Gobierno PP-Vox, parte 2: la inmigración, la desregulación y la vivienda serán claves en el pacto aragonés

El acuerdo sellado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura marca el paso del que puede firmarse en Aragón «en los próximos días». La música será la misma, llegó a decir ayer el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y fuentes cercanas a los equipos negociadores de ambos partidos dan por hecho que la columna vertebral del pacto aragonés serán las políticas de inmigración, de vivienda y la desregulación. Aunque habrá matices entre un documento y otro, porque las necesidades y la situación de una comunidad y otra no son las mismas, a nadie se le escapa que las negociaciones han estado consensuadas con las direcciones nacionales de ambos partidos y que, por lo tanto, reflejarán una cierta coherencia y expondrán en términos globales las mismas prioridades.

Fuentes próximas a la negociación dan por hecho que las políticas antiinmigración y la «desregulación» en la legislación aragonesa serán dos de los pilares que marquen el pacto. No en vano, Vox ha otorgado rango de vicepresidencia a la mencionada «desregulación», aunque todavía en el partido de Abascal cuesta explicar cuál es el fin concreto de esta medida.

En principio, quieren que sirva para «eliminar la normativa autonómica que sea redundante o innecesaria», pero no aciertan a definir en qué políticas concretas puede afectar esa eliminación de leyes y órdenes de rango autonómico. El objetivo final, comentan, es que se puedan «agilizar trámites», pero evitan comparar la medida al DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) que puso en marcha Donald Trump de la mano de Elon Musk, al principio de 2025, y que se acabó desmantelando a finales de ese año entre fuertes críticas. Tampoco quieren compararlo con la ‘Motosierra’ del argentino Javier Milei, cuyo objetivo principal era adelgazar, directamente, el número de trabajadores públicos del país. En el último año, el propio gobierno argentino cifró en casi 22.000 los despidos de empleados públicos en el país.

La "prioridad nacional"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, reconoció ayer que la «prioridad nacional» en la concesión de ayudas es «un hito muy importante y será un eje estratégico en los futuros acuerdos y en Andalucía». Las prioridades serán, según Garriga, «para abordar la emergencia habitacional, facilitar la ayuda a jóvenes o garantizar que las familias puedan acceder a compras de vivienda».

En Aragón, ambas partes del acuerdo prevén que esa «prioridad nacional» quede reflejada también. Un asunto polémico, para el que el Gobierno de España y su propio presidente, Pedro Sánchez, ya avisó de que recurrirán todas las medidas que vayan en contra de la ley. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró sus dudas de la legalidad de la medida. Y en Aragón, unos y otros insisten en que habrá que «explicar muy bien» cómo se desarrollará esa prioridad nacional que, de entrada, suena discriminatoria. En cualquier caso, recuerdan en el PP, el acuerdo tendrá siempre el ‘tope’ de la legalidad. Una cosa es poner sobre el papel una iniciativa y otra es que esta deba desarrollarse dentro del marco legal vigente.

El representante de la ultraderecha reivindicó «la prioridad nacional» y «la desregulación» como las dos medidas más relevantes aportadas por Vox al pacto en Extremadura. «Vox ni dilataba ni bloqueaba, trabajaba medida a medida en busca de un acuerdo que va a cambiar la historia de la comunidad», resumió. También ensalzó que las medidas contemplan «plazos de ejecución y asunción de las medidas», con algunos puntos recogiendo que «desde el primer Consejo de Gobierno» se tienen que empezar a aplicar.

El reparto de sillones

En el PP y en Vox insisten en que las negociaciones por Aragón todavía no han abordado el reparto de consejerías ni cargos, pero está sobre la mesa que los de la extrema derecha puedan tener más peso que en Extremadura, donde ostentarán una consejería con rango de vicepresidencia, otra consejería y un senador autonómico.

El debate está abierto y el silencio es sepulcral en este ámbito. Aunque las prioridades de Vox están claras, y eso puede hacer intuir cuáles son las áreas que más les interesan –Agricultura, Medio ambiente, Interior, Inmigración o Vivienda– está por ver hasta dónde está dispuesto a ceder el equipo de Jorge Azcón.

Sobre la mesa está también el futuro del senador autonómico que le corresponde al Partido Popular, que ostenta el histórico dirigente Eloy Suárez, quien actualmente preside la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Al PP le gustaría conservar una pieza que ostenta, a su vez, un político relevante para el partido y para el propio Azcón. Suárez fue quien lo recuperó para las listas al Ayuntamiento de Zaragoza y quien le nombró su portavoz adjunto, en la oposición al gobierno del socialista Juan Alberto Belloch.

Así, es una pieza a conservar por el PP, pero también es una pieza codiciada por Vox, al que le faltan tres senadores para poder formar grupo en la Cámara Alta. Si se hiciera con los senadores autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León verían resuelto el dilema, con lo que ganarían en independencia económica y política. Pero si la pieza del senador autonómico no está en venta, podría entrar en juego la Presidencia de las Cortes de Aragón que ostenta la popular María Navarro, quien todavía no ha constituido su equipo definitivo y sigue con colaboradores interinos. Aquí, «todo está por decidir», insisten en el PP y en Vox, pero el pacto se acerca.

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