Elma Saiz: "Aragón va a perder muchas oportunidades siguiendo la estela de la prioridad nacional"

¿Cómo valoran desde el Gobierno de España el proceso de regularización?

El miércoles celebramos una reunión muy productiva, en la que estaban presentes el conjunto del tejido social y productivo de la comunidad autónoma, sindicatos, patronal y por supuesto entidades colaboradoras en materia de extranjería. Ese es un buen reflejo. Es una política importante, uno de los principales hitos de la legislatura que concita el consenso y el respaldo y este agradecimiento mutuo, porque yo trasladé a todas las entidades que han participado en la reunión ese agradecimiento. La política está al servicio de la ciudadanía y este es un procedimiento esperado y aplaudido.

¿Se plantean extender el plazo?

Estamos en pleno corazón del proceso, en el ecuador, porque va hasta el 30 de junio. Hemos preparado con muchísimo cariño el plan operativo para que esté a la altura y para que todas las personas que cumplan los requisitos puedan pedirlo en tiempo y forma. Va según lo previsto y el plazo es hasta el 30 de junio.

¿Van a llegar al hito del medio millón de personas regularizadas?

Yo estoy viendo que detrás de cada cifra hay una historia. Hay que referirse a este procedimiento con el caso a caso, con historias de éxito. Viniendo para aquí me ha parado una mujer que lo agradecía y mostraba la esperanza con la que afronta el tener por fin derechos, también obligaciones, para dejar de ser invisible. Lo importante es que el procedimiento tiene unos requisitos muy claros y que pueda dar respuesta a todos los que lo pidan y que cumplan los requisitos en tiempo y plazo.

Hay instituciones, en el caso de Aragón ha sido sobre todo el Ayuntamiento de Zaragoza, que han acusado al Gobierno de colapsar los servicios municipales de registro y de padrón con este proceso. ¿Ha habido precipitación, falta de coordinación o algunos fallos para llegar a ese "riesgo de colapso"?

Para nada. Aquí hay que contraponer claramente diferentes comportamientos o actitudes. A mí me consta que en el Ayuntamiento de Zaragoza, el día que comenzaba el plazo, cerró las juntas de distrito, más de catorce, para dar respuesta a esa solicitud del informe de vulnerabilidad. Todo para que la gente se dirigiera a la plaza del Pilar y se pudieran visibilizar unas colas de manera injustificada. No ha habido caos, hasta que se ha puesto el procedimiento y como suele ser habitual en los primeros días de un proceso tan importante sí que ha habido colas, pero desde aquí quiero agradecer la importantísima labor que hacen las entidades colaboradoras en materia de extranjería, más de 500 en todo el país.

El PP les acusó de activar la regularización para activar a Vox, pensando en las elecciones de Aragón y Andalucía. ¿Qué opina de ese argumento?

No lo compro y combatimos con rotundidad la desinformación y los bulos que algunos vierten en relación con este procedimiento. Hay que conocer la ley electoral, los requisitos para pedir cualquier tipo de prestación, como el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Hacemos una labor importante y apelamos a la ciudadanía a que se informe con fuentes oficiales. La regularización tiene la triple legitimidad social, económica y política. Ha sido aplaudido por la Iglesia. Así que insto al PP a mirar a los ojos de los ciudadanos que están esperando este procedimiento con esperanza, porque ya están aquí y tienen que tener derechos y obligaciones.

¿Tienen calculado el impacto en la recaudación de la Seguridad Social del proceso de regularización?

Son estimaciones. Ya ha habido procesos de regularización y he tenido la oportunidad de conocer a investigadores que han estudiado el impacto en España, que es la séptima vez, y en otros países. Es un win-win, porque es una mejora en los tejidos productivos, un beneficio para los trabajadores y en torno a más de 4000 euros por persona regularizada al año. Estamos hablando de derechos y obligaciones para las personas. Son estimaciones en un procedimiento que forma parte de una política global, sobre migración, y que acompaña a nuestra reforma del Reglamento de Extranjería. El CES, el Consejo Económico y Social, ponía en valor este procedimiento, pero hay están las evidencias y el impacto positivo de otros procesos y de los que ha habido en otros países.

¿Habrá un impacto positivo contra el fraude fiscal?

Estamos hablando de personas que ya están aquí y que van a tener derechos y obligaciones, como tenemos todos. La normativa laboral es única, nosotros no distinguimos como hacen otros y efectivamente todo lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores, con el cumplimiento de la normativa laboral y de hecho la última reforma del reglamento de extranjería fortalecíamos precisamente esa lucha contra el fraude y dando seguridad jurídica a empleados y empleadores.

La inmigración ha sido campo de batalla por la formación de Gobiernos autonómicos como el de Aragón, con la prioridad nacional. ¿Cómo lo ven desde el Gobierno? ¿Van a vigilar esta medida?

Frente a la siniestra prioridad nacional de PP y Vox, nuestra prioridad es la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos. Sin el procedimiento de regularización extraordinaria, el tejido social y productivo de Aragón correría un serio riesgo. Quiero hablar de la vendimia en Cariñena, de las industrias cárnicas en Binéfar o de la provincia de Teruel, donde hay una necesidad de más de 4.000 puestos de trabajo vacantes sin cubrir. Somos un Gobierno que mira a los ojos de la realidad social y que no desde luego no paga un alto precio por alcanzar un acuerdo, como es la prioridad nacional. No compramos un discurso xenófobo y racista porque somos un país emigrante y de oportunidades. Aragón perdería y va a perder muchas oportunidades siguiendo la estela de la prioridad nacional.

Esta semana hemos conocido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué le parece?

Siento tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina le tienen en el PP y en la derecha. Máximo respeto al principio fundamental de la presunción de inocencia y máximo respeto a la labor de la justicia. Colaboración con la justicia y confianza en el presidente Zapatero.

¿Cómo le cae esta imputación al Gobierno de Pedro Sánchez?

Rodríguez Zapatero fue presidente durante dos legislaturas y fue el presidente de los derechos, de la igualdad, de la convivencia y bajo su presidencia se vivió una importantísima transformación social. También la sociedad, bajo su presidencia, derrotó a la banda terrorista ETA. Por cierto, no solo supo hacer Gobierno, sino que supo hacer una oposición leal y de Estado, que hoy estamos viendo una oposición que no tiene proyecto y que solo persigue dañar y erosionar la honorabilidad de las personas.

Sánchez ha dicho esta semana que las elecciones serán en 2027. Viene el PSOE de cuatro derrotas consecutivas. ¿A qué se agarran para pensar que pueden ganar en las generales?

Es una legislatura de cuatro años, como todas. El PP pide elecciones anticipadas desde el minuto cero. Hay una hoja de ruta clarísima y damos respuesta a los diferentes problemas que nos vamos encontrando. Quiero reconocer el prestigio internacional que ha tenido España con la gestión del Hantavirus, o los 5.000 millones de euros, el principal paquete de la UE, para hacer frente y proteger a los ciudadanos frente a la guerra de Irán. Más de 200 leyes, importantísimas reformas constitucionales, un pacto encima de la mesa de lucha contra la corrupción, porque nos hace daño como sociedad. El Gobierno tiene una hoja de ruta clara y es lo que está haciendo que España crezca por encima de la media de la UE y superemos los 22,3 millones de trabajadores. Las elecciones autonómicas son elecciones autonómicas y desde luego no es un resultado esperado, pero es el momento de las federaciones de hacer su análisis. En el caso de María Jesús Montero, va a hacer una oposición de defensa de lo público. También lo vemos aquí en Aragón, donde vemos importantes convocatorias en defensa de la educación pública en todo el territorio. Vamos a seguir trabajando para revertir resultados que no son los esperados, pero defendiendo una hoja de ruta y unas políticas que hacen crecer a nuestro país sin dar un paso atrás en derechos ni en protección social.

Pese a los datos que ha explicado, la sensación es que el Gobierno de España no saca adelante muchos proyectos. ¿Fallan a la hora de contar esas victorias?

Estamos en política para mejorar la vida de la gente y ahí están los datos. Estamos superando la barrera histórica de trabajadores, en la cifra de temporalidad más baja o en la subida de más de un 66% del SMI durante la legislatura. Esos son los resultados de un Gobierno. Somos conscientes de esa minoría parlamentaria, en un gobierno de coalición, pero que tiene una hoja de ruta clara, que es avanzar y romper mantras que estaban muy instalados. Yo la semana pasada estuve en Naciones Unidas, en el pacto mundial de la migración, y el reconocimiento era mayoritario de los países de la política migratoria del gobierno de España. Somos un faro a nivel internacional y esa es la realidad del país. Todo ello a pesar de que siempre hemos tenido el voto en contra del PP en el Congreso, desde la reforma laboral hasta el decreto por la guerra de Irán, donde se abstuvieron. El “No a la guerra” es una posición coherente con los valores que defendemos, pero también de protección de nuestro país.

¿Cómo valora tras las derrotas electorales el envío de ministros como candidatos?

Niego la categoría de ministro-candidato. Somos personas y aprovecho para condenar la deshumanización que estamos viendo contra los candidatos progresistas, que se multiplica cuando hablamos de mujeres. Lo sufrieron Pilar Alegría y María Jesús Montero. Son personas con unos bagajes y unos conocimientos. Montero conoce Andalucía mejor que la palma de su mano. Los ministros no venimos de Marte y somos personas que damos la cara. Los territorios quieren a los mejores y en el caso del PSOE Andalucía quiso que la mejor encabezara el proyecto en defensa de lo público. Niego la categoría de ministro-candidato y lo importante es la defensa y el compromiso con unos valores para generar prosperidad allí donde se defiende el proyecto socialista.

¿No ve un error haber mandado como candidatos a personas tan cercanas a Sánchez como Montero o Alegría?

Pedro Sánchez es un referente internacional y un gran líder.

En Aragón va a ser un consejero de Vox el que se encargue de trámites como la acogida de menores migrantes. ¿Qué relación espera con los nuevos Ejecutivos de PP y Vox?

Ya están pasando cosas de que Vox tiene responsabilidad en determinadas consejerías. Aquí tenemos un vicepresidente que dice que “todas las ayudas públicas las recibe Mohamed”. Son declaraciones absolutamente racistas y xenófobas que faltan a la verdad. Hay un gran desconocimiento de los datos. Los perceptores de ingreso mínimo vital son mayoritariamente españoles, por poner un ejemplo. Ya están pasando cosas. Otro ejemplo: el campo y la lucha contra la despoblación no se defiende con eslóganes ni con personas que no creen verdaderamente la vertebración del territorio o en el estado de las autonomías. Como hace el Gobierno de España con más de 900 millones de euros de ayudas o con la orden de módulos que supone un ahorro de 38 millones de euros a los agricultores de Aragón. Hay que llevar a cabo políticas que protegen a la ciudadanía y no eslóganes vacíos, como la prioridad nacional por la que van a pagar un alto precio los aragoneses.

Los consejeros de Vox dicen que no van a dejar llegar a sus territorios a menores migrantes no acompañados. En el caso de que el Gobierno de España vuelva a repartirlos, ¿qué pasará si se niegan?

Si se incumple la ley, vamos a estar enfrente, igual que con todo que tenga que ver con una vulneración del principio constitucional del artículo 14. ¿Dónde está la responsabilidad del PP?

¿El Gobierno de España va a ser capaz de convencer al PP o de hacer cumplir y evitar un conflicto judicial?

Frente a la nefasta e inconstitucional prioridad nacional, vamos a estar enfrente velando por el cumplimiento de los valores constitucionales que nos hemos dado entre todos. Fíjese, el PSOE alcanza pactos para avanzar en derechos y los pactos PP-Vox son una involución. ¿Qué hay detrás de la desregulación? Desprotección y el sálvese quien pueda. Por eso es importante contraponer los acuerdos que buscan poner de acuerdo a los diferentes frente a unos acuerdos como el que hemos visto en Aragón, que hacen daño a la población de los territorios. Es probable que el Gobierno de España salga en defensa para amortiguar el daño que hacen esas políticas que se hacen en las comunidades autónomas y es algo de lo que la ciudadanía tiene que ser consciente.

Hay más de 22 millones de afiliados, pero hay muchos trabajadores con dificultades para llegar a final de mes o para acceder a una vivienda. ¿Qué plan tiene el Gobierno para evitar que haya tantos trabajadores pobres?

Somos conscientes de que el acceso a la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía y el compromiso es absolutamente firme por parte del Gobierno de España. Pero quiero poner de manifiesto que es absolutamente necesario que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias. Pero en esto también quiero poner de manifiesto que es absolutamente necesario que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias. Donde se cumple la ley de vivienda, baja el precio del alquiler. En Navarra, mi comunidad, está bajando el precio un 8%. Aquí en Aragón, ha subido más de un 8%. Es una irresponsabilidad no cumplir con la Ley de Vivienda. Al margen, hay muchas medidas en marcha. Quiero destacar el plan estatal de vivienda 2026-2030 y también recientemente esta misma semana ese fondo soberano de España Crece que ha crecido donde va a haber una prioridad también en ese destino para viviendas o los fondos Next Generation que también han supuesto más de 350 millones de inversión en Aragón para construir o rehabilitar vivienda. Insisto, la política de vivienda es prioritaria, pero necesita la conjunción de las comunidades autónomas. Es un desafío al que tenemos que dar respuesta entre todos.

¿Puede hacer algo el Gobierno de España por los trabajadores pobres?

La subida del Salario Mínimo Interprofesional un 66% desde que gobierna Pedro Sánchez es un mensaje que beneficia fundamentalmente a los jóvenes con su primer empleo o a las mujeres. Por eso me pregunto por qué hay quien se opone y por qué hay quien anunciaba que se iba a suponer un colapso del país. Ese es el compromiso del gobierno de España y estamos viendo como se están incrementando los salarios, también de manera más importante en el caso de las mujeres, con récords de afiliación, lo que permite reducir la brecha en materia de pensiones. Esa es la política del Gobierno de España, con el compromiso de seguir subiendo el SMI como hemos venido haciendo estos últimos años.

¿Conseguirá el Gobierno de España aprobar los Presupuestos?

El compromiso de presentarlos lo vamos a cumplir. El presupuesto prorrogado es un buen presupuesto. No da igual quién está al frente de los Gobiernos y tampoco da igual el presupuesto que se prorroga. Este es un buen presupuesto prorrogado que está permitiendo desplegar políticas para responder a necesidades de la gente, como por ejemplo, los 5.000 millones de la guerra de Irán.

¿La falta de apoyos en el Congreso puede hacer cambiar la hoja de ruta del Gobierno y adelantar elecciones?

La mirada es a cumplir la legislatura y en el 2027. Este Gobierno es el del acuerdo, más de 200 iniciativas y todas las semanas se producen acuerdos que se trabajan y se cuentan con transparencia. Los acuerdos se alcanzan para mejorar la vida de la gente y no para involucionar ni dar pasos atrás en derechos.

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