La energía y la paz social medirán las primeras diferencias entre PP y Vox en Aragón

Partido Popular y Vox rubricaron el pasado miércoles un acuerdo por la gobernabilidad de Aragón con doce puntos políticos y uno de reparto de cargos en los que se comprometen a mantener a la comunidad autónoma avanzando por la derecha. La segunda intentona de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco como compañeros del Ejecutivo autonómico se ve condicionada por «la prioridad nacional» que ha admitido el PP de Vox y por puntos de acuerdo en fiscalidad, economía, vivienda o prestación de servicios sociales. Pero también existen asuntos troncales en los que la posición de las dos formaciones es más que distante.

A menos que las largas conversaciones mantenidas durante dos meses y medio hayan movido las bases de sus respectivos proyectos, PP y Vox tendrán que mantener muchos diálogos sobre política energética, relación con los sindicatos y las organizaciones empresariales o el tercer sector. Estos son tres de los tantos movimientos políticos que tendrán que consensuar. Ambos, tanto Azcón como Nolasco, citaron en varias ocasiones a «los servicios jurídicos» de la DGA como garantes de las decisiones políticas del Consejo de Gobierno, por lo que el cruce de informes de los técnicos de la Administración está más que asegurado.

Vox, que se ha convertido en azote del Inaga y el Miteco por el caso Forestalia, ha logrado incluir un punto por «la protección del suelo productivo, del patrimonio natural y de los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica». El acuerdo pide emplear «todos los medios legales y administrativos» para favorecer «la no instalación» de este tipo de estructuras. Un reclamo de Vox, que ya exigió en su primera etapa en el Pignatelli desarrollar un plan de ordenación de las renovables y elaborar un mapa de la situación de la comunidad autónoma. El PP se mantuvo firme en la pasada legislatura y siempre ha defendido que las renovables son un motor fundamental para la comunidad. Y más ante la llegada de proyectos electrointensivos, como las decenas de centros de datos o la gigafactoría de Stellantis. Vox, aparte de incluir este punto en el epígrafe medioambiental, controlará el Inaga, aunque la dirección de energía seguirá previsiblemente bajo la batuta del Partido Popular.

Sindicatos y empresas

El acuerdo contempla «la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales», una medida que Vox ya reclamó para la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2025. El PP se negó en rotundo y se comprometió a mantener «la paz social», una situación de Aragón que desde el Ejecutivo popular se destacó en un momento de crecimiento económico en la comunidad. El pacto entre Azcón y Nolasco fija que las ayudas económicas quedarán a la mitad desde el Presupuesto de 2027, el primero que aprobará este nuevo gabinete.

Un relato similar ocurre con las entidades del tercer sector, que trabajan por la integración y el cuidado de personas a las que no se llega con los servicios públicos. El «recorte» en la cooperación exterior ya se dio en el Presupuesto de 2024, pero ahora Vox quiere que se «acredite» el destino del dinero público recibido y aboga por «la reducción y la eliminación de subvenciones y ayudas públicas superfluas». Una medida que ha sido objetivo de la ultraderecha desde que condicionó al PP en las instituciones, tanto a nivel local como autonómico y por todo el territorio. Los conservadores confían en que estas entidades del tercer sector puedan seguir trabajando con normalidad y sigan recibiendo apoyo institucional con líneas económicas.

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