Las cuentas y los cuentos de la concertada

A Jorge Azcón no le faltan argumentos para defender la concertación del Bachillerato que su Gobierno, en alianza con Vox, pondrá en marcha el próximo curso 2026-2027 salvo que el recurso presentado ante la Justicia por las familias de la pública se lo impida. La «legitimidad» que le dan las urnas, el hecho de que esta haya sido una promesa reiterada, que ya recogía su programa electoral, que intentó implementar antes de convocar las elecciones autonómicas anticipadas y que confirmó estando en funciones, no hace sino darle fuerza. Además, le acompañan la convicción de implantar un modelo educativo basado en lo que en el Partido Popular califican de «libertad de elección de las familias», o en la «igualdad» entre los distintos modelos de enseñanza sostenidos con fondos públicos. Y cuenta con la baza extra de haber mejorado en casi 150 millones la financiación de la educación pública en los tres años que lleva en el Gobierno de Aragón. Casi 150 millones más de los que puso en el último presupuesto el último presidente socialista de la comunidad autónoma, Javier Lambán.

Enfrente, la oposición de izquierdas ha hecho suyo el mensaje de las plataformas en defensa de la escuela pública: «Dinero público para la educación pública». Pero, especialmente, el PSOE de Pilar Alegría tiene por delante un buen trabajo de refuerzo de sus argumentos para no hacer aguas después de tender la mano a Jorge Azcón para aprobar un presupuesto de 2026 que, precisamente, recogía la concertación del Bachillerato como una de sus medidas estrella y más urgentes.

Hay pocos frentes en los que la batalla ideológica y política se dirima con más claridad. Dos modelos distintos que se defienden con toda la fuerza que les da tener detrás a miles de familias –las de la pública, o las de la concertada– que claman por mejorar sus derechos en un sector fundamental para sus hijos y para el futuro del país. Pero dígase de paso: cualquier incremento presupuestario se queda pequeño ante las necesidades crecientes de la educación en mayúsculas. Faltan recursos, muchos, en los colegios e institutos públicos. En personal docente y auxiliar, en infraestructuras, en innovación, en bilingüismo. Y faltan recursos también en los centros ya concertados a los que asisten más de 50.000 alumnos en todo Aragón, la mayoría de ellos en Zaragoza.

Pero no todos los argumentos de unos y otros relucen y se sostienen por igual. Al PP le sobran razones para sacar pecho por su mejora presupuestaria de la pública. Luego se podrá hablar del nivel de ejecución de algunos de sus proyectos. También va sobrado de convicción ideológica. «Justicia, equidad, igualdad y libertad de elección de las familias», repiten. Sin embargo, queda un resquicio donde ese mensaje por la concertada se tambalea. ¿Dónde quedan la justicia, la equidad, la igualdad y la libertad de elección de las familias en el medio rural? ¿Cómo se puede hablar de igualdad, de equidad o de justicia en una medida que, de entrada, solo llega a la mitad de la población aragonesa? Y dirán, ¿y por qué no aplicarlo donde sí que se puede? ¿Y por qué no pensar en todos, y no solo en algunos?

En el pleno celebrado el pasado jueves, la portavoz del PP, Ana Marín, llegó a hablar de la «humillación que sufren esos padres que tienen que decirles a sus hijos que tienen que cambiar de colegio porque no les pueden pagar el Bachillerato». Un drama cambiar de colegio a los 16 años, una vez acabada la etapa obligatoria. Sobre todo si se compara –entiéndase la ironía– con esos chicos y chicas de 11 y 12 años que tienen que salir también de su colegio «de toda la vida», de su pueblo, y tienen que coger un autobús (solos) durante varios kilómetros para llegar al instituto más cercano, con otros profesores y otros compañeros. Esta es la realidad de miles de estudiantes aragoneses que no tienen «libertad de elección» si quieren proseguir con una educación que sí es obligatoria.

Lo que en el entorno rural se asume como un paso natural, que forma parte de la maduración y el crecimiento de los alumnos, y para el que no hay elección, se presenta ahora casi como un drama para los alumnos de la concertada que no pueden pagar el Bachillerato privado. Este cambio costará, según la estimación del Gobierno de Aragón, 19 millones de euros anuales. Casi es previsible que el presupuesto para la pública crecerá lo mismo, o más, para no quitarle fuerza al PP ni dar más argumentos a quienes claman por mejoras en la educación pública, la que abre sus puertas para todos, vivan donde vivan.

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