Educación abordará la gestión de las salidas extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca

Las salidas extraescolares, en el punto de mira. La recién nombrada consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha trasladado a los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial que trabajará en la gestión estas actividades, según han informado fuentes sindicales y confirmado desde la DGA. Susín, que desde hace una semana está al frente del departamento que antes lideraba Tomasa Hernández, ha mantenido este lunes sus primeros encuentros con CSIF, CGT, CCO, STEA y UGT, con los que hay varios frentes abiertos. Entre los principales, además de la regulación de estas salidas, la concertación del Bachillerato, por la que 17 entidades en defensa de la enseñanza pública han llamado a la huelga los días 19 y 20 de mayo y contra la que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en el que solicitan también la suspensión temporal de la orden.

A lo largo de la mañana, la consejera de Educación, que ya la semana pasada adelantó que recibiría a la comunidad educativa "a lo largo de los próximos días", ha recibido a CSIF, CGT y CCOO. Durante la tarde se ha reunido con STEA y UGT. Según han sostenido desde la federación de Enseñanza de CGT, Susín les ha trasladado que abordará el asunto de las salidas extraescolares después de que el sindicato insistiera en la necesidad de contar con una orden que las regule. Su petición llega a raíz de la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje escolar a Bélgica.

En concreto, desde CGT han indicado que la consejera ha abierto la posibilidad a elaborar unas instrucciones que puedan ser la base para, en un futuro, desarrollar normativa. Desde CSIF también han compartido que Susín les ha indicado que trabajará en las salidas fuera del aula. Desde CCOO Aragón, que puso en marcha una recogida de firmas para reivindicar una legislación que fije un marco normativo para las extraescolares, han trasladado a la líder del departamento la necesidad de contar con una normativa para garantizar la seguridad jurídica de los docentes en las extraescolares, y desde UGT le han instado a "dar una solución cuanto antes".

Una negociación pausada

Según han compartido desde UGT, Susín ha afirmado que trabajará en la gestión de las salidas extraescolares pero ha subrayado que será una negociación pausada para asegurar una normativa con garantías y trabajada de forma adecuada con los servicios jurídicos. Desde CCOO y CSIF han recordado que apuestan por una negociación de la normativa para que los profesores estén respaldados a nivel legal en casos de situaciones imprevistas o fuera de control en estas actividades extraescolares. No hay fecha concreta para abordar el asunto.

Desde STEA no han visto con buenos ojos esta negociación pausada sobre la gestión de las salidas extraescolares, y tras su encuentro con la consejera han denunciado una "falta de compromiso" por su parte para "abrir de inmediato la negociación de una norma" de la DGA que regule su gestión. El sindicato ha reclamado al departamento "una norma autonómica que establezca con claridad los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías jurídicas del profesorado" que participa en estas u otras actividades complementarias.

Por su parte, fuentes de la consejería han confirmado que se ha trasladado a los sindicatos que se trabajará en las salidas extraescolares, así como también se hará en otras cuestiones que están encima de la mesa. Susín ha mostrado así su disposición a atender el asunto, en el foco en las últimas semanas tras el caso del IES Ítaca. La consejera, que ha estado acompañada del Secretario General Técnico del departamento, Manuel Magdaleno, ha ofrecido la mano tendida a los sindicatos y ha compartido que la puerta de la consejería está "siempre" abierta.

Los sindicatos piden mayor seguridad jurídica

La regulación de las salidas extraescolares se ha convertido en protagonista en las últimas semanas después de que se conociera que están siendo investigados dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. A raíz de esta situación, organizaciones sindicales y docentes han reclamado mayor seguridad jurídica para el profesorado y al menos 45 centros de Aragón las han suspendido en solidaridad con los imputados y el instituto.

El profesorado de Aragón, a través de esta medida, busca también denunciar la desprotección jurídica que aseguran sufrir en las salidas fuera del aula. Los sindicatos reclaman una normativa desarrollada para que el profesorado esté cubierto legalmente ante accidentes o situaciones de gravedad inesperadas. Solicitan así normas que definan de forma clara hasta dónde y de qué modo son responsables las diferentes partes implicadas en estas actividades en cada caso. Los docentes han recordado que acuden a estas salidas de forma voluntaria y que estas no se les retribuyen económicamente.

Fuentes del Gobierno de Aragón ya explicaron que los profesores asumen de forma voluntaria participar en estas salidas extraescolares, para las que, aseguraron, no hay regulación en ninguna comunidad. En esta línea, informaron de que los docentes están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, como extensión del aula que es. La clave del debate está en que estas pólizas no cubren posibles negligencias graves, y es esto lo que la Audiencia Nacional tratará de aclarar sobre el caso del IES Ítaca: si se produjo o no negligencia.

En concreto, en el caso del Ítaca, la Audiencia Nacional va a juzgar por un posible delito de homicidio imprudente a dos docentes del instituto después de que la familia del alumno fallecido les acusara de abandonar al estudiante, que sufría una indisposición, en la habitación del hotel en el que se alojaban.

Desde el Departamento de Educación explicaron que el Gobierno de Aragón prestó ayuda jurídica a los docentes del Ítaca "hasta que ya no se pudo porque había conflicto de intereses", como se realiza en todos los casos. Asimismo, informaron de que el Ejecutivo aragonés asumió su responsabilidad patrimonial e indemnizó a la familia del alumno fallecido, que en aquel momento se reunió con la entonces consejera del área educativa, Tomasa Hernández.

Respecto al suceso del Ítaca, fuentes de Educación sostuvieron que un informe del Consejo Consultivo certificó que concurrió un lamentable e inexcusable funcionamiento anormal de los servicios públicos educativos y que se desatendió el deber de cuidar de los estudiantes, algunos menores de edad, y se pidió disculpas por ello. Añadieron que, por esto, la familia no ha pedido una responsabilidad civil y ha decidido actuar contra lo penal.

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