Crónica política | Las banderas caídas de la extrema derecha en Aragón y Extremadura

A falta de saber cuánto se parecerá el acuerdo del PP y Vox en Aragón con el del PP y Vox en Extremadura, el análisis de los temas que aparecen en el documento que hará de nuevo presidenta de la región extremeña a la líder popular María Guardiola dejan entrever cuáles son, en este ciclo político, las prioridades de una extrema derecha que ha hecho valer sus votos para imponer buena parte de su discurso y llevar al PP al terreno que más le interesaba.

No hay quien pueda dudar de que las políticas antiinmigración son la máxima prioridad ahora para Vox, que mete en el saco también todo lo relacionado con la “seguridad”, la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas y la oposición radical a la llegada de nuevos menores no acompañados a ese territorio. Pero el pacto también deja entrever qué asuntos ya no son prioritarios para el partido de Santiago Abascal, que aunque presume de que siempre defiende lo mismo, ha virado en cuestiones troncales que eran para el partido ineludibles en 2023 y que ahora no tienen categoría, ni siquiera, para aparecer en un pacto que marca el paso de esta nueva etapa política.

Es el caso de la violencia de género. No aparece en ninguna de sus acepciones en el pacto extremeño: ni de género, ni machista, ni violencia contra la mujer. La lacra que ha matado a más de 1.350 mujeres desde 2003 en España no tiene cabida en este primer acuerdo PP-Vox, después de años de negación sistemática de este problema por parte de la extrema derecha, y de ir abandonando posiciones paulatinamente hasta el punto de decidir participar, en ocasiones, en las concentraciones institucionales por los asesinatos machistas.

La única vez que aparece la palabra “mujer” en el acuerdo del PP y Vox para Extremadura es en la “prohibición del uso del burka y el nikab en espacios públicos”, un asunto que debe parecerles de mayor entidad que lo anteriormente mencionado. O quizá es que los de Abascal han cambiado su discurso negacionista de la violencia de género porque la sociedad española no comulga con esa visión que niega una realidad constatable con cifras, con hechos y con víctimas.

Otras variables

El acuerdo de las dos derechas tampoco hace mención alguna en Extremadura a los derechos de las personas LGTBI, otra diferencia remarcable respecto a las demandas de la ultraderecha al PP en 2023. Entonces, en el pacto aragonés los de Abascal reclamaban la reforma de la Ley Trans aragonesa, cuya promulgación tuvo el voto a favor del PP y que fue uno de los puntos de discrepancia y choque en aquella primera legislatura de Gobierno del socialista Javier Lambán. Ahora, pese a que las diferencias entre ambos partidos persisten, no se ha puesto sobre la mesa ningún cambio en esta área.

Algo que sigue patente en el pacto extremeño es el rechazo a las políticas de memoria histórica, pero esto fue tal prioridad para el Gobierno PP-Vox en 2023 que esa demanda ya está cumplida. En Aragón, el gobierno de coalición impulsó pocas leyes, pero la primera fue la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Aragón, que se anunció un simbólico 20 de noviembre. El paso siguiente era crear la Ley de Concordia de Aragón, que se quedó tan solo en plan, sin rango de ley y sin llegar, tampoco, a desarrollarse.

En Extremadura, ahora, se defiende que “se impulsarán actuaciones de protección, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda, incluyendo la tramitación para la declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres”.

Está por ver qué categoría adquiere la política hidráulica en el pacto aragonés -con el debate del trasvase del Ebro como punto candente- y hasta dónde cede el PP respecto a las exigencias de Vox en Medio Ambiente y Agenda 2030. Solo quedan “flecos” por cerrar para inaugurar una nueva legislatura escorada a la extrema derecha en Aragón.

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