El Primero de Mayo en Aragón alzará la voz por los salarios, la vivienda y la seguridad laboral

Las calles de Aragón volverán a llenarse este Primero de Mayo con un mensaje que trasciende la habitual reivindicación laboral para adentrarse en un diagnóstico más amplio del momento político y social. Con motivo del tradicional Día Internacional del Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO han presentado este miércoles la convocatoria de movilizaciones en la comunidad, que se celebrarán bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia' en las tres capitales aragonesas y varias localidades, una jornada que aspira a situar en el centro del debate cuestiones estructurales como el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda, la calidad democrática y las condiciones laborales.

Los secretarios generales de ambas organizaciones en Aragón, José Juan Arcéiz (UGT) y Manuel Pina (CCOO), han dibujado un Primero de Mayo con un marcado tono social, en el que la agenda laboral se entrelaza con la creciente tensión geopolítica que vive el mundo y el deterioro de la calidad democrática. Ambos dirigentes han advertido del riesgo de “fractura social” en un escenario de conflictos bélicos y auge de los extremismos, una deriva que, a su juicio, también tiene consecuencias en el ámbito del trabajo.

Más allá de ese marco, el eje central de las movilizaciones será, sin embargo, el bolsillo de los trabajadores. Arcéiz ha denunciado que los incrementos salariales logrados en la negociación colectiva vuelven a verse erosionados por factores externos con la guerra de Irán, mientras grandes sectores como la banca o las energéticas acumulan beneficios récord. “La productividad crece, pero no se traduce en las nóminas”, ha resumido, al tiempo que ha reclamado cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo frente al IPC.

En la misma línea, Pina ha subrayado que, pese a que España lidera el crecimiento en Europa, “el reverso es el reparto de la riqueza”, aún insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido con la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En ese mismo plano, los sindicatos volverán a situar la reducción de la jornada laboral como una de sus principales banderas. Tanto UGT como CCOO han dejado claro que mantendrán la presión para que la jornada de 37,5 horas semanales se convierta en una realidad legal, al tiempo que exigirán reforzar los mecanismos de negociación colectiva. “Vamos a seguir insistiendo y no bajaremos esa bandera”, ha afirmado Arcéiz.

Por su parte, Pina ha criticado que la patronal haya rechazado tanto la vía legislativa como la negociación efectiva en los convenios, lo que, a su juicio, está generando un bloqueo que podría derivar en nuevos conflictos laborales.

La vivienda, “el drama que nos toca vivir”

Otra de las grandes preocupaciones que marcarán la jornada será el acceso a la vivienda, descrito por Arcéiz como “el drama del tiempo que nos toca vivir”. Los sindicatos alertan de que incluso trabajadores con salarios dignos tienen cada vez más dificultades para iniciar un proyecto vital, una situación que consideran incompatible con el mandato constitucional. En este sentido, reclamarán políticas públicas más ambiciosas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes.

La siniestralidad laboral ocupará también un lugar destacado en las reivindicaciones. Los sindicatos han puesto el foco en el aumento de los accidentes de trabajo y, en particular, en los mortales, que cifran en torno a 700 en España durante el último año. En Aragón, recuerdan, se registraron 35 fallecidos en 2025. “No se están tomando las medidas adecuadas”, ha advertido Arcéiz, que ha reclamado más recursos para la Inspección de Trabajo y una actualización urgente de la legislación en materia de prevención.

Arcéiz ha reclamado más efectivos para la Inspección de Trabajo y ha advertido de que no actualizar la legislación vigente en prevención de riesgos, con más de tres décadas de antigüedad, supondría “una responsabilidad política directa” ante futuros accidentes.

Desde CCOO, Pina ha rechazado el discurso empresarial sobre el absentismo laboral, al considerar que "criminaliza" a los trabajadores y "oculta" problemas estructurales como la precariedad, las deficiencias en prevención o la saturación de la sanidad pública.

En clave más aragonesa, UGT y CCOO han defendido la necesidad de reforzar el diálogo social ante su ausencia en el acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox, que recoge además un recorte del 50% en las ayudas que sindicatos y organizaciones empresariales recibe por su participación institucional en las mesas de diálogo social. Ambas centrales consideran que esta es una de las señas de identidad de la comunidad desde hace más de cuatro décadas y han reivindicado este modelo como un factor de estabilidad y de atracción de inversiones.

Democracia, migración y “trincheras”

El lema de este año incorpora también una dimensión política. Los sindicatos alertan del deterioro de la calidad democrática y del auge de discursos que, en su opinión, fomentan la confrontación social. Pina ha denunciado la “criminalización de los más débiles” por parte de la ultraderecha, especialmente en el debate sobre inmigración, que considera esencial para el crecimiento demográfico y económico de Aragón.

En la misma línea, Arcéiz ha defendido la regularización de trabajadores extranjeros como una medida necesaria para combatir la precariedad y la explotación. Los sindicatos reclaman más medios administrativos para evitar el colapso de los servicios públicos y facilitar la integración laboral de estas personas.

Con movilizaciones previstas en ciudades como Zaragoza, Huesca y Teruel, además de en municipios como Andorra o Tarazona, el Primero de Mayo se presenta en Aragón como una jornada que combina celebración y protesta. Un día festivo, pero sobre todo, insisten los sindicatos, “un día de lucha”.