solo hay dos completas, con dos médicas y seis enfermeras, ha asegurado el sindicato.

Según Almazán, la situación se agrava porque este servicio atiende también a unos 12.000 empleados de la administración general, lo que eleva a unos 30.000 funcionarios los trabajadores a cubrir para los que serían necesarias unas 15 unidades básicas sanitarias. Ha subrayado además la dispersión geográfica de la plantilla, distribuida en unos 1.800 centros de trabajo -cerca de 700 de ellos educativos-, lo que dificulta aún más la atención.

CGT ha comparado esta dotación con la de otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, con siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadores, o el Servicio Aragonés de Salud, que dispone de 17 médicos para una plantilla de unas 27.000 personas.

Según el sindicato, esta falta de recursos provoca dificultades para cubrir plazas y favorece la salida de profesionales hacia otras administraciones con mejores condiciones laborales.

Por su parte, el secretario de Acción Jurídica de CGT Enseñanza, José Luis Ruiz, ha recordado que entre las funciones del servicio figuran la evaluación de riesgos laborales, la formación del personal, la adaptación de puestos de trabajo, la gestión de accidentes laborales o la vigilancia de la salud, entre otras.

La portavoz del sindicato, Patricia Ariza, ha advertido de que la escasez de medios impide realizar una prevención efectiva y obliga a actuar "de manera reactiva", lo que provoca retrasos en procesos como las evaluaciones de riesgos, las adaptaciones de puestos o la gestión de situaciones de acoso laboral y embarazos de riesgo.

CGT ha reclamado, por todo ello, una auditoría externa que determine si el Gobierno de Aragón cumple la normativa vigente y ha exigido que se dote al servicio de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.

Asimismo, el sindicato ha planteado que los reconocimientos médicos, actualmente externalizados, sean asumidos por el propio servicio de prevención para mejorar la calidad de la atención.