Los inmigrantes no consumen más recursos públicos que los españoles en Aragón: el gasto medio es un 25% menor

El pacto firmado por el Partido Popular y Vox para la formación del Gobierno de Aragón que pretende dar estabilidad a la comunidad autónoma para los próximos cuatro años pone el foco en las políticas antiinmigración e introduce el principio de la "prioridad nacional" en el reparto de ayudas y prestaciones sociales en la comunidad, uno de los principales argumentos de la extrema derecha en España, que se ha introducido en la hoja de ruta de los ejecutivos autonómicos de Extremadura y Aragón no sin polémica.

Denuncian desde Vox que el sistema actual acaba priorizando de algún modo a la población migrante y con esta "prioridad nacional" pretenden que los españoles pasen por delante. Pero ahí se abre el debate: mientras Vox habla de esa prioridad nacional, en el PP insisten en el "arraigo y la contribución" en el territorio de la población, sea cual sea su origen. Pero en Vox dejan caer que lo que les preocupa es el origen de los perceptores de las ayudas. Así lo dijo este lunes el portavoz de la extrema derecha en Aragón, Alejandro Nolasco, en la Cadena SER Aragón. "Ves esos nombres y todos son igual: Mohammed", aseguró en antena.

El análisis de la aportación que los inmigrantes hacen a la economía aragonesa y española, en términos fiscales y también por el uso de los distintos servicios públicos, ha quedado reflejado en varios estudios. El último, el de la Fundación Basilio Paraíso sobre 'La inmigración en Aragón', elaborado a finales de 2024, y cuyos datos e investigación son de plena vigencia.

Una de las principales conclusiones de este informe es que los inmigrantes dejaron en Aragón un saldo positivo anual a nivel fiscal de unos 500 millones de euros. Es decir, de unos 2.000 euros anuales por persona. Esto se explica porque tienen un mayor porcentaje de personas en activo y hacen un menor uso de servicios públicos como la sanidad o los servicios de dependencia.

El informe de la Fundación Basilio Paraíso se hace eco del análisis a nivel nacional y europeo de la aportación de los migrantes a la economía de los países. Según estos datos, "aunque el número de inmigrantes ha seguido creciendo (desde 2017), su contribución neta al saldo entre ingresos fiscales y gasto público sigue siendo positiva".

En concreto, en la última década se recoge un aumento de la demanda de los servicios sociales y educativos, "pero también un incremento sustancial de las contribuciones fiscales debido a la integración de los inmigrantes en sectores de alta productividad".

El impacto en las pensiones

Los estudios destacan que los inmigrantes "juegan un papel crucial en el sostenimiento del sistema de pensiones, debido a su alta participación en el mercado laboral y su contribución a la recaudación fiscal". Además, tienen una representación mucho menor entre los pensionistas que en los colectivos en edad de trabajar. Concretamente, en lo que respecta a pensiones contributivas, el informe de la Fundación Basilio Paraíso reseña que los mayores de 65 años son el 25,49% de los españoles frente al 6,79% entre los extranjeros con doble nacionalidad y el 5,74% entre los extranjeros sin doble nacionalidad.

Según la investigación de Mahía y Arce en 2022 que recoge el estudio de 2024, "los costes promedio por inmigrante son inferiores en más de un 25% a los de los españoles". En el caso de las pensiones, el gasto para inmigrantes extranjeros en 2019 fue del 0,9% del total. En términos globales, fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón señalan que los extranjeros "suponen el 1% del gasto de la Seguridad Social y aportan el 10% de los ingresos". Estas cifras, procedentes de distintos organismos, apuntan a que los inmigrantes o la población extranjera no hace un mayor uso y gasto de los servicios públicos que la media de la población española o aragonesa, como sugiere el posicionamiento de Vox con la introducción de este principio de "prioridad nacional" y los mensajes insistentes en que la mayoría de las ayudas sociales recaen en personas de origen extranjero.

En cuanto a los gastos sanitarios, Mahía y de Arce (2022) concluyen que los costes promedio por inmigrante son inferiores en más de un 25% a los de los españoles. En el informe de la Fundación Basilio Paraíso se analizan los datos de gasto social dirigido a inmigrantes y se concluye que, en sanidad, representan el 2,10% del gasto sanitario total; el 12,87% en educación y el 17,50% en desempleo. Teniendo en cuenta que la población extranjera en Aragón representa el 17,6% del total, la proporción de gasto es similar al de la población en el gasto por desempleo; en el resto de las partidas la proporción de gasto es "mucho menor que la proporción de población".

El informe de la Fundación Basilio sí que recoge que las cosas cambiarán con el impacto analizado "a largo plazo", cuando "el saldo fiscal es negativo para todos los grupos a lo largo del ciclo de la vida", por el aumento del gasto social en la etapa final de la vida, tanto por el gasto en las pensiones como por las prestaciones a la atención a la dependencia. Con todo, no es la situación actual, a tenor de los datos.