Una asociación de Jaca lucha para declarar como BIC un monasterio con cinco siglos de historia “único” en Aragón sobre el que planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas

Una decisión inédita en más de cinco siglos ha terminado por precipitar un conflicto entre una asociación civil de Jaca contra el Gobierno de Aragón por la defensa de lo que probablemente sea el patrimonio más singular del municipio: un conjunto monástico-palacial "único" en Aragón construido hace 500 años que reclaman que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ante el temor de que sufra un "deterioro y expolio" y que, hasta hace un mes, incluía un archivo con 1.000 años de historia.

El detonante que ha terminado por precipitar los acontecimientos se produjo hace un año. En abril de 2025, las últimas siete monjas de la comunidad Benedictina, presente en el Real Monasterio de Santa Cruz de manera ininterrumpida desde 1555, anunciaron por sorpresa su salida y traslado al convento que la orden posee en Alba de Tormes (Salamanca). Para entender la singularidad de esta decisión hay que precisar que el origen de las Benitas de Jaca se remonta al último tercio del siglo XI, cuando Ramiro I –primer monarca aragonés- y su madre financiaron el que sería el primer monasterio femenino de fundación real en la historia de Aragón en el municipio de Santa Cruz de la Serós, a 15 kilómetros, que solo abandonaron, llevando todo su patrimonio y fondos archivísticos a cuestas, por orden de otro rey, Felipe II, con destino a Jaca. Hasta el pasado año, esta comunidad religiosa era la institución viva más antigua de Aragón y la más longeva de su historia. En 2024, las monjas de los conventos navarros de Estella y Alzuza estuvieron a punto de mudarse a Jaca, lo que habría triplicado el número de inquilinas del cenobio, pero el traslado se truncó a última hora.

La precipitada salida de las monjas sembró de incertidumbre el futuro del patrimonio que les rodeaba. En octubre de 2023, con las monjas residiendo todavía en el monasterio, la Alcaldía de Jaca otorgó una licencia de obra a una empresa con domicilio social en Aínsa-Sobrarbe para reformar el complejo del monasterio y construir un hotel de 4 estrellas “con servicio complementario de restaurante”. Con las religiosas ya en Salamanca, la Asociación Sancho Ramírez, sabedores del riesgo que corría este enclave en el corazón de Jaca, presentó una solicitud para que el Gobierno de Aragón lo incluyera en su catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) del patrimonio aragonés.

"La evaluación de la resolución del Gobierno de Aragón ha sido absolutamente corta y, en algunos puntos, insuficiente y deficiente”

El primer varapalo llegó tres días después de las últimas elecciones anticipadas en Aragón. El 11 de febrero de 2026, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la resolución provisional -firmada el 27 de enero-, donde la DGA descartaba otorgar al Monasterio de Santa Cruz la máxima protección y lo relegaba a un segundo escalafón, el de Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.

“Es un despropósito”

“Quiero entender que ha sido la falta de medios y la falta de personal lo que provocó una evaluación absolutamente corta y, en algunos puntos, insuficiente y deficiente”, expresa Íñigo Ena, investigador posdoctoral en el Instituto Pirenaico de Ecología, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Superiores (CSIC), y miembro de la Asociación Sancho Ramírez, colectivo que no dudó en presentar alegaciones a la resolución del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Para ellos, mantener ese nivel de catalogación aboca al conjunto a convertirse en un “semillero de pleitos” por la “maraña” de figuras legales que se superponen o incluso se contradicen entre ellas.

De hecho, esa es la columna vertebral del recurso, de más de 70 páginas, con la que buscan refutar el informe general en el que se ha basado en gran medida la decisión del Gobierno de Aragón. “Es un despropósito, una lectura sesgadísima desde la arquitectura que ni siquiera llega a definir cuál es el periodo que considera más interesante”, resume Ena. Y es que las singularidades en el complejo no faltan debido a la constante evolución a la que se vieron empujadas las monjas al calor de cada contexto histórico. Desde épocas de penurias económicas, hasta la revitalización que supuso para el monasterio trasladar de nuevo con ellas, desde Santa Cruz de la Serós, el sarcófago de una de sus fundadoras, la condesa Sancha -hija de Ramiro I-, el único elemento que no pudieron transportar en su precipitada salida; pasando por el proceso de desamortización durante el siglo XIX o su papel como alfabetizadoras de las niñas de Jaca y municipios del entorno. Pero, además, en clave histórico-patrimonial, el complejo incluye "un sustrato arqueológico de más 23 siglos de historia sin destapar", asegura Ena y "uno de los primeros palacios que se conservan de los reyes de Aragón desde el principio de la dinastía".

El investigador ejemplariza así la enrevesada situación a la que quedaría abocado el complejo si se mantuviera la protección propuesta por la DGA: “Si uno se pone delante de la cancela -la verja del monasterio- tienes una iglesia que es Bien Catalogado, una fachada en la que la planta baja sí lo es, pero no en la parte alta y un escudo gótico que ni siquiera se ha contemplado en la catalogación; si miras a mano derecha, hay una hospedería cuyo interior no es absolutamente nada que te alberga el sarcófago de doña Sancha que fue declarado BIC en 2014. Es incomprensible, porque ni siquiera han declarado como BIC la cripta y la muralla, que tendrían la obligación de hacerlo según la propia ley de patrimonio de Aragón”, asegura.

Preguntado sobre el escenario que se abriría si el Gobierno de Aragón no atiende a las alegaciones de la asociación, Ena se muestra todavía cauteloso, aunque no esconde su postura: “Personalmente, llegaría hasta el final, hasta las instancias más altas; es un patrimonio muy valioso y el caso lo merece”. Y desliza una crítica clara: "Nadie está pensando en él, es lo más triste de todo".

“Negociar con nocturnidad y alevosía”

El segundo golpe llegó hace apenas un mes. El Gobierno de Aragón firmó un acuerdo con las monjas de cesión “temporal” al Archivo Histórico Provincial de Huesca de su archivo milenario, con el litigio sobre la protección del conjunto monástico todavía por resolverse, con el objetivo de “garantizar la adecuada conservación, protección y difusión” de los fondos documentales. Una decisión que ha contribuido a calentar todavía más los ánimos de la asociación. “¿A quién se le ocurre hacer un acto cuatro días después de que se cierre el plazo de alegaciones?”, se pregunta Ena, que defiende que la DGA tendría que “haber tenido un poco más de sensibilidad”.

“Desde la asociación nunca hemos cuestionado la legalidad, sino la oportunidad. Puede entenderse que en Huesca haya más medios, aunque también se podrían adquirir en Jaca. Lo que no se puede es negociar con nocturnidad y alevosía y de un día para otro avisar de que se lo llevan”, critica el investigador. Además, apunta, “hasta ahora se estaba incumpliendo la ley, porque no estaba clasificado ni era accesible para los investigadores”.

La relevancia del fondo archivístico es de primer orden. No solo por la amplitud histórica, nacido a finales del siglo XI y prolongado de manera ininterrumpida hasta el siglo XX, sino porque contiene documentos de valor incalculable para el estudio de la historia de Aragón. Allí se incluye, por ejemplo una parte del archivo de San Juan de la Peña, con el valor mítico que se le atribuye a este enclave como cuna del Reino de Aragón.

A él se suma, destaca Ena, el antifonario más antiguo que se conserva en Aragón y 203 cartas de profesión desde el siglo XVI hasta el siglo XX, documentos donde las monjas toman los votos de pobreza, castidad y obediencia con “ilustraciones preciosas” y que, más allá de su estética, permite “reconstruir la genealogía del monasterio hasta la última monja”.

Este próximo miércoles, el pleno del Ayuntamiento de Jaca, gobernado por el PP con apoyo de Aragoneses, PAR y Vox, debatirá y votará dos mociones del grupo municipal de CHA en las que solicitan que, por un lado, el Gobierno de Aragón declare BIC el Monasterio de Santa Cruz y cree en él un "centro cultural difusor del Reino de Aragón" y, por otro lado, el retorno del archivo de las Benitas.

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