Gobierno en funciones, calle encendida: las protestas en la sanidad y educación pública marcan el horizonte político en Aragón

Lejos quedó la vieja costumbre de dejar cien días de tregua a los nuevos gobiernos para que aterricen en su nuevo hacer. El alargado periodo en funciones del Gobierno de Jorge Azcón se mezcla estos días con una creciente denuncia ciudadana, especialmente, en el ámbito de la educación y la sanidad pública, dos de los pilares básicos del Estado del bienestar y las dos principales partidas de inversión del presupuesto autonómico.

Por diferentes motivos, las protestas en la calle están recuperando la importancia de hace años en un contexto insólito que rodea a la celebración del Día de Aragón: la falta de formación del Ejecutivo aragonés dos meses y medio después de las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero.

Parece que no hay prisa ni en el Partido Popular ni en Vox por cerrar un pacto que lleva pendiente ya casi diez semanas, mientras el Gobierno de Aragón mantiene su actividad bajo mínimos, limitado por el corsé que define la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón para un Ejecutivo en funciones.

Durante dos meses y medio, y casi cinco desde que el presidente firmó la disolución de las Cortes de Aragón para la convocatoria electoral el pasado 14 de diciembre, los consejeros y el presidente han reducido drásticamente su agenda pública y la promoción de nuevos proyectos. El parón en el Parlamento aragonés, que inició la legislatura el pasado 3 de marzo, es absoluto, aunque algunos diputados siguen haciendo su trabajo y acumulando el registro de preguntas para los futuros consejeros. No hay, mientras no se forme la legislatura, rendición de cuentas del Ejecutivo aragonés en el Parlamento.

Pero en este impás que va a ser el más largo entre una convocatoria electoral y la formación de un Gobierno de Aragón sí que ha habido tiempo para que el mismo Ejecutivo que está en funciones anunciara la concertación del Bachillerato en Aragón, encendiendo la mecha de las protestas de la educación pública, que ha convocado dos jornadas de huelga para mediados de mayo. Suponiendo que el pacto PP-Vox fructifica, que fructificará en cuestión de "horas o días", tendrá que afrontar apenas 15 días después de su toma de posesión una huelga en la educación pública. Un nuevo consejero o consejera -porque de la actual, Tomasa Hernández, se espera su salida del nuevo Gobierno- tendrá que hacer frente a este fuego en una educación pública en armas que clama por más recursos y menos desigualdad.

En el caso del ámbito sanitario, uno de los más combativos en la comunidad y que ahora reparte sus protestas entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón, continúan celebrándose huelgas que no hacen sino engordar unas listas de espera que había conseguido domar, relativamente, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Un consejero que en estas últimas "horas o días" del Gobierno en funciones recibió este martes a los sindicatos para escuchar sus demandas, a pesar de que se desconoce, por ahora, si continuará en el cargo después de la toma de posesión del nuevo gobierno.

No es habitual este ruido en las calles con un gobierno en funciones. No es habitual, tampoco, que un gobierno en funciones tome decisiones de calado como la concertación del Bachillerato. Y tampoco es habitual que un gobierno siga en funciones cuando se sabe que el principal actor de ese Ejecutivo se va a mantener en el cargo. Pero las tres circunstancias confluyen a las puertas de la celebración de un insólito Día de Aragón con el presidente en funciones y el Gobierno en funciones, sin poder otorgar la máxima distinción de la comunidad y con un silencio sepulcral en todo lo que rodea a las negociaciones y las condiciones del futuro pacto PP-Vox.

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