El Gobierno de Aragón aún otorgará 2.500 viviendas públicas antes de aplicar la "prioridad nacional" del pacto con Vox
El desarrollo del Plan Aragón más Vivienda continúa, pero todas las promociones que se construirán en los próximos tres años procedentes de la pasada legislatura no pueden modificar sus requisitos

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de la promoción de 640 vivienda en Miralbueno y Rosales del Canal. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El pacto de gobernabilidad firmado por el Partido Popular y Vox para los próximos cuatro años en Aragón habla de establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y de alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional" con sus primeros avances "a lo largo de 2026". Es una de las directrices que marca el acuerdo de la derecha y la ultraderecha para gobernar Aragón y que fue destacado por sus firmantes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, como una de las principales novedades que incorporará esta nueva experiencia de Gobierno de coalición.
Pero el contenido del acuerdo se topará, de momento, con una realidad firme, y es que los pliegos de las promociones de viviendas públicas ya impulsados por el Ejecutivo aragonés en la pasada legislatura -y que están pendientes de construcción y de entregarse a sus futuros inquilinos a lo largo del presente mandato- no pueden cambiarse. Por lo tanto, según confirman también desde el Departamento de Vivienda, Fomento y Logística que dirige el consejero Octavio López, la aplicación de ese principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda pública tardará en llegar todavía unos años a la práctica de la política de vivienda aragonesa.
Así se desprende, también, del hecho de que los pliegos que introducen los requisitos de los futuros beneficiarios de esas viviendas de alquiler pensadas para facilitar la emancipación de más de 47.000 jóvenes y familias en Aragón ya están redactados e incluyen algunos criterios de arraigo que, previsiblemente, se verán endurecidos en los futuros proyectos que lleven el sello del Gobierno PP-Vox. O al menos, así está previsto en el pacto.
Hasta entonces, el nuevo Gobierno seguirá inaugurando promociones de viviendas de alquiler para jóvenes basadas en la fórmula de la cesión de suelos para uso demanial por parte de los ayuntamientos y la posterior gestión por parte de inversores privados sin contar con esos requisitos reforzados pensando en priorizar a quienes tengan un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio", como reza el texto del acuerdo de gobernabilidad.
De hecho, se estima que en los próximos dos años se sigan poniendo en marcha las promociones previstas en la ciudad de Zaragoza que supondrán la construcción de más de 2.500 viviendas en distintos barrios, sin tener en cuenta la "prioridad nacional".

El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, este lunes. / MIGUEL ANGEL GRACIA
Cuatro lotes pendientes de construir hasta 2029
En concreto, además de la promoción de 640 viviendas en los barrios de Miralbueno y Rosales del Canal que se presentó el pasado lunes, con la colocación de la primera piedra por parte de las autoridades del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, también verán la luz otros edificios pensados para alquiler asequible que no cambiarán sus requisitos de acceso.
Se trata de las 608 viviendas previstas en Actur y Valdespartera que forman parte del lote 1 (el primero que se adjudicó y del que ya se puso la primera piedra en julio de 2025 y que está previsto que estén concluidas a principios de 2027. En concreto, en una parcela de la avenida María Zambrano se están construyendo 220 viviendas, y en dos parcelas de las calles La Quimera de Oro y Los Pájaros, de Valdespartera, se edificarán 194 en cada una (388 en total).
En estos pisos, el pliego de condiciones establece que la persona arrendataria deberá estar empadronada o haber estado empadronada en el municipio de Zaragoza durante dos de los últimos 5 años, y que se reservará el 80% de las viviendas disponibles para jóvenes menores de 39 años. Estos requisitos también se repiten en el lote presentado este lunes y en los otros dos ya impulsados.
Sin embargo, el pacto plantea que ese "arraigo real, duradero y verificable con el territorio" se contemple con un empadronamiento en Aragón y en España de mínimo 10 años para la compra de una vivienda pública y de 5 años para el caso del alquiler. Es decir, supodría más que duplicar los requisitos de empadronamiento actuales y que priman en los lotes lanzados hasta ahora que implicarán la construcción de más de 2.500 viviendas en la ciudad de Zaragoza.

Colocación de la primera piedra de las viviendas del Actur y Valdespartera. / GOBIERNO DE ARAGÓN
El listado se completa con el lote 3, otras 496 viviendas entre la Avenida Cataluña y el Picarral. En este caso, la empresa Avintia Desarrollos Inmobiliarios será la concesionaria por un plazo de 75 años. Se trata de 496 viviendas, 319 garajes y 131 trasteros que se edificarán sobre dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón en la Calle Luis Pinilla Soliveres (Picarral) y en la Avenida de Cataluña y que se adjudicaron en diciembre de 2025. Según las previsiones del departamento de Vivienda, la primera piedra de estas construcciones podría ponerse este mismo verano, y la concesión a los primeros vecinos llegaría unos dos años después.
Por último, en el lote 4 de los previstos para la ciudad de Zaragoza, y que supondrá la edificación de 440 pisos en el entorno de Parque Goya, está previsto que sea adjudicado en breves fechas. Así, la primera piedra podría colocarse hacia finales de 2026 o el primer trimestre de 2027, lo que llevaría el final de la construcción y el otorgamiento de viviendas a los inquilinos para principios de 2029. A todos ellos se suman los 336 estudios para jóvenes de la residencia Aloha Pirineos, que también prima el perfil joven. En total, por lo tanto, se pondrán en el mercado todavía 2.500 viviendas públicas en la ciudad de Zaragoza antes de aplicar los nuevos criterios de arraigo y la "prioridad nacional".
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