Memoria democrática, colectivo LGTBI o violencia de género: los asuntos 'olvidados' por PP y Vox en el pacto de Aragón

En trece puntos y 40 folios cabe la política de un Gobierno autonómico. O al menos un esbozo de lo que quieren hacer PP y Vox en Aragón en los próximos cuatro años, bajo la batuta de Jorge Azcón y con acordes de tres músicos de la ultraderecha. El acuerdo del "mínimo común denominador" y atado a "la legalidad" resuelve, tanto por lo que cuenta como por lo que calla, el acuerdo de lo que pretenden llevar a cabo dos partidos unidos en el ring autonómico y en pelea en el cuadrilátero nacional.

Y aunque "la prioridad nacional" se ha comido todo el debate, hay varias ausencias que una vez fueron caballo de batalla de los dos partidos y hoy no cuentan ni con una línea en esos cientos de párrafos que conforman el pacto con el que las dos derechas aspiran a traer una estabilidad política que Aragón ha olvidado en los últimos tres años.

Muestra de ello es la memoria democrática. La derogación de la normativa autonómica fue recogida en el pacto entre PP y Vox en 2023 y una de sus primeras actuaciones legislativas, con anunció incluido el 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Una medida puramente ideológica que los dos socios resolvieron en apenas tres meses, ya que su llegada se confirmó a mediados del mes de agosto de 2023. Hoy, no hay rastro de la memoria democrática ni del plan de concordia que populares y ultraderechistas presentaron como garantía para la recuperación de restos de las fosas comunes. Habrá que ver si en el proyecto 2026-2030 vuelve a ser una iniciativa informativa en el área de Patrimonio o Cultura.

La Ley Trans

Lo mismo sucede con la llamada Ley Trans. También incluida en el pacto de 2023, con la intención de reformarla e incluso derogarla, las dos derechas la aparcaron bien pronto. Frente a la velocidad con la memoria democrática, ese texto normativa no apareció en ningún debate en los once meses que duró la primera convivencia de Azcón y Nolasco en el Pignatelli. El acuerdo presentado el pasado miércoles tampoco reserva espacio en sus apartados sociales para esta medida.

A estas dos desapariciones se le suma una tercera: la violencia de género. Más allá de que Vox no utiliza ese término y prefiere "intrafamiliar" o "contra la mujer", no hay menciones a este asunto más allá de las rebajas fiscales o las ayudas que contemplan a estas víctimas (sucede también con las víctimas del terrorismo) o la inclusión de "la invisibilización de la mujer" en el apartado que recoge el compromiso de PP y Vox de prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos.

La lucha contra la violencia de género es un compromiso innegociable para el propio Azcón, que aumentó en su primer Presupuesto la cuantía del IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), organismo que quiso suprimir Vox.

También se explica por el giro de comunicación de la ultraderecha, que ya no ahonda en batallas culturales contra el feminismo o el colectivo LGTB y centra, desde hace meses y en todos los territorios, todos sus discursos en la inmigración y en las críticas a la política migratoria del Gobierno central.

Otros asuntos reciben un espacio escueto, dentro de un documento de casi 40 páginas, para lo que ocupa en el discurso o en las declaraciones públicas de los líderes de ambos partidos. Los autónomos apenas son un breve punto de acuerdo en el apartado sobre economía, con tres compromisos centrados en la fiscalidad, en el apoyo a los jóvenes y en las bajas profesionales. Tres párrafos que, hay que reconocer, son más que la escueta mención que tuvieron los trabajadores por cuenta propia en el acuerdo entre PP y Vox en el verano de 2023.

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