La eólica se planta ante el pacto PP-Vox en Aragón: "Las restricciones pueden frenar inversiones y oportunidades"

El acuerdo entre PP y Vox para gobernar Aragón sigue generando reacciones más allá del debate político y el polémico concepto de "prioridad nacional". También en el ámbito empresarial y, en particular, en uno de los sectores donde la comunidad juega en primera división: el eólico. La industria del viento, clave en liderazgo energético de este territorio, considera que algunas de las medidas planteadas en materia de renovables introducen incertidumbre sobre el desarrollo futuro de nuevos proyectos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), principal patronal del sector en España, ha expresado sus reservas ante el compromiso de limitar la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en suelos productivos o de uso tradicional. En declaraciones a este diario, advierte que este tipo de planteamientos introduce elementos que pueden ralentizar el despliegue de una tecnología que es "palanca de seguridad y competitividad nacional para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo".

El punto de fricción está en el compromiso del Ejecutivo autonómico de “emplear todos los medios legales y administrativos necesarios” para evitar la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en suelos productivos, terrenos de uso tradicional o espacios con afecciones al patrimonio natural. Una declaración que, en el sector, se interpreta como un cambio de tono que podría traducirse en mayores restricciones.

“Introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo, sino que puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural", advierte Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE. El directivo subraya que el despliegue eólico debería situarse “al margen de posicionamientos ideológicos” como uno de los pilares de la estrategia energética nacional.

Un gigante eólico en el mapa energético

Las críticas llegan en un territorio donde la eólica es un actor protagonista. Aragón supera ya los 6.000 megavatios (MW) instalados y es la segunda comunidad autónoma en potencia y producción, solo por detrás de Castilla y León, que le duplica en superficie. En 2025, el viento volvió a ser el motor del sistema eléctrico aragonés, aportando cerca de la mitad de toda la generación.

El peso de esta tecnología ha sido determinante para que la comunidad alcance cifras récord de producción eléctrica -más de 22.000 GWh el pasado año- y para que las renovables sigan representando más del 80% del mix. También ha sido un factor clave en la atracción de inversiones industriales intensivas en consumo energético, como los centros de datos, que explican el fuerte repunte de la demanda eléctrica que se está produciendo en la comunidad -un 7% más en 2025 frente al 2,8% del conjunto de España-.

Uno de los argumentos centrales del acuerdo político -la protección del suelo productivo- es precisamente el que la patronal AEE rebate con más contundencia. “La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo”, defiende Márquez. “Permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”, asevera.

Desde el sector recuerdan que el desarrollo de un parque eólico está sometido a un proceso de tramitación que puede superar los siete años, con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales tanto a nivel autonómico como estatal. Un marco que califican de “extremadamente garantista” y que, aseguran, ya filtra aquellos proyectos que no cumplen con los requisitos de compatibilidad territorial.

Inversiones en juego y burocracia

La AEE pone el foco en el riesgo de que el endurecimiento del discurso político se traduzca en más incertidumbre regulatoria. “La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa basada en evidencia técnica”, insiste el director general, que aboga por “unidad de criterios” entre administraciones y por reducir cargas burocráticas sin rebajar las garantías ambientales.

Para el sector, cualquier freno en el ritmo de instalación puede tener efectos en cadena, desde la pérdida de inversiones hasta el encarecimiento de la electricidad o el debilitamiento del tejido industrial asociado. “Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”, concluye Márquez.

El endurecimiento de las condiciones a las renovables que propone el pacto PP-Vox llega tras unos años de despliegue acelerado de molinos y placas solares por montes y campos de Aragón, un proceso que ha ido acompañado de tensiones en parte del territorio. A la controversia social en algunas comarcas por la implantación de grandes centrales eólicas o fotovoltaicas se ha sumado la reciente investigación judicial abierta en torno a Forestalia, uno de los principales actores del sector en la comunidad.

Ese contexto ha alimentado un clima más crítico hacia las renovables, también a nivel político y entre partidos tan dispares como Teruel Existe, CHA o Vox. De hecho, las restricciones que ahora se plantean aplicar llevan al cuño de esta última formación. El viento seguirá soplando en Aragón, pero no está claro en qué dirección política.

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