Las polémicas colas por la regularización de inmigrantes que no gustan a nadie: del "caos" a la queja ante el Justicia

El primer día en el que los migrantes podían hacer, de manera presencial, su solicitud en el proceso de regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha vivido a dos velocidades y con dos almas. Por un lado, quienes han conseguido reunir ya toda la documentación saborean esa dulce sensación de verse más cerca de tener papeles en España durante el próximo año, lo que les permitirá tener derecho a trabajar en todo el país y que les abrirá la puerta a modificar ese permiso a posteriori, avanzando en el ansiado camino de la integración y la inclusión. Por el otro, el sabor de la incertidumbre mezclado con la esperanza de miles de personas que siguen haciendo fila, durante horas, a la búsqueda de los documentos que les permitan mostrar que cumplen los requisitos que marca el nuevo proceso de regularización de inmigrantes.

La imagen de centenares de personas rodeando la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, a la espera de poder ser atendidos para obtener un certificado del padrón o un informe de vulnerabilidad, ha sido criticada duramente tanto por el gobierno de la ciudad, que centra sus dardos en el Ejecutivo central, como por la oposición, que responsabiliza a la alcaldesa, Natalia Chueca, de incentivar esas largas filas al concentrar todas las atenciones a migrantes en un único punto de la ciudad, a pesar de que hay muchos otros, como las juntas de distrito, que podrían dar el mismo servicio.

A nadie le gustan las filas de centenares de personas esperando, durante horas, al sol, sin asiento ni la certeza de poder ser atendidos, en un proceso que se va a alargar durante días y del que se tenía información desde hace ya cuatro meses.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, hablaba de "caos" a primera hora de la mañana. Un caos que, decía, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez por la "falta de información". "No es de recibo. El decreto-ley no nos da garantías ni seguridad jurídica a la hora de que un funcionario decida si una familia o una persona es vulnerable", ha denunciado Chueca, que ha cargado también contra el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, por no haberle informado de esta situación.

Precisamente, es el certificado de vulnerabilidad uno de los documentos que esperaban más migrantes de quienes esperaban este lunes en la larga fila. Es, a su vez, uno de los informes más difícil de conseguir, al menos en el corto plazo, puesto que los trabajadores del registro municipal no pueden expedirlo sin poder confirmar previamente que esa persona o familia se encuentra en esa situación y, para eso, deben ser derivados a los servicios sociales, que deben estudiar cada caso.

"Las personas que hacen la fila no se merecen este trato"

La alcaldesa ha recordado que se han habilitado "dos filas". "Una para todo lo que tiene que ver con el decreto de regularización y otra para el resto, para que aquellos que vienen a hacer un trámite no tengan que estar esperando cinco horas colapsados. Nos parece que es la mejor forma", ha añadido Chueca, que ha asegurado que "las personas que están haciendo fila no se merecen este trato" por parte de Pedro Sánchez. La regidora, que no ha hecho autocrítica sobre la gestión municipal de este proceso, ha insistido en que el presidente está sometiendo "sin aviso previo" a los ayuntamientos y sus servicios, pese a que fue en enero cuando se anunció la regularización.

En la misma línea se ha manifestado la concejala de Políticas Sociales de Zaragoza, Marián Orós, que ha recordado que, para los informes de vulnerabilidad, primero deben valorarlo los servicios sociales. "No vamos a emitir informes de vulnerabilidad como churros", ha repetido en varias ocasiones la concejala, que ha insistido en que no tienen información suficiente para hacer las cosas bien y con garantías. "Es necesario tener criterios objetivos para hacer ese informe", ha subrayado tras señalar directamente al delegado del Gobierno. "Mientras está tomándose un café ahí enfrente, cientos de personas están solicitando información para hacer su proceso de regularización", ha declarado tras hablar de "caos", "desastre" y "chapuza integral".

La respuesta de la Delegación del Gobierno en Aragón es clara: el informe que se tiene que solicitar en este proceso "es exactamente el mismo" que el que se solicita en otros trámites. "Los informes de vulnerabilidad no son una cuestión nueva que se haya implantado en la regularización, existen para muy distinto tipo de procesos y los servicios sociales los llevan años aplicando. Pedimos a la alcaldesa que siga el ejemplo de sus funcionarios, verdaderos servidores públicos, que están desoyendo las órdenes que les dan y, en lugar de poner palos en las ruedas, están haciendo su trabajo y atendiendo a las personas que tienen derecho a que les atiendan", han respondido fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, que han pedido "altura de miras" y "colaboración" al consistorio zaragozano.

Entre las voces críticas, también la del PSOE, principal partido de la oposición en el ayuntamiento. Su portavoz Lola Ranera ha registrado una queja ante la Justicia de Aragón  para "exigir una actuación urgente por la vulneración de derechos que están sufriendo las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca". Ranera ha considerado que "una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias", pero que la alcaldesa está actuando "bajo la deriva del PP y de Vox, que nos están llevando al odio, el racismo y la xenofobia".

En su queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca "restablezca la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública". 

También de indignación ha hablado Zaragoza en Común, que ha enviado una misiva a la alcaldesa en la que expresan su "profunda preocupación" por someter "a un trato vejatorio e injusto a los vecinos y vecinas de la ciudad que únicamente desean hacer uso de los servicios públicos para solicitar la documentación necesaria para su regularización". En su opinión, el hecho de centrarlizar todos los trámites en un solo punto "ha provocado el colapso absoluto del servicio y ha sometido a decenas de personas a situaciones que rozan lo inhumano". Por eso, reclaman que las juntas de distrito puedan participar en esta tramitación y piden más personal para atender a una situación "extraordinaria".

Y desde Vox, su portavoz en Aragón, Alejandro Nolasco, ha confirmado que han presentado un recurso ante el Supremo contra el decreto de regularización y ha denunciado que este proceso "es garantía del caos, del colapso de la sanidad, de la bajada de salarios, de un acceso a la vivienda más difícil o de la inseguridad en las calles y barrios", a pesar de que todas las personas que intentan acceder a los papeles ya residen en España y hacen uso de los mismos servicios que ahora, dicen en Vox, se van a colapsar.

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