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Una campaña de la fruta entre la 'prioridad nacional' y la regularización extraordinaria: el campo aragonés necesita 25.000 temporeros

La recogida movilizará a 25.000 temporeros en Aragón para una cosecha de 600 millones de kilos con la necesidad de garantizar el alojamiento y la convivencia en las comarcas productoras

Un momento de la recogida de fruta durante la pasada campaña.

Un momento de la recogida de fruta durante la pasada campaña. / Asaja

David Chic

David Chic

Zaragoza

Con la maduración de la primavera llega el momento de pensar en la recolección de la fruta. En las primeras semanas de mayo se recogerán algunas cerezas y dará comienzo a una temporada que se extenderá hasta finales de septiembre. Meses de intensa labor agraria que cambian la vida y las relaciones sociales en las principales comarcas del sector. De hecho, se calcula que un «importante contingente» de unos 25.000 temporeros regresará de forma paulatina a los pueblos del Bajo Cinca, Valdejalón, Comunidad de Calatayud, Bajo Aragón, Cinca Medio o La Litera.

Los sindicatos agrarios calculan que el 80% de las personas que trabajen en la campaña de la fruta serán de origen extranjero, en su mayoría procedentes de países del cinturón del Sahel como Mali o Somalia. En Aragón la campaña espera recoger unos 600 millones de kilos de fruta, fundamentalmente cerezas, melocotones, nectarinas y peras. De hecho, la comunidad se ha consolidado como el gran productor de fruta de hueso de España. De este total de kilos unos 375 millones saldrán exclusivamente la zona del Bajo Cinca y las localidades limítrofes, tanto en Lérida como en Aragón.

Más allá de la propia recolección de la fruta en los árboles, el sector se prepara para la llegada de trabajadores que requieren de una mayor especialización en almacenes o logística. En medio de un clima político y social marcado por el debate entre la prioridad nacional de la ultraderecha y la regularización extraordinaria de migrantes, desde las entidades que trabajan en el terreno confían en que no se produzcan conflictos y en lograr la mano de obra necesaria para cubrir todos los puestos. De hecho, desde hace al menos tres años no se han producido conflictos en este sentido.

Pese a todo, el secretario provincial de UAGA en Huesca, Óscar Moret, señala que de cara a los próximos meses de campaña son necesarios «puntos en común» que permitan gestionar el impacto social de la actividad. «Es bueno diferenciar los problemas laborales de los problemas sociales», indica.

Albergue para temporeros en Fraga.

Albergue para temporeros en Fraga. / Miguel Ángel Gracia

Los friticultores recuerdan que el pasado año tuvieron que lidiar con un buen número de denuncias desde Inspección de Trabajo por los problemas que se ha encontrado con la duplicidad de documentación. Esto es, se contrataron a personas sin regularizar que llevaban papeles de otras que tenían permisos y que se encontraban trabajando en otros lugares. Por eso el sector espera que la regularización extraordinaria emprendida este mes puede facilitar el acceso al tajo a todos que lo necesitan. «Pedimos a todo el mundo que colabore para que todas estas personas puedan ser ciudadanos de pleno derecho y no solo para trabajar», asegura Moret.

Además, en los pueblos y capitales de referencia también solicitan un frente común que evite los problemas de exclusión social que hacen que las personas que no tienen trabajo ni alojamiento acaben durmiendo en la calle, una imagen que se ha repetido en Fraga, por ejemplo, en los últimos años. «Una cosa lleva a la otra», expresa Moret.

El responsable de fruta dulce de Asaja en Huesca Carmelo Casas, que también ejerce como vicepresidente de Expofrut que representa a los almacenes comercializadores de fruta del Bajo Cinca, destaca que la convivencia «siempre ha sido muy tranquila» y que esperan que se siga repitiendo en las próximas semanas. De hecho, no existen incidentes que se recuerden como sí que se han visto en el pasado en otros territorios de la península.

Infraviviendas

Por otro lado, asegura que no puede «poner la mano en el fuego» a la hora de garantizar una campaña de recogida en la que no se vean imágenes de personas durmiendo en la calle o de infraviviendas. «Lo que pedimos a la gente es que contraten con la cabeza, que se encarguen de ofrecer alojamientos, que no hace falta que sean hoteles de tres o de cinco estrellas, pero que sean conscientes de que es algo necesario y que trabajen con humanidad», afirma.

De hecho, en las diferentes comarcas las personas que están contratadas durante todo el año disponen de casas en las que viven durante todo el año. Por el momento la prioridad nacional no parece que tenga que producir problemas. «Nosotros estamos por la faena, lo que importa es que llevamos todo el invierno luchando para llegar a este momento y lo que queremos es garantizar trabajo y contratar fácil», zanja Casas.

Más allá del impacto socioeconómico que pueda producir, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo ha calificado esta semana el proceso regulatorio como «un acto de justicia con aquellas personas que han elegido nuestros pueblos para sus proyectos de vida, y que gracias a su esfuerzo mantienen la cadena productiva de un cultivo que requiere labores tanto en el campo como en los almacenes. Esas personas ahora van a contar con los mismos derechos y deberes que el resto de vecinos y vecinas».

Agricultura familiar

Una de las características de la organización agraria alrededor de la fruta es que se mantiene la propiedad familiar de las explotaciones, algo que se está perdiendo en otros frentes del campo (como la almendra, las oliveras, el pistacho, los servicios o la maquinaria) con la llegada de los fondos de inversión. «Nosotros hemos nacido en el terreno y nos hemos criado aquí, hemos aguantado con la fruta. Pero tenemos que decir que hemos aguantado porque nos hemos reconvertido y nos hemos reindustrializado a ser un poco más grandes, aunque sin dejar de ser parte del territorio», incide Casas.

Una opinión que corrobora a alcaldesa de Velilla de Cinca, María Belén Ibarz. En el pueblo son conscientes de que el sector ha cambiado y lo que antes era un panorama económico en el que predominaba la economía familiar en la actualidad ha mutado para necesitar «más mano de obra». Lo cual hace que en cada pueblo se tenga un incremento grande de personas que acuden a trabajar, por lo que piden mejorar la atención desde los servicios sociales y la Guardia Civil. El objetivo es mantener lo incidentes en denuncias puntuales. «Nosotros, en Velilla, hasta la fecha nunca hemos tenido ningún problema, el que viene con contrato es a trabajar, a sacar adelante la cosecha, y a dar la confianza suficiente a los agricultores, y necesitamos un equilibrio y adaptarnos los unos a los otros», concreta.

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