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Los sindicatos alertan de que el pacto PP-Vox pone en riesgo el modelo de diálogo social en Aragón

UGT y CCOO temen un deterioro de la participación institucional tras el recorte del 50% de financiación y reclaman al nuevo Gobierno de Azcón que mantenga “un valor diferencial clave” para la atracción de inversiones empresariales

Los líderes de UGT y CCOO de Aragón, José Juan Arceiz y Manuel Pina, este míercoles en la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo.

Los líderes de UGT y CCOO de Aragón, José Juan Arceiz y Manuel Pina, este míercoles en la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo. / CCOO / Jesús Martín

Zaragoza

El modelo de diálogo social de Aragón, uno de los pilares menos visibles pero más determinantes del desarrollo económico de la comunidad, entra en una zona de incertidumbre. Los sindicatos advierten de que ese valor “intangible” y "diferencial" que durante décadas ha sostenido la estabilidad laboral y ha favorecido la llegada de inversiones puede verse debilitado tras el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular (PP) y Vox, que ha permitido la reelección de Jorge Azcón.

La preocupación fue expresada este miércoles por los líderes de UGT y CCOO de Aragón, José Juan Arcéiz y Manuel Pina, respectivamente, durante la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo. Ambos dirigentes se mostraron prudentes y confiaron en que prime el sentido común en la salvaguarda del diálogo social, pero lanzaron también la advertencia clara: no está garantizado en la nueva legislatura.

Recorte de financiación

El origen de la inquietud está en el pacto de gobierno de populares y voxistas, que contempla una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por su participación institucional, en el marco de la Ley de Diálogo Social de Aragón, aprobada en 2018 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Aunque los sindicatos rechazan vincular su papel negociador a la financiación, consideran que la medida tiene una carga ideológica que puede erosionar el sistema. “Es una auténtica barbaridad”, sostuvo Arcéiz, quien subrayó que los acuerdos no dependen de “unos pocos euros más o menos”, sino de su utilidad para mejorar la vida de los trabajadores.

Sin embargo, advirtió de que el recorte sí puede tener consecuencias estructurales. “Significa poner en riesgo un valor de Aragón que es único en nuestro país”, afirmó. Ese valor, explicó, se traduce en una red de más de 130 órganos de participación –desde servicios sociales hasta organismos de mediación laboral– en los que los agentes sociales intervienen de forma activa.

Un modelo que ha marcado la diferencia

Aragón ha construido durante casi cuatro décadas un modelo singular basado en acuerdos tripartitos entre Gobierno, sindicatos y patronal. Desde finales de los años ochenta, este sistema ha permitido gestionar crisis, impulsar políticas públicas y atraer inversión en un clima de estabilidad.

Ese contexto de concertación, que los sindicatos vinculan directamente con la “justicia social”, ha sido utilizado como argumento por distintos gobiernos autonómicos para posicionar la comunidad como destino empresarial. “Si algo teme el capital es la inestabilidad”, recordó Arcéiz. “Y aquí ofrecemos estabilidad porque hay acuerdos”, añadió.

Pina incidió en esa misma idea, aunque matizó el concepto de “paz social”: “El diálogo social no elimina el conflicto, pero ofrece herramientas para encauzarlo”, explicó. Entre ellas citó organismos como el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) o los mesas sectoriales, que permiten abordar problemas como la siniestralidad laboral o la formación vinculada a nuevas inversiones.

El temor de los sindicatos no se limita al recorte económico. También apunta al enfoque político del acuerdo de gobierno y a las posiciones de Vox, formación liderada por Santiago Abascal, que ha cuestionado en distintas ocasiones el papel de los agentes sociales. “Nos hubiera gustado que se pusiera en valor el diálogo social y no se ha hecho”, lamentó Pina. El pacto bipartito apenas incluye una mención a este modelo y lo hace, además, en términos regresivos.

Pese a ello, ambas centrales evitan dar por roto el sistema. Reclaman una reunión con el nuevo Ejecutivo aragonés una vez se constituya para evaluar el inicio de la legislatura y fijar prioridades. “Vamos a exigir que se mantenga”, aseguró el líder de CCOO. Lo que está en cuestión, sostienen, es uno de los elementos que han contribuido a la transformación económica de Aragón en los últimos años.

La comunidad se ha consolidado como un polo de atracción de inversiones gracias a factores tangibles, como la ubicación geoestratégica, la disponibilidad de suelo o el liderazgo en energías renovables, pero también por ese clima de estabilidad institucional que facilita la interlocución entre empresas y agentes sociales. “Muchas empresas nos dicen que es un factor diferencial”, apuntó Pina. La posibilidad de coordinar formación, empleo y necesidades productivas a través del diálogo social ha sido, según los sindicatos, una ventaja competitiva frente a otros territorios.

De momento, el mensaje sindical combina cautela y firmeza. No descartan que el diálogo social continúe, pero advierten de que su debilitamiento tendría consecuencias. “Nos vamos a negar a que desaparezca”, resumió Pina. El tiempo dirá si se cumplen sus peores prestagios o se mantiene un mecanismo que ha sido seña de identidad de la economia aragonesa.

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