Admitido a trámite el recurso de la escuela pública contra la concertación del Bachillerato en Aragón

Nuevo movimiento. Este viernes ha sido admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la concertación del Bachillerato que interpusieron 17 entidades defensoras de la escuela pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Ahora, las organizaciones se mantienen a la espera de que se resuelva el fallo de las cautelares que han solicitado para frenar de forma "urgente" la modificación de la orden que posibilita la concertación de esta etapa no obligatoria. Señalan que será "en los próximos días". También en los próximos días, más en concreto el 19 y 20 de mayo, los profesores irán a la huelga por esta y otras razones.

Según informaron las entidades, además de recurrir la orden, han solicitado cautelares porque consideran "urgente" frenar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso escolar en Aragón para evitar un "perjuicio irreparable" a sus intereses. Más, cuando el tiempo juega un papel clave, con el año lectivo está cerca de llegar a su final y el 2 de julio se abrirá el plazo para que las familias aragonesas soliciten plaza en Bachillerato. La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha trasladado que la DGA mantiene "al 100%" el propósito de implantar este convenio el curso que viene, pero ha remarcado que respetarán la decisión de la justicia.

Las entidades defienden que, si el TSJA estima su recurso, ahora admitido a trámite, sin que la cautelar les haya sido concedida, se perderá la finalidad del mismo porque la concertación será "una realidad ya consumada" y ello "podría ocasionar un daño irreversible". Apuntan a efectos como "posibles cierres de unidades, desplazamiento de los docentes, alteraciones de las plantillas y una modificación total de la planificación educativa". "Si la resolución no es estimatoria, no pasa nada, se retomará (la medida) cuando haya sentencia. Pero, si es estimatoria, el daño que se habrá causado a la pública será irreparable", sostuvo Nieves Burón, secretaria técnica de Fapar, en nombre de las 17 entidades.

La cautelar es la herramienta a la que han recurrido las entidades para frenar de forma "urgente" una medida, la de concertar Bachillerato, que rechazan férreamente por "los términos" en los que se ha planteado. Aseguran así que su rechazo no es contra concertar, sino contra llevar a cabo esta medida cuando es "innecesaria" porque existen vacantes en Bachillerato en los centros públicos y también en la mayoría de los que ya tienen esta etapa concertada en Aragón, que son 8.

La escuela pública asegura que la modificación de la orden que posibilita concertar el Bachillerato a partir del próximo curso en Aragón "abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias" y no responde a "necesidades puntuales". Critican que de esta forma se "convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que es privada". Como ejemplo ponen que los conciertos educativos que posibilita la orden tendrán una duración de seis años.

Además de por sus "términos" y sus consecuencias, las entidades han recurrido ante el TSJA la modificación de la orden por la manera en la que se presentó: con el Ejecutivo en funciones y el presupuesto de la comunidad prorrogado. Con apoyo legal, las organizaciones defienden que la norma presenta "indicios de antijuridicidad" y consideran que el hecho de que ya se haya constituido Gobierno "no sana ni convalida el vicio". "El vicio quedó producido en el momento de su aprobación", sostienen.

Durante la anterior legislatura, desde Educación indicaron que, como el presupuesto de la comunidad está prorrogado, para poder hacer frente a la medida se modificaría el presupuesto plurianual de la concertada, que se aprobó en 2025 y que sigue hasta 2031. Además, desde la DGA han insistido en que la concertación del Bachillerato estaba recogida en el programa electoral del PP de 2026 y que, por tanto, es una medida respaldada por el resultado de las urnas y recogida en el acuerdo PP-Vox.

Además de las medidas legales, en las últimas semanas, las 17 entidades en defensa de la escuela pública han llevado a cabo acciones de protesta como movilizaciones en los colegios e institutos o asambleas informativas en los barrios acerca de la concertación del Bachillerato. Además, representantes de los sindicatos escenificaron una lluvia de dinero este jueves en las Cortes de Aragón cuando el presidente Jorge Azcón intervenía para hablar sobre este convenio en el que fue el primer pleno ordinario de la nueva legislatura (XII). Las entidades incidieron así en su rechazo a esta "desviación de dinero público" en una acción más que sirvió de antesala para la huelga educativa que vivirá Aragón la próxima semana. En ella también se reclamará un marco jurídico que respalde al profesorado en las salidas extraescolares.