El Supremo declara nulo el decreto para instalar plantas fotovoltaicas en los embalses por un recurso del Gobierno de Aragón

Nueva victoria en los tribunales para el Gobierno de Aragón frente al Ejecutivo central. El Tribunal Supremo ha estmiado el recurso interpuesto por la DGA contra el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, anunciado por la exministra Teresa Ribera, que apostaba por la colocación de plantas fotovoltaicas en los embalses españoles, incluidos los aragoneses. Una medida del verano de 2024, contra la que el Gobierno de Jorge Azcón presentó un recurso unos meses después. Ese escrito es el que el Alto Tribunal ha utilizado para declarar nulo el decreto. La vicepresidenta del Gobierno aragonés y consejera de Justicia, Mar Vaquero, ha celebrado la resolución del Supremo para "frenar una medida que no tenía justificación y que se había materializado de forma errónea".

En la sentencia, el Supremo resume que "no se puede prescindir del trámite de consulta pública al no tratarse de una norma presupuestaria ni organizativa ni ejercicio de la potestad reglamentaria por tramitación urgente". Así, el Alto Tribunal declara "nulo de pleno derecho por no ser conforme a derecho" el decreto impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica. Según el anuncio realizado por el Gobierno central hace casi dos años, la estimación era que estos solares flotantes pudieran ocupar hasta el 15% de la superficie de los embalses de Aragón.

La norma establecía el régimen al que había de estar sometida la instalación de las plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas, cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, y por el que también se modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

A juicio de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, se vulneraban los principios de necesidad y seguridad jurídica y también los de transparencia, "dado que solo se publicaron en el Portal de Transparencia el proyecto, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el dictamen del Consejo de Estado, por lo que se omitió el resto de informes y dictámenes preceptivos".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció en 2024 la intención del Ejecutivo aragonés de crear una normativa que restringiera la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses aragoneses.

Al respecto, el Gobierno aragonés consideraba la instalación de placas fotovoltaicas sobre las aguas una medida con un impacto medioambiental negativo y nociva para el desarrollo económico, turístico y cultural de la comunidad, además de generar un importante perjuicio a los regantes.

"Una medida que no tenía justificación"

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo, que “estima todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para revertir una decisión política carente de razón”.

“Los aragoneses exigen al Gobierno de Aragón que les defienda ante aquellas decisiones que menoscaben sus derechos o que supongan un grave perjuicio para los ciudadanos de nuestro territorio. Y eso es exactamente lo que hemos hecho: ampararnos en la Justicia para frenar una medida que entendíamos que no tenía justificación y que se había materializado de forma errónea”, ha añadido.

También ha puesto en valor que el fallo del Tribunal Supremo coincide con una de las recomendaciones aprobadas por unanimidad en el pleno de las Cortes de Aragón como conclusión de la Comisión de Investigación sobre las Energías Renovables, en la que se instaba al Gobierno autonómico a no autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses de la comunidad ni tampoco en el Plan Energético de Aragón.