El Gobierno Aragón se ahorrará dos millones al internalizar las liquidaciones de los registradores de la propiedad

El Gobierno de Aragón 'se separa' de los registradores de la propiedad y en un par de meses internalizará las liquidaciones de tributos que ahora llevan a cabo esos profesionales. Una medida que, defienden desde el Ejecutivo autonómico, tendrá un impacto positivo para las arcas autonómicas y no afectará al servicio que se ofrece a los ciudadanos, ya que existirán el doble de oficinas de atención al contribuyente para llevar a cabo estos trámites.

En el aspecto económico, el Gobierno de Aragón ha destinado en los últimos ejercicios más de 4 millones de euros anuales en pagos a los registradores por llevar a cabo liquidaciones en impuestos como sucesiones, transmisiones y actos jurídicos documentados. Los mismos cálculos de la DGA afirman que al internalizar el servicio, que asumirán funcionarios del Ejecutivo aragonés, el coste será de tan solo dos millones de euros. Un ahorro porque el sistema es "claramente ineficiente desde el punto de vista económico". Además, por el uso masivo de las liquidaciones automáticas -más del 90% de los trámites se registran de esta manera- hay oficinas que apenas datan ningún proceso de este tipo en todo el ejercicio.

La distribución territorial de las oficinas también mejora, según argumentan desde el seno del Gobierno de Aragón. En la actualidad, los registradores de la propiedad ofrecen este servicio en 25 localidades diferentes de la comunidad autónoma. El Ejecutivo aragonés empezará a tramitar las liquidaciones a comienzos de julio en las ocho Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón, que se encuentran en Jaca, Alcañiz, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Calamocha, Barbastro y Fraga.

El servicio llegará a más del doble de municipios que en la actualidad, con la intención de aprovechar "una red pública más amplia y capilar" al incorporar a las Oficinas Comarcales Agrarias y Alimentarias (OCAs) que se encuentran repartidas por toda la comunidad.

Sobre la atención a los contribuyentes, que son quienes pueden hacer uso de este servicio, el Gobierno autonómico garantiza que se llevará a cabo de forma presencial y que seguirán recibiendo la documentación que entreguen los ciudadanos y dando la misma atención básica que se ha dado hasta la fecha. Fuentes del Ejecutivo aragonés aseguran "un proceso ordenado y progresivo" de puesta en marcha del nuevo funcionamiento. En la actualidad hay ocho oficinas en prueba piloto, antes de que las casi 60 asuman la tarea a comienzos del mes de julio.

Fuentes del Gobierno de Aragón recuerdan que la decisión es "conocida y trabajada desde hace tiempo" por los profesionales implicados en la no renovación del convenio. Desde hace más de dos años y medio, los registradores habían sido advertidos de que el fin del modelo se acercaba y sabían que el plazo finaliza el próximo 30 de junio, "después de un último plazo adicional" y con la intención de "facilitar una transición ordenada".

Frente a las críticas emitidas por PSOE y Chunta Aragonesista hace unos días, en las que señalaban la posible pérdida de oficinas o la privatización, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que el paso que se empezará a dar en unas semanas es "una desprivatización del servicio" y una acción "coherente" con los trámites liquidadores, que hoy "se realizan por vía telemática", lo que ha reducido "sensiblemente el papel que tenían estas oficinas hace años".

Desde el Ejecutivo autonómico señalan que solo afrontan "un cambio de modelo". "Se refuerza el control público, se mejora la integración tecnológica, se amplía la red territorial, se gana en eficiencia y se evita un sobrecoste que ya no tiene sentido en el contexto actual", finalizan las mismas fuentes consultadas.