Nolasco planea activar “un servicio de verificación del fraude” en las ayudas del Gobierno de Aragón en el primer semestre de 2027

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), ha dado el pistoletazo de salida a la comisión de esta área en las Cortes autonómicas con la presentación de su plan para la legislatura. La única novedad respecto al pacto firmado con el PP es la intención de lanzar “un servicio de verificación del fraude prestacional” en el primer medio año de legislatura.

Nolasco ha defendido su concepto de prioridad nacional, el eje que ha vertebrado las exigencias de Vox al PP en el pacto recién firmado. Según el líder de la ultraderecha en la comunidad, esto es “la defensa del sentido común de una amplia mayoría de españoles” y ha resumido en “ayudar primero a los de casa” las intenciones de su acción de Gobierno. “Es totalmente legítimo”, ha insistido el líder de Vox en la comunidad, que ha asegurado que existen “un montón de criterios y baremos” para ejecutar sus políticas conforme a esa prioridad nacional.

No ha precisado Nolasco cómo piensa mover esos baremos ni el impacto que van a tener en el día a día de los ciudadanos. Sí ha hablado de “arraigo” y de “tradición”, así como ha criticado las ayudas a inmigrantes, con datos nacionales. “Si la carga es para el pueblo español, también tienen que serlo las ayudas”, ha resumido Nolasco, que ha asegurado que le parecería “mal que las ayudas fueran antes a los canadienses que a los españoles, no es cuestión de color”. En un nuevo concepto, el vicepresidente autonómico ha estrenado “el patriotismo social” y ha llamado a ejecutar su acción con “un principio de gestión que sabe que el dinero de los contribuyentes es escaso”.

Nolasco ha afirmado que “el silencio administrativo positivo” será el funcionamiento de su administración, que también apostará por “reducir al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales” y “a la mínima expresión” la cooperación al desarrollo o a las organizaciones que “favorezcan la inmigración ilegal”. También ha adelantado que todas las organizaciones tendrán que “acreditar su utilidad pública efectiva”. Respecto a la Desregulación, ha incidido en el Plan Aragón Agiliza, que comprenderá 250 medidas específicas encaminadas a “pasar de una administración que obstaculiza, a una administración que facilita la vida a los ciudadanos y familias”. La voluntad del ejecutivo es “reducir el gasto superfluo ineficiente y destinar más recursos a quienes lo necesiten”.

El también consejero de Bienestar Social y Familia ha avanzado que cada texto legal impulsado tendrá “un informe de impacto en la familia” y ha avanzado que se apoyarán “medidas concretas para apoyar la fiscalidad para natalidad y apoyo de las familias”.

Apenas ha dedicado parte de su discurso a la rama de Bienestar Social, sin expresar claramente su plan para el IASS, pero sí se ha mostrado “de acuerdo” con la intención de “mejorar” los servicios prestados a los ciudadanos. Nolasco ha reivindicado que Aragón es una de las comunidades que menos tarda en ofrecer respuestas a la solicitud de la dependencia, aunque ha admitido que la mayor parte de ese logro es de la exconsejera Carmen Susín, ahora al frente de Educación, Ciencia y Universidades. El vicepresidente autonómico ha afirmado que “mientras menos plazas haya para menas, más plazas habrá para residencia y ancianos”, insistiendo en su idea de no acoger menores no acompañados ni destinar recursos públicos a su atención.

En la oposición

Mónica Iglesias, portavoz del PSOE en la comisión, ha advertido al Gobierno aragonés de que "acelerar las listas de espera no puede hacerse a costa de bajar las prestaciones a la ciudadanía". La diputada socialista ha reclamado conocer "cuántas plazas se han concertado con las entidades sociales" y ha pedido al consejero que explique qué plantes tiene con las residencias para la presente legislatura. La diputada del PSOE ha preguntado por Ayudas Sociales, una dirección general que participará en las subvenciones y que influirá en un tercer sector reivindicado desde las filas socialistas como capaz de "crear una red pionera que llega muchas veces a donde la Administración no lo hace". Por último, Iglesias ha hecho una llamada a Nolasco a desarrollar "oportunidades laborales dignas" desde su capacidad para facilitar la inclusión y ha pedido "evitar que las ayudas se conviertan en un debate ideológico o para hacer demagogia" y sí ha instado a la DGA a "garantizar el mínimo vital y las mínimas garantías a los ciudadanos".

Mary Carmen Bozal, portavoz de Chunta Aragonesista, ha celebrado la atención prestada por el nuevo Gobierno de Aragón a la salud mental, pero ha reclamado que los recursos lleguen en todo momento a aquellos ciudadanos que tengan que hacer uso de ellos. Sobre la dirección general de Ayudas Sociales, que ha sido interpelada en varias ocasiones por la oposición, Bozal ha expresado "la preocupación sobre su enfoque ideológico" y ha rechazado que la DGA introduzca "lógicas de exclusión o señalamiento".

La portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha reivindicado las políticas sociales públicas y ha afirmado que bienestar social es "garantizar recursos para la dependencia" y "dignificar los cuidados". Para ello, la también líder de IU en la comunidad ha reclamado "mejorar las condiciones laborales" de los trabajadores del tercer sector y "mejorar los ratios en las residencias" para que la atención a las personas dependientes sea más positiva.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón

Susana Gaspar, portavoz del PP en la comisión, ha defendido el papel llevado a cabo por su partido en la anterior legislatura y ha atacado al Gobierno central por su gestión de la dependencia y la relación con las comunidades autónomas. "La dependencia en Aragón es de segunda o de tercera para el Gobierno central, viendo que sí la cofinancian en Cataluña o País Vasco", ha censurado Gaspar, que ha rechazado "lecciones" de la izquierda con "sus listas de espera topadas o sin meter a los aragoneses en el sistema". La diputada popular ha criticado al anterior Gobierno encabezado por los socialistas por "infradotar de presupuesto y recursos" a los servicios públicos vinculados al bienestar social de los ciudadanos.

Por último, en Vox, David Arranz ha calificado de "un ejercicio de responsabilidad" el pacto alcanzado junto al PP y ha asegurado que se plantearán reducir "el exceso de regulación que crea una maraña de inseguridad jurídica y desconocimiento de las regulaciones de los ciudadanos". Arranz ha puesto como objetivo de la consejería de su compañero de partido Nolasco el "reducir el gasto y ser más eficientes". Como hiciera el vicepresidente en sus intervenciones, el diputado ultraderechista ha avanzado el compromiso de Vox de "ser duros y controlar a las asociaciones que promueven la inmigración ilegal", pero manteniendo "el trabajo con las entidades del tercer sector que sí han demostrado tener un papel para la sociedad".

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