Las 13 medidas de PP y Vox para gobernar en Aragón: de trabajar para repatriar menores "ilegales" a construir 4.000 viviendas públicas más

Partido Popular y Vox han suscrito este miércoles un acuerdo por el nuevo Gobierno de Aragón. Las dos derechas han pactado un texto de trece medidas y casi cuarenta páginas que será la hoja de ruta de los nueve consejeros y el presidente autonómico, Jorge Azcón, para los próximos cuatro años y que también contempla aprobar cuatro presupuestos.

La huella del PP se percibe en las políticas de vivienda, en la fiscalidad y en el plan económico, además de en sanidad o educación, donde se acuerdan medidas que los conservadores ya han empezado a poner en marcha o dejaron ver en la reciente campaña electoral para el 8F. Las victorias de Vox se notan en el apartado social, colocando "la prioridad nacional" en el centro de la conversación y con muchos guiños a sus aspiraciones en gestión de los servicios públicos y en el medio ambiente y sector primario que gestionarán en pocas semanas.

Fiscalidad

El pacto PP-Vox incluye varias medidas fiscales que ya preveía el acuerdo de 2023, como la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo II, una medida que se quedó en el tintero con la salida de Vox del Gobierno. Por otro lado, el plan prevé eliminar impuestos medioambientales y bonificar la compra de viviendas para menores de 36 años, especialmente en el medio rural. Además, a partir de 2027, en cada año de legislatura se comprometen a bajar el IRPF un 0,25% en los tramos de renta inferiores a 52.500. Y se incluyen medidas que recortan impuestos a las familias con varios hijos.

Inmigración

La política antiinmigración se lleva gran peso del pacto de gobierno PP-Vox, que recoge la inmensa mayoría de las medidas que propone la ultraderecha. Además de incorporar el principio de "prioridad nacional" para la concesión de ayudas o el acceso a vivienda pública, el acuerdo abre la puerta a trabajar desde Aragón por las repatriaciones de menores inmigrantes a sus países de origen, una de las demandas que los de Abascal ya habían conseguido colar en pactos anteriores, como en la Comunidad Valenciana. El giro a la derecha del PP en materia de inmigración se confirma con este pacto, que recoge explícitamente "no más menores extranjeros acompañados" y una partida de 100.000 euros para comprobar las edades de los menores que lleguen.

Seguridad

El acuerdo de la coalición de derechas pone el foco en la ocupación de viviendas, otro de los puntos clave del argumentario de Vox. Se plantea la creación de un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón" y se promete la "aplicación firme del desahucio exprés". Además, se excluirá a los ocupas "del acceso a la vivienda pública y de las ayudas en materia de vivienda". El pacto también compra el bulo de Vox de vincular la violencia y la delincuencia con la población inmigrante, con la petición de publicar estadísticas "de delincuencia vinculada a la inmigración masiva e ilegal", algo que Vox se hartó de pedir en la pasada legislatura y que el Gobierno del PP negó siempre, hasta ahora.

Vivienda

El sello del PP se respira casi por primera vez en el acuerdo en el apartado dedicado a la vivienda, con la promesa de construir otras 4.000 públicas en los próximos 4 años y profundizar en el Plan Aragón más Vivienda, que ha sido una de las banderas del Ejecutivo de Jorge Azcón y del consejero Octavio López. Asimismo, el plan promete reformar "en profundidad el sistema de adjudicación de vivienda protegida en Aragón" y crear un registro de los demandantes. A su vez, es uno de los asuntos principales en los que se aplicaría el principio de "prioridad nacional", con la exigencia de mínimo "10 años de arraigo para la compra y de 5 para el alquiler". Entre las cuestiones más concretas, se plantea la reforma del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales con una bonificación al 50% para jóvenes de hasta 36 años para la adquisición de la primera vivienda de hasta 225.000 euros.

Sector primario

El regadío y el polémico proyecto del embalse del Biscarrués vuelven a un pacto PP-Vox que se opondrá "frontalmente" al desarrollo de una nueva PAC que augura recortes para el campo. La ultraderecha coloca "el rechazo al pacto verde" en un bloque que apostará por los jóvenes y quiere acabar con "las cargas y tasas autonómicas" vinculadas a ese denostado Pacto Verde Europeo. "Modernización de los seguros agrarios", con más cantidad de presupuesto autonómico, anillos de seguridad contra incendios -medida ya avanzada por los actuales responsables de Interior- y "simplificar" la normativa relacionada con la Red Natura 2000 o la Red de Espacios Protegidos. El pastoreo y la ganadería serán potenciados por un Gobierno autonómico que se lanza "la protección" de la caza y que sí mantendrá la reintroducción del lince ibérico.

Apuesta por el medio rural

PP y Vox volverán a reclamar al Gobierno central la ampliación de las ayudas al funcionamiento y aumentarán la cuantía del Fondo de Cohesión Territorial. Cámaras de videovigilancia en municipios y mejorar la red de carreteras de la comunidad son otros dos argumentos para el mundo rural, en el que quieren mejorar la conectividad, una apuesta que Nolasco ya tenía en 2023 en su etapa como responsable de Despoblación.

Medio ambiente

La faceta medioambiental del Gobierno de Aragón, que también será responsabilidad de Vox, entrará por primera vez en el Ebro y reclamará la limpieza de cauces de los ríos y un plan para "defender" al gran activo acuático de la comunidad en las inundaciones. La protección de núcleos urbanos con planificación hidráulica también es parte de un acuerdo que incluirá la "colaboración público-privada" en la gestión forestal. Aragón tendrá, si se aprueba, una nueva ley de protección del patrimonio natural y se pondrá a controlar las instalaciones de biogás, que proliferan desde hace tiempo en la comunidad.

Economía, energía e industria

La baza económica, el gran campo del que presumir en la presente legislatura, seguirá en manos del PP e insistirá en "la atracción y dinamización de la actividad industrial en Aragón". También quieren convertir la comunidad en "el polo estratégico de España en centros de datos", un sector que ha concentrado críticas de Vox durante su expansión en el territorio. El punto de choque puede ser la política energética, que controlará en parte Vox desde el Inaga, ya que se quieren "proteger suelos productivos" frente a "la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica". El sector de la nieve, el DAT Alierta y el empleo autónomo apuntalan la táctica económica para los próximos cuatro años.

Educación y universidad

El nuevo Gobierno autonómico destaca su compromiso con la gratuidad de la escuela infantil de 0 a 3 años y se lanza a "implantar de forma progresiva el Bachillerato concertado", la medida anunciada recientemente y que ha levantado ampollas en la educación pública. Se mantendrán las deducciones fiscales a las clases de refuerzo y se mejorará la climatización de los centros educativos de la comunidad. Vox ha logrado incluir que se estudie "la historia del terrorismo en España" en los planes de estudio del curso 2027/2028 y suprimir el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm). La DGA priorizará "el producto español" en los comedores escolares y pretende desarrollar la prueba de acceso a la universidad única, además de la gratuidad de la primera matrícula universitaria, medida prometida por el PP en campaña electoral.

Familia y sanidad

PP y Vox incrementarán el presupuesto de la consejería de Sanidad y mantendrán políticas que los conservadores ya han puesto en marcha en los últimos tiempos, como el plan de choque contra las listas de espera, la creación del nuevo Royo Villanova, varios centros de salud y la Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP9, al atención por la tarde que ya se está llevando a cabo. Se impulsará "la perspectiva de familia", el plan de salud mental infantil y el refuerzo de la red de cuidados paliativos y de refuerzo de los recursos sanitarios. Las dos derechas quieren ampliar las plazas en las residencias y centros de día y poner "sanciones muy graves por fraude" en etiquetados de productos alimenticios que falsifiquen sus lugares de origen.

Contra el derroche de gasto público

El futuro Gobierno de Aragón realizará "auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos" en un intento de reducir aquello que sea "improductivo e innecesario". Aquí entra una de las líneas que no quiso cruzar el PP en la anterior legislatura: rebajar a la mitad las ayudas a sindicatos y a la patronal, una medida que no gustaba para no romper la paz social instalada en la comunidad desde hace años. Las subvenciones a la cooperación al desarrolla estarán al mínimo legal y ambos partidos ya le dieron un tijeretazo hace tres años. Además, reclamarán acreditar el impacto de las acciones realizadas con las ayudas recibidas, eliminarán las consideradas "superfluas" y desarrollarán unidad de mercado y el plan Aragón Agiliza, para facilitar la instalación de empresas en el territorio.

Libertad frente adoctrinamiento

El último punto con políticas para el nuevo Gobierno de Aragón incluye "librar Aragón de la imposición del catalán", algo que PP y Vox quieren lograr con la reforma de la ley del Patrimonio Cultural Aragonés. Por el camino también quieren acabar con el Instituto Aragonés del Catalán y "derogar entidades públicas y leyes ideológicas", entre las que incluyen aquellas que a su juicio suponen "un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico". Los dos partidos se comprometen a hacer "una revisión sistemática" de esta normativa, para "proceder a su derogación o modificación".

Cinco puestos para Vox

La ultraderecha se quedará con tres consejerías y una de ellas tendrá el rango de vicepresidencia primera. Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Agricultura Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo son las carteras que los consejeros de Vox gestionarán los próximos cuatro años. También se quedarán con un senador autonómico, un puesto que ahora tiene el PP en la figura de Eloy Suárez, y la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón, ahora en manos del popular Fernando Ledesma.

Suscríbete para seguir leyendo