Elma Saiz defiende en Zaragoza la "absoluta normalidad" y la legitimidad de la regularización extraordinaria

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respaldado con firmeza el desarrollo del procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras durante una reunión con entidades sociales en la Delegación del Gobierno de Aragón. Tras mantener un encuentro con representantes de sindicatos, patronal, entidades sociales y el Colegio de Abogados, la responsable estatal ha calificado todo el proceso como un "hito de la legislatura" y ha destacado que avanza "según lo previsto".

Frente a las dudas sobre la gestión de los plazos, la ministra ha insistido en que el proceso, que permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, se está desarrollando bajo una "absoluta normalidad". En todo caso, ha reconocido la existencia de colas puntuales en algunas oficinas debido a la alta demanda inicial. "La palabra que ha sobrevolado la reunión es que el procedimiento va según lo previsto y con total normalidad", ha considerado.

La ministra ha sido contundente con la gestión de las administraciones del PP en la comunidad. "En algunos territorios se han puesto piedras en el camino mediante trabas burocráticas", ha expresado en relación a las colas que se han visto en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para contextualizar la importancia de la medida, Saiz ha destacado el peso de la población migrante en el mercado laboral español al considerar que los trabajadores extranjeros ya representan el 14,7% del total de los ocupados en el país. "Cuando la política da respuesta a los derechos y a una demanda social para mejorar la vida de la gente, esta es la buena política", ha señalado.

Finalmente, la ministra ha considerado que esta reforma del reglamento de extranjería se encuentra dentro de una estrategia migratoria integral. "España es un ejemplo y un faro en la gestión migratoria basada en los derechos humanos", ha defendido ante las entidades de inclusión.

"Estamos bastante contentos"

Desde la Fundación Federico Ozanam, José María Lamana ha señalado que han trasmitido a la ministra que están "bastante contentos" de cómo está yendo el proceso, que comenzó con un "tapón" en un primer momento con los certificados de vulnerabilidad, que ya se ha "normalizado".

La Fundación, que ha hecho este miércoles el certificado número 3.000 y está tramitando directamente la documentación de unas 300 personas, ha mostrado su inquietud respecto a los tiempos de respuesta una vez presentada la documentación, así como las dificultades puntuales con la obtención de papeles procedentes de determinados países, que la ministra se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otra de sus preocupaciones es sobre las personas que pudiendo acudir a este proceso no han accedido a esta información, especialmente en el entorno rural, para lo que Lamana ha recomendado que acudan a los servicios sociales como primer punto de contacto, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que la información llegue a todo el mundo.

Por su parte, Julia Ortega, de Accem Aragón y en representación de las entidades, ha mostrado su agradecimiento "por la sensibilidad y valentía" para llevar a cabo esta "demanda" social. Entre todas las organizaciones que participan en el proceso ha estimado que en Aragón se han atendido unas 6.000 personas hasta la fecha.

Como dificultades prácticas ha explicado el reto que supone conseguir, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales de origen en países en los que no existe esa documentación o el desconocimiento generalizado sobre qué documentación es válida para extranjería.

Accem ha orientado su esfuerzo a la formación e información con talleres para que los asistentes puedan hacer el proceso por sus propios medios, explicando que en muchos casos —como cuando hay menores o mayores a cargo en el territorio— no es necesario el informe de vulnerabilidad, y que la residencia puede acreditarse con remesas, citas médicas o ingresos hospitalarios, entre otros documentos.

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