Las claves del recurso que amenazan con frenar la concertación del Bachillerato en Aragón: de la "celeridad" de la cautelar a las vacantes en los centros

El tiempo juega un papel fundamental. Hay 17 entidades defensoras de la escuela pública, entre ellas federaciones, organizaciones y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa, que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la orden que posibilita concertar el Bachillerato a partir del próximo curso. Además, han presentado también una cautelar porque consideran "urgente" frenar esta medida para evitar un "perjuicio irreparable" a sus intereses. Fundamentan su decisión de impugnar la norma, que es una modificación de otra publicada en noviembre, en que presenta "indicios de antijuridicidad". Y de ahí, y sobre todo de las consecuencias que consideran que podría conllevar, que urjan su suspensión.

Las entidades en defensa de la escuela pública fijan primero la vista en el lunes 15 de junio, que según explican es la fecha en la que se deben publicar las vacantes de la etapa (no obligatoria) de Bachillerato, para explicar el porqué de esa "urgencia" en suspender la medida. Desde las organizaciones argumentan que, si el TSJA estimara su recurso contencioso-administrativo sin que la cautelar les hubiera sido concedida, se perdería la finalidad del mismo porque la concertación sería "una realidad ya consumada" y ello "podría ocasionar un daño irreversible". Por ello, las organizaciones han convocado también huelga los días 19 y 20 de mayo en Aragón.

En concreto, Nieves Burón, secretaria técnica de la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Aragón (Fapar) que este miércoles ha ejercido de portavoz de las 17 entidades durante una protesta en defensa contra esta concertación en el CPI Rosales del Canal de Zaragoza, ha defendido que, si no se concede la cautelar, una vez se resuelva el recurso ya habrá habido afecciones en la escuela pública. Como ejemplos ha citado "posibles cierres de unidades, desplazamiento de docentes, alteraciones de la plantilla y una modificación total de la planificación educativa". En este argumento, entre otros, basan su solicitud de suspender de forma "urgente" la orden.

La escuela pública también justifica la celeridad en frenar la concertación del Bachillerato en casos previos, de hace una década, en los que fueron concedidas cautelares con este mismo objetivo. Cabe recordar que en torno al año 2013, organizaciones como CGT, STEA Izquierda Unida y Marea Verde ya interpusieron un recurso contra los conciertos educativos en las aulas de colegios privados que no alcanzaban las ratios establecidas en la normativa y denunciaron casos como concretos como el del colegio San Gabriel de Zuera. En 2017, la Justicia sí aceptó una suspensión temporal de la medida en este y otros centros en clases de 3 años.

Burón ha indicado que es eso lo que solicitan las entidades, "que se mantenga la situación" como está. "Si la resolución no es estimatoria, no pasa nada, se retomará (la medida) cuando haya sentencia. Pero si es estimatoria, el daño que se habrá causado a la pública será irreparable", ha insistido.

Una "habilitación general" a concertar el Bachillerato

Además de en estos puntos, la escuela pública urge frenar el Bachillerato concertado porque consideran que la modificación de la orden que lo posibilita "abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias". Burón ha subrayado que el recurso no carga contra la posibilidad de conveniar esta etapa no obligatoria, sino contra "los términos" en los que se ha planteado. La representante de Fapar ha desarrollado que la norma ECD/515/2026 avala una "concertación general", vulnerando así la normativa básica que admite que existan los "conciertos singulares" en las enseñanzas postobligatorias.

Burón ha subrayado que una concertación singular atiende a "necesidades puntuales", mientras que "dar amparo a esta posibilidad de forma general, hacerlo extensivo a todos aquellos centros que lo quieran solicitar, convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que en este momento es privada". Como ejemplo, que la orden establece que los conciertos educativos que ella posibilita tendrán una duración de seis años. Es decir, hasta el curso 2031-2032. "Estamos hablando de hipotecar o de condicionar la oferta educativa mínimo durante esos seis años", ha señalado.

Los tres puntos clave en los que se basa el recurso

Más allá de la cautelar, el recurso contencioso-administrativo se basa en tres puntos fundamentales con los que las 17 entidades argumentan su petición de anular la orden. El primero, que la norma fue dictada por un Gobierno, el de Jorge Azcón (PP), en funciones. Las organizaciones aseguran que ello limita la actuación del Ejecutivo y le "impide aprobar o autorizar convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la comunidad".

Educación cifró el coste de aplicar esta medida el próximo curso en 7 millones de euros y explicó que, para poder hacer frente a ella, y dado que el presupuesto de la comunidad está prorrogado, se va a modificar el presupuesto plurianual de la concertada, que se aprobó en 2025 y que sigue hasta 2031. El nuevo Gobierno de Aragón PP-Vox recoge en su acuerdo la implantación de los conciertos en esta etapa educativa. Las entidades aseguran que "el hecho de que se haya constituido" el poder ejecutivo "no sana ni convalida el vicio". "El vicio quedó producido en el momento de su aprobación", sostienen.

En esta línea, las 17 entidades defienden que la orden "incrementa el crédito presupuestario de un presupuesto prorrogado" apoyándose en la orden que regula la prórroga presupuestaria y "establece límites expresos" como que "no puede suponer, en ningún caso, un incremento de la cuantía total de los créditos y dotaciones iniciales del presupuesto prorrogado respecto de los aprobados para dicho ejercicio".

Las vacantes en Bachillerato

El tercer punto en el que ponen el foco es en las vacantes. Las entidades exponen que hay plazas sin cubrir en el Bachillerato de los centros públicos y también de la mayoría de los que ya lo tienen concertado, que son ocho. Respaldan el argumento en el artículo 109 LOE, que exige que "la programación educativa garantice una oferta suficiente de plazas públicas, tena en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los privados concertados (...)". También hacen referencia al 116 de la LOE, que "vincula el acceso al concierto a la satisfacción de necesidades de escolarización", entre otros.

Por todo ello, las entidades, algunas de las cuales ya se han reunido con la nueva consejera de Educación, Carmen Susín, y han celebrado una voluntad de la popular de escuchar sus demandas pero lamentado que parezca seguir adelante con los conciertos, respetando así el proceso judicial, han llamado a la comunidad educativa a la huelga la semana que viene los días 19 y 20 de mayo. Marea Verde ha apoyado los paros, durante los que tendrá lugar, en la primera jornada, una concentración ante el departamento de Educación y, en la segunda, una manifestación estudiantil a las 12.00 horas y otra a las 18.30 horas a la que está convocada toda la ciudadanía.

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