El "arraigo" de la prioridad nacional del pacto PP-Vox ya se aplica en una decena de prestaciones sociales en Aragón

El acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Aragón para los próximos cuatro años se inspira, como en Extremadura, en el principio de la "prioridad nacional", que recoge en su página 10, dentro del segundo punto bajo el epígrafe de "inmigración". Un principio que no significa exactamente lo mismo para los dirigentes de ambos partidos y que pretende atravesar todas las políticas de prestaciones sociales o el acceso a servicios y viviendas públicas, pero que tiene todavía que concretarse en las nuevas políticas.

El texto del acuerdo define como "prioridad nacional" la "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Siempre "adecuado a la legalidad vigente", se plantea un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio". Además, se habla de la "vinculación del acceso a las ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Se añade la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Y, por último, el acuerdo pide "instar" a la modificación de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (ley orgánica 4/2000), sin concretar cuál sería el sentido de esa modificación.

Desde el Partido Popular vienen defendiendo que, en la práctica, esa prioridad vinculada al "arraigo" en el territorio ya se estaba aplicando en Aragón, "incluso con Ejecutivos socialistas", dejó caer en la presentación del acuerdo PP-Vox el presidente en funciones, Jorge Azcón. Ahora bien, dan por hecho que con el nuevo pacto de gobierno se revisarán los requisitos para tener más en cuenta "el arraigo y la contribución para que quienes llevan más tiempo contribuyendo no se queden postergados".

De hecho, hay una decena de prestaciones sociales que ya tienen en cuenta el arraigo en la comunidad autónoma, en mayor o menor medida.

Es el caso de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (Pacimv), que exige la residencia legal en España y pide el requisito de haber estado empadronado con residencia efectiva en cualquier municipio aragonés desde al menos un año antes a la solicitud. Un requisito exigible a los titulares de la prestación, no al resto de miembros de la unidad de convivencia que son beneficiarios. Son los mismos requisitos que se piden para el complemento económico para titulares del ingreso mínimo vital (ICSS) y para el complemento de gastos de vivienda, las tres prestaciones complementarias.

Además, en las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género también se exige la residencia efectiva en Aragón para tener acceso a la prestación.

Por otro lado, desde el Ejecutivo aragonés añaden que la mayoría de prestaciones sociales dependientes también del Gobierno de España incluyen la necesidad de residencia legal en el país. Por ejemplo, las pensiones no contributivas de jubilación y las de incapacidad. En el primer caso, requieren diez años de residencia legal entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión (dos de ellos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación). En el segundo, el requisito son cinco años de residencia legal (de los cuales, 2 inmediatamente anteriores a la solicitud).

Además, en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el apoyo a los cuidadores no profesionales del sistema de Dependencia, se definen cinco años de residencia en territorio español (2 antes de la solicitud).

En el caso de la prestación económica de ayudas de integración familiar, se exige la residencia legal en España, pero es suficiente con el empadronamiento y la residencia efectiva en el momento de presentar la solicitud. Es el mismo caso en las becas para la atención en centros para personas con discapacidad y para la atención en centro de personas mayores.

Por último, la bonificación de las tarifas de las guarderías para los perceptores del IMV también está vinculada a la residencia legal en España durante un año, salvo para los menores recién nacidos, adoptados o por acogimiento familiar, a las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual o a las mujeres víctimas de violencia de género.

Fuentes de Vox en Aragón no quieren concretar, por ahora, cuál será el endurecimiento de estos requisitos de acceso a las ayudas, mientras en el PP dan por hecho que se tendrán que rebaremar las condiciones para que personas "con vinculación y contribución al sistema no queden postergados", cumpliendo así ese nuevo requisito de la "prioridad nacional" que siempre irá acompañado, avisó Azcón, de informes jurídicos del Gobierno de Aragón para garantizar el "cumplimiento de la legalidad" en todo momento.

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