Natalia Chueca denuncia una "regularización a granel" y el Gobierno de España afirma que se ha subido "a la ola contra la inmigración"

Por segundo día desde la entrada en vigor del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes una buena parte de las ventanillas de las administraciones públicas de Aragón se han visto colapsadas por las colas de personas que han acudido a las mismas a solicitar información y datos para cumplir con el proceso. Una situación que ha sido denunciada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha asegurado que el consistorio está "desbordado" por la que, a su parecer, es una "regulación hecha a granel que no busca dignificar la vida de las personas".

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha rechazado estos argumentos, alegando que existe información para todos los interesados "de todos los pasos que se tienen que realizar", destacando la rede de entidades colaboradoras para el proceso. Además, ha dicho que a partir del lunes se iniciará la asistencia presencial con funcionarios formados para la ocasión. "Es lógico y natural que existan dudas, pero estamos tratando de resolver todos los problemas", ha dicho.

Sin embargo, Chueca ha incidido en lo que consideran una situación de caos que no han tenido prevista. "Ayer nos vimos desbordados, por sorpresa, por cientos y cientos de personas inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y sobre todo un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto y que desde el ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación y ninguna información por parte del Gobierno de España", ha relatado..

Otro aspecto rechazado por el Ejecutivo central. "Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que ver más con un marco ideológico que con un conflicto real", ha manifestado Beltrán. Además, ha recordado que en otros momentos se han producido procesos administrativos extraordinarios que no han supuesto la formación de grandes colas. "A la vista del pacto PP y Vox en Extremadura no me cabe la menor duda que el PP en Zaragoza está en la ola contra la migración", ha dicho.

De forma paralela desde el PSOE han alertado sobre la petición del equipo de Chueca a las Juntas de los barrios de derivar los empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar. "Como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda", ha señalado el concejal Paco Galán.

Desde Zaragoza en Común también se ha criticado que se haya limitado a los Centros Municipales de Servicios Sociales la posibilidad de emitir los certificados de vulnerabilidad necesarios en el proceso pese a poder hacerlo legalmente.

En medio de este enfrentamiento político, centrado en la ciudad de Zaragoza, Chueca se ha quejado de la falta de diálogo e información del Gobierno de España hacia los ayuntamientos que es donde se concentran las filas para pedir el certificado de empadronamiento que les acredite que llevan al menos cinco meses en España para tener la regularización y el certificado de vulnerabilidad, que compete a las entidades sociales.

"Que nos digan cómo quiere gestionarlo el que ha creado esta situación", ha instado la alcaldesa después de criticar que cuando solicitaron información por escrito a la Delegación del Gobierno en Aragón, el delegado, Fernando Beltrán, les respondió que no era un asunto municipal. "Nos dijo que no necesitábamos información porque no íbamos a tener que gestionar nada, que era una cuestión de la Administración General del Estado y por lo tanto los ayuntamientos no tenían nada que opinar, ni nada que preguntar".

Para Chueca esta falta de información es una "descortesía institucional" y ha contado que cuando la ciudad celebra un evento, como es el caso de las fiestas del Pilar, y se necesita de la colaboración del Gobierno de España se convoca una Junta Local de Seguridad. "Nos reunimos, trabajamos, compartimos información anticipadamente para que luego todo suceda con normalidad, se tramite adecuadamente y los ciudadanos puedan entender y percibir que están seguros y que se prestan bien los servicios", ha contado.

Por el momento la regidora ha señalado que están a la espera de que sea el Gobierno de España quien ponga más recursos al entender que son sus competencias. "Con este real decreto lejos de ayudar a las personas vulnerables que hay en la ciudad, lo que se está haciendo es que sean ellos los paganos de esta mala gestión y sobre todo un efecto llamada, que es difícil de atender con los servicios públicos y servicios sociales que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza", ha expresado.

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