Álvaro Villacampa, abogado experto en Extranjería, alerta de posibles estafas: "El proceso de regularización es el caldo de cultivo perfecto"

Es una oportunidad que puede cambiar la vida de medio millón de personas en España y de varios miles en Aragón. El proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España abre la puerta a que decenas de miles de personas que residen en la comunidad autónoma tengan la oportunidad de contar con un permiso de residencia y trabajo de un año, que les abrirá a su vez la puerta a otras vías de regularización de su situación administrativa. El trámite ya está en marcha y, con él, el riesgo de que se produzcan prácticas fraudulentas.

Álvaro Villacampa, abogado especializado en Extranjería en Zaragoza, asegura que "el proceso de regularización de inmigrantes es el caldo de cultivo perfecto para que se produzcan prácticas oscuras". Por ejemplo, denuncia que también en este proceso se está produciendo esa práctica habitual que suele acompañar a otros trámites de Extranjería que implican la obtención de citas previas.

"No tenemos constancia de que haya mafias o grupos organizados vendiendo directamente las citas previas, pero la venta del 'servicio' de la cita previa es algo muy habitual y muchos se aprovechan del limbo legal por el que no se vende la cita previa, sino la gestión de conseguir esa cita", denuncia. Y destaca: "Por desgracia, toda cita está en venta".

En este proceso de regularización extraordinaria, bufetes de abogados especializados como el de Villacampa también están detectando un auge de "asesorías alegales" de personas que, sin ser abogados, prestan su "ayuda" a conocidos o compatriotas, pero sin ofrecer "garantías" de que el registro de la documentación se hace correctamente, o que se han seguido los trámites necesarios.

"Estamos viviendo una auténtica guerra de precios, impulsada por esas 'asesorías legales' de personas que no son abogados, porque no hace falta ser abogado para poder crear una 'asesoría', y hay gente que vende sus servicios por 100 euros cuando un trámite de este tipo requiere un seguimiento de 5 meses", denuncia Villacampa. En un servicio de asesoría oficial, indica, este servicio no puede prestarse por menos de unos 500 euros, lo que abre una brecha en una situación que, para muchas personas, es desesperada.

"Hay gente que no puede pagar la tarifa de un abogado privado, pero en ese caso, es preferible que confíen en las entidades colaboradoras del ministerio, en las oenegés que llevan años de experiencia y de trayectoria contrastada en la atención a personas migrantes, que no les van a dejar de lado y les van a informar correctamente", considera. Y alerta de que esas "asesorías legales" que no impulsan profesionales pueden "dejarles tirados a mitad del proceso, lo que supone desperdiciar una oportunidad que es única para miles de personas". Además de generar una "economía sumergida", alerta, que también perjudica a las finanzas del país.

"Este es un documento que te cambia la vida: los migrantes no se pueden poner en manos de alguien no profesional", incide Villacampa, que recuerda que en este proceso extraordinario de regularización "estamos tratando con la vida y las esperanzas de muchas personas".

"Una persona sin papeles evidentemente es vulnerable"

Uno de los documentos que las personas migrantes están solicitando de forma masiva, para intentar completar el proceso de regularización, es el informe de vulnerabilidad. Un documento que pueden emitir los servicios sociales y también las entidades colaboradoras del Ministerio de Migraciones, en el que se reflejan las circunstancias específicas de cada persona que hacen que se encuentre en situación de fragilidad.

Según Villacampa, la exigencia de este documento es "un oxímoron". "Una persona que no tiene papeles, evidentemente está en situación de vulnerabilidad", recalca Villacampa, que señala que, en su bufete, intentan que sus clientes accedan al proceso de regularización por cualquiera de los otros dos supuestos, como contar con familiares dependientes a su cargo, o encontrarse en búsqueda activa de trabajo.

Además, ha recordado que ese documento "debe expedirse de forma gratuita", y ha alertado de casos, en otros puntos de España, en los que se ha denunciado el cobro por este documento a través del pago de cuotas en las asociaciones que prestan ayuda. "En ningún caso se puede obligar a pagar ninguna tasa por ese documento", incide Villacampa.

A pesar de las dificultades, este abogado experto en Extranjería recuerda que este proceso de regularización de inmigrantes "es una solución a un problema que existe" y que va a permitir que "muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida, con dignidad, en España".

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