La ultraderecha ya se impone en las Cortes de Aragón: sale adelante una proposición contra la regularización de migrantes con los votos de Vox y el PP

La nueva mayoría en las Cortes de Aragón ya se deja notar en las votaciones del parlamento autonómico. Así, en el pleno de este jueves ha salido adelante una proposición no de ley de la ultraderecha, con el apoyo del PP, en la que se pide "rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de ministros". Los populares han presentado dos enmiendas a la redacción inicial de Vox. El resto de grupos presentes en la cámara ha votado en contra.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado de Vox David Arranz. En ella se sustenta el concepto de prioridad nacional ligado a sostener un discurso de odio. De este modo se califica a los migrantes que no tienen empleo "como un lastre para el estado de bienestar de los españoles" y les acusan de "vivir de las ayudas sociales". Así, el texto aprobado emplaza al Gobierno de España a "auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años" y proceder a la repatriación de todos los inmigrantes "que accedan ilegalmente a nuestra nación", así como la repatriación "de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen".

También han instado a deportar a "cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya". En la redacción de la proposición la palabra nación figura con ene mayúscula. Además, los ultras afirman que el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales "estará condicionado a sus años de cotización".

Con los votos de los partidos de la derecha las Cortes de Aragón han manifestado que "ante el contexto creado por las políticas en materia de inmigración del Gobierno de España", que afectan a la "seguridad, empleo, vivienda y otras cuestiones fundamentales como el acceso a los servicios públicos esenciales", es necesario "poner fin a políticas con efecto llamada".

El parlamento ha abogado por "implementar una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres".

Ayudas sociales

Con la aprobación de esta proposición, ligada a la prioridad nacional, los diputados también piden al Ejecutivo central que suprima "toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales" que han entrado "vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen".

Asimismo, han apostado por "eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores" y "acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".

Suprimir el arraigo

Además, la cámara ha instado a "realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a España (los de Vox hablan de "nuestra Nación") y llevar a cabo "las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo".

La proposición no de ley incluye la exigencia de "promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación a las obligaciones con el padrón municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse".

Igualmente, los votos del PP y de la ultraderecha reclaman que el Gobierno de España "adapte de manera inmediata a la legislación nacional, el nuevo reglamento europeo de retornos aprobado en el Parlamento Europeo, orientado a endurecer la política migratoria" y "suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales".

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