Las quejas en la calle por el pacto de PP-Vox en Aragón aumentan: hasta con la Iglesia han topado

Solo han pasado 48 horas desde que PP y Vox hicieron público el pacto por el que ambos acordaban formar gobierno en Aragón, con un largo listado de compromisos y condiciones aceptadas por ambos que no han gustado, e incluso han molestado, a entidades que empiezan a salir a la palestra para mostrar abiertamente a expresar su malestar. Incluso con una virulencia inusitada, como la reacción que tuvo este viernes la Conferencia Episcopal y obispos de la Iglesia católica, que no dudaron en señalar las «injurias» de Vox y el trato disciminatorio hacia la población inmigrante, con la que trabajan habitualmente para socorrerles en su situación de vulnerabilidad.

No son los únicos pero quizá fueron los más llamativos. Otras entidades como Amnistía Internacional o colectivos como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR), entre otros, evidencian que es un pacto que genera críticas en muchos ámbitos de la sociedad. Y todos con un denominador común: cuestionan la legalidad de algunas medidas y lamentan la discriminación entre ciudadanos.

La Iglesia se pronunció con claridad. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, acusó al líder de Vox, Santiago Abascal, de «injurias» por sugerir que la Iglesia se enriquece con la inmigración, en un tuit en el que el político reaccionó a las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelo, quien invitó a conocer la realidad de los inmigrantes subiéndose a un cayuco.

Asimismo, manifestó el recelo de los obispos a la propuesta de dar «prioridad nacional» en las ayudas públicas a los españoles respecto a los migrantes. «Amor al prójimo no es al de mi partido, mi país, mi lengua, ni siquiera mi religión, el criterio evangélico está por encima de cualquier consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros», señaló.

La Iglesia «no estará nunca» de acuerdo con medidas que traten de «excluir o anular al otro», remachó, al tiempo que arremetió contra ambos por moverse «a golpe de ideología o eslóganes, no desde un análisis objetivo, sereno y realista», al referirse a la posibilidad excluir del reparto de subvenciones a Cáritas solo porque ayuda a los inmigrantes.

«Vulnera derechos humanos»

Amnistía Internacional denunció abiertamente que el pacto, «de ponerse en práctica, vulnerará derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 80 años». «La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, proclama que toda persona tiene los mismos derechos y libertades. La igualdad intrínseca de todas las personas, que tienen los mismos derechos y libertades sea cual sea su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra circunstancia, se ve vulnerada una y otra vez», criticaron desde la organización, que recalcó que «en el texto del acuerdo se incorporan medidas racistas, discriminatorias e islamófobas que solo favorecen la exclusión de las personas en situación de mayor vulnerabilidad».

Sobre el denominado «principio de prioridad nacional» que se utiliza en el acuerdo, afirmó que supone una «discriminación por nacionalidad, contraria al derecho internacional». «Las personas migrantes son las más afectadas, especialmente aquellas en situación irregular a las que expresamente se las excluye del acceso a servicios básicos de carácter social de forma discriminatoria en base a este principio», lamentó. A su juicio, el pacto destila una «narrativa racista y deshumanizadora», ya que vincula inmigración con delincuencia.

Fapar ve «contradicciones»

Otros colectivos ven «contradicciones» en materia educativa. Es lo que denuncia Fapar, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón por incluir la ya anunciada concertación del Bachillerato o la gratuidad de 0 a 3 años, que han sido rechazadas por las entidades defensoras de la escuela pública, que las consideran una «privatización» de la enseñanza.

Ahora, con las actuaciones ya recogidas dentro del acuerdo, incide en sus críticas a que se destinen a ellas fondos públicos, una medida que va en dirección contraria a ese compromiso, también incluido, por la «eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos». A su juicio, supone «una duplicidad de recursos que solo se justifican desde la ideología del privilegio de unos pocos y no desde la garantía de los derechos de todos». Lo mismo que con la gratuidad de 0 a 3 años, que ven como un «desvío de fondos públicos mediante subvenciones a guarderías que ni siquiera están cumpliendo la normativa que regula estas enseñanzas».

Tampoco entiende que el acuerdo firmado por PP y Vox pretenda incluir una asignatura de historia del Terrorismo en España en el curriculo, según consta en el propio acuerdo, para «incluir valores democráticos» que Fapar cree que «encaja mal con la falta de respeto a los catalanoparlantes y a la diversidad cultural» de Aragón. Y es que el pacto recoge también la supresión de la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí.

Biscarrués, pantano «ilegal»

Otra de las críticas se centran en el pantano de Biscarrués que PP y Vox prometen impulsar. La alcaldesa de la localidad, Lola Giménez, les respondió este viernes que es un «sinsentido» incluir en el pacto un proyecto que «la Audiencia Nacional ya sentenció hace años que era ilegal». Para ella es un «despropósito», cuando la Justicia dio la razón al territorio, que se opuso totalmente a la construcción de esta obra hidráulica. Son, añadió, «historias viejas en tiempos nuevos» y teme que si el resto de puntos del pacto son así, «poco se va a avanzar en Aragón en esta legislatura».

Otra de las voces críticas llegó desde los sindicatos. Desde OSTA rechazan «frontalmente» el acuerdo porque «no representa el cambio que necesita nuestro pueblo, sino la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa». «Lejos de ser un proyecto de progreso, es un retroceso sistemático en materia de derechos sociales, cohesión territorial y justicia laboral», sostuvo.

Y cargó contra la desregulación, «que no es más que un eufemismo para desmantelar las garantías sociales, laborales y ambientales que protegen a la ciudadanía, al tiempo que se instrumentaliza el racismo institucional como herramienta de gestión política». O la «prioridad nacional», que esconden «políticas de segregación que vulneran derechos fundamentales, estigmatizan a colectivos vulnerables y fracturan la cohesión social que históricamente ha definido a Aragón». Un suma y sigue de protestas que parecen solo el principio.