El Gobierno de Aragón prevé un Presupuesto con "subidas importantes" y rescata "el frente común" por la financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha iniciado este martes la ronda de comparecencias de los miembros del Consejo de Gobierno de Aragón para presentar las líneas maestras de la legislatura. Al frente del mismo departamento, el popular ha reivindicado "la continuidad" en su área y ha garantizado que el Presupuesto de 2027, el primero que aprobará el actual Ejecutivo autonómico, tendrá "subidas importantes" en las áreas más sociales de las cuentas. Bermúdez de Castro ha rescatado "el frente común" para la reforma de la financiación autonómica, ha reivindicado la rebaja fiscal pactada por PP y Vox y se ha puesto el objetivo de aprobar una nueva ley de Función Pública en este ciclo político.

El jefe de la Hacienda pública aragonesa ha calificado de "obligación" la aprobación de un Presupuesto cada año y ha defendido que las cuentas son "el instrumento que hace cumplir los compromisos políticos y dar respuestas a los ciudadanos". Bermúdez de Castro se ha fijado ya en las cuentas de 2027 y ha afirmado que para las actuales, las prorrogradas desde 2024, se harán "las modificaciones presupuestarias necesarias para acabar el Presupuesto con normalidad". El consejero ha anunciado que habrá importantes intervenciones en los capítulos 1 de Sanidad y Educación y que en los próximos días "se aprobará un decreto ley con las subvenciones nominativas y la subida salarial de los funcionarios".

El consejero de Hacienda se ha comprometido a mantener "el control del gasto" y ha puesto en valor la aceleración del pago a proveedores, que en el caso de la comunidad se sitúa en los 25 días: "Una de las comunidades mejor pagadoras". Aunque ha señalado que el contexto internacional es complicado y hay que "adaptarse" a esas circunstancias, Bermúdez de Castro espera desarrollar su rebaja de impuestos en busca de "un marco fiscal justo" e impulsar ayudas para determinados colectivos, sobre todo en el acceso a la vivienda. El responsable de Hacienda ha avanzado que se desarrollará una nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, "que está desactualizada", y el impacto en las arcas de los impuestos medioambientales. Aquí ha añadido un comentario sobre posibles ingresos por tributos eléctricos vinculados a la instalación de los centros de datos en Aragón.

Sobre la financiación autonómica, Bermúdez de Castro se ha mantenido en el posicionamiento de que el Gobierno aragonés no quiere ser "ni más ni menos que ninguno" y ha vuelto a lanzar la opción del "frente común" a nivel social y político para marcar la posición aragonesa sobre la reforma del sistema de reparto de fondos. Una vez más, el consejero de Hacienda ha resaltado "la orografía, la despoblación y el envejecimiento" como tres variables correctoras para lograr "una financiación justa" para Aragón. El popular ha dado por hecho que "en poco tiempo, al final de la legislatura, la comunidad será aportadora neta al sistema común".

Bermúdez de Castro apenas ha entrado en la parte de Interior, "que funciona muy bien, pero siempre hay que mejorar", porque ha anunciado que solicitará una futura comparecencia para hablar solo de la gestión de las emergencias. El consejero también ha reivindicado la tranformación digital y el uso de la inteligencia artificial en más procesos que realizan los funcionarios, con la intención de aligerar su trabajo.

En la oposición

Óscar Galeano sigue siendo el portavoz del PSOE en el área de Hacienda y ha criticado “el día de la marmota” en el que vive el Gobierno de Jorge Azcón con “las comparecencias que dicen lo mismo cada año cuando los aragoneses exigen estabilidad e impulso”. Galeano ha ironizado con la falta de Presupuestos en el Gobierno central, “antes de que lo digan en el PP”, pero ha criticado que en las Cortes “se habla de Aragón” y ha animado a Bermúdez de Castro a fijarse en “el cuatripartito de Lambán, que sí aprobó sus cuentas”.

El socialista se ha preguntado si “las modificaciones presupuestarias se harán al gusto de Vox” y ha reclamado la ley de función pública “que ya estaba hecha” y ha deseado que se acuerde con los sindicatos. Sobre la financiación autonómica, Galeano ha criticado que ahora el PP convive en el Gobierno con Vox, “un problema en su casa porque es el único partido que planteaba un texto absolutamente alternativa al que iba a trabajarse en esta casa”.

Verónica Villagrasa, portavoz de Chunta en esta comisión, ha pedido al consejero “abrir la negociación de los presupuestos a todos los grupos políticos” y ha preguntado si el PP solo negociará con Vox, ambos en el Gobierno autonómico. La diputada aragonesista ha reclamado “cumplir el Estatuto de Autonomía e impulsar el artículo 108” para mejorar la financiación autonómica. Villagrasa ha afeado que la reforma fiscal de las dos derechas “reduce la presión a quien más capacidad económica tiene”. La diputada de CHA ha mostrado su preocupación por “la fricción” en la gestión de la función pública que a su juicio existe entre el departamento de Bermúdez de Castro y la consejería de Desregulación, liderada por Alejandro Nolasco (Vox).

En Izquierda Unida, Marta Abengochea se ha preguntado si “la rebaja de impuestos va a impactar en el déficit estructural” de la comunidad y ha asegurado “cualquier posibilidad de entendimiento” sobre la financiación autonómica, pero ha reclamado compromiso estatal. IU también ha ofrecido su “colaboración y apoyo” en la gestión de emergencias.

Los partidos que sostienen al Gobierno de Aragón

La diputada del PP Lorena Tabanera ha resaltado la reprogramación de los fondos Feader y la elevada ejecución de los fondos MRR, tras lo que ha puesto de relieve los "pasos agigantados" que se han dado para reducir la tasa de temporalidad en la función pública. Tabanera ha aplaudido la estrategia Aragón Inteligente y la reciente aprobación del sistema automático de atención a la ciudadanía, en la linea de la digitalización de la Administración, recalcando que "los datos de los aragoneses están protegidos al más alto nivel".

“El pacto entre PP y Vox permitirá avanzar con medidas concretas y realistas”, ha reivindicado Juan Vidal, de Vox, que ha asegurado “una fiscalidad justa” que se desarrollará a lo largo de la legislatura. La ultraderecha, presente en el nuevo Gobierno, ha defendido la desregulación como “una reducción de la burocracia” y ha garantizado que la DGA “reducirá la colaboración con asociaciones que contribuyen a la inmigración ilegal y destinará el dinero público para los aragoneses”, una presentación del “concepto lógico” de prioridad nacional que vertebra el pacto entre los dos partidos.

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