Las entidades sociales calculan que en Aragón se aprobarán el 65% de las regulaciones extraordinarias

La regularización extraordinaria de migrantes supondrá un alivio en su situación vital para las 25.000 personas que los organismos oficiales como Funcas calculan que se encuentran en situación irregular en la comunidad. De un total de 277.000 personas nacidas en el extranjero empadronadas en las distintas localidades aragonesa, una gran mayoría de esta población vienes de países latinos y se suman al total de 843.100 personas en situación irregular en toda España.

Tras dos días de proceso regulatorio, algunos organismos muestran dudas sobre la capacidad de la Administración pública para gestionar todas las solicitudes, al tiempo que asumen que no todas las personas que se encuentran en la economía sumergida podrán salir de la misma por falta de documentación, por su situación penal o por las trabas que puedan encontrar en su país de origen. De hecho, la Fundación para la Ciudadanía Global calcula que en Aragón solo existen 22.000 potenciales beneficiarios de la medida de los que finalmente únicamente obtendrán la aprobación unas 14.515, el 65% del total.

El director de la fundación, Jorge Serrano Paradinas, expresa también que desde enero ya han entrado en la comunidad otras 3.000 personas que quedan fuera del marco regulatorio. «Predomina en este momento una población de origen hispanoamericano, con fuerte presencia en las zonas rurales y una llegada relativamente reciente», destaca.

En Aragón el mayor porcentaje de irregularidad se encuentra entre la población Honduras, que en un porcentaje similar al del conjunto de España podría situarse en el 41% de las personas llegadas de ese país. Sin embargo, son los procedentes de Nicaragua y Colombia los que viven en mayor número en la comunidad. Aproximadamente unas 10.000 personas de estas nacionalidades se estima que en los próximos días tratarán de lograr su permiso de trabajo.

Para Serrano es destacable el alto porcentaje de hablantes de español que van a someterse al proceso. De hecho, ante los mensajes de odio que se lanzan desde las redes de ultraderecha destacan que los datos corroboran la necesidad de un proceso de regulación extraordinaria. «Se observa que el porcentaje de cristianos entre la población que se va a regularizar es significativamente más alto que el de la población española actual, lo que supone una notable paradoja», explica.

Por el momento las entidades sociales piden calma y destacan que se están desplegando recursos considerables para que la tramitación de las 22.000 solicitudes sea eficaz en poco más de dos meses y medio. Con todo, existen riesgos de que el proceso no termine cumpliendo con las esperanzas que se han puesto en él.

Así lo explican desde la plataforma aragonesa Regularización Ya, que advierten de los limitados plazos que ha establecido el Gobierno de España para lograr dar el paso. «Es un derecho importante que no se puede dejar pasar, pero las personas interesadas tienen que asesorarse en fuentes fiables y en organismos especializados», recuerda su portavoz, Diana García.

La burocracia está siendo el gran obstáculo sobre la mesa. «Existe una esperanza generalizada de que se apruebe una prórroga si la infraestructura resulta insuficiente para atender la demanda de citas en las oficinas de extranjería y otros puntos habilitados», indican desde la fundación. Sobre todo al recordar que en las regularizaciones de los años 2.000 y 2.005 se concedieron seis meses. Por eso no se entiende la situación actual. «La brevedad del plazo podría responder a motivos electorales, buscando cerrar el proceso antes de unas elecciones generales», aventura Serrano.

«No sería de recibo que la burocracia entorpeciera algo que las personas llevan tanto tiempo esperando, todos están viviendo una gran sensación de agobio y de nervios», afirma García.

En las últimas semanas han lanzado en las redes sociales un buen número de mensajes tratando de frenar los bulos que se han extendido entre la sociedad y el repunte del racismo. «Lo más importante es dejar claro que son personas que no van a tener derecho a votar, pues es algo que solo se obtiene cuando se logra la nacionalidad, pero a cambio, con la regulación podrán tener derecho a sanidad o derechos sociales, aspectos que hasta ahora no han podido estar utilizando», precisan desde la asociación zaragozana.

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