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PP y Vox rechazan en el pleno suspender autorizaciones de revovables a Forestalia

Chunta Aragonesista se ha hecho eco de una iniciativa ciudadana de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y en representación de la Plataforma 13M, que pedía también la supresión del Inaga

El portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, este jueves en el pleno.

El portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, este jueves en el pleno. / Cortes de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves en el pleno, con los votos de PP y Vox, que el Gobierno de Aragón adopte medidas cautelares inmediatas de suspensión de los procedimientos de autorización de proyectos de renovables promovidos por Forestalia entre 2019 y 2024 que incumplan la normativa, como ha reclamado CHA.

Su portavoz, Jorge Pueyo, ha defendido la adopción de esas medidas cautelares y la supresión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), asumiendo la iniciativa ciudadana de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, a título propio y en representación de la Plataforma 13M: Aragón por la Racionalidad Energética, ante "las evidencias más que palmarias de corrupción", al estar "bajo sospecha" las autorizaciones ambientales, y que investigan los tribunales.

Pueyo ha hecho hincapié en que el fundamento de las sospechas no son recortes de prensa ni "inferencias cogidas con pinzas", sino testimonios de funcionarios del MITECO y del Inaga que ante la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil han aportado pruebas de "irregularidades" en la tramitación de expedientes de Forestalia que, a su juicio, "ponen en evidencia que aquí ha habido una trama".

El portavoz de CHA ha vaticinado que en este asunto, tanto PP como PSOE "van a esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz" y ha estimado que lo único "decente" que se puede hacer, si se tiene "un mínimo de compromiso con Aragón", es ser prudentes y suspender las tramitaciones de los proyectos de Forestalia hasta que las evidencias se conviertan o no en hechos probados.

Además de las medidas cautelares, CHA pedía en la proposición no de ley, entre otros puntos, que el Gobierno de Aragón revise en el próximo semestre todos los proyectos aprobados por el Inaga y mantenerlos suspendidos hasta acreditar su legalidad y también, en un plazo máximo de un trimestre, los proyectos autorizados por la Dirección General de Energía y Minas.

PP y Vox miran al cuatripartito

La propuesta no ha salido adelante por los votos del PP y Vox, cuyos portavoces en el debate, Susana Cobos y Sergio Marco, han reprochado a Pueyo que exija responsabilidades cuando los expedientes en cuestión se tramitaron con el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán del que formaba parte CHA y en el Miteco del Ejecutivo de Pedro Sánchez que sostiene su partido, dentro de Sumar.

"No nos meta en este caso de corrupción que es íntegro del PSOE", ha subrayado Cobos, quien ha acusado a Pueyo de intentar desgastar al Gobierno de Jorge Azcón con "una cortina de humo", no para proteger el medio ambiente, sino para atacar un modelo energético y frenar inversiones.

Marco, por su parte, ha considerado llamativo que Pueyo pretenda señalar al Gobierno de Aragón cuando su única intervención fueron los informes preceptivos del Inaga en la etapa en la que por CHA formaba parte del consejo de Gobierno José Luis Soro, al tiempo que ha aseverado que Vox "no tiene ninguna lección que recibir", dado que está personado en las diligencias abiertas por los tribunales.

Sí ha apoyado la propuesta el PSOE, cuyo portavoz, Fernando Sabés, ha planteado una enmienda que ha rechazado CHA para la adopción de las medidas cautelares cuando el órgano judicial las dicte, así como ampliar el marco temporal de análisis de expedientes hasta la actualidad y no solo de Forestalia, sino de empresas participadas y afines, en el Inaga y en todas las consejerías. "No tenemos nada que ocultar", ha señalado.

Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, ha incidido en que la presunta trama de corrupción en torno a Forestalia afecta "a esferas políticas de muy alto nivel", en que los proyectos tramitados por los gobiernos de Lambán y de Azcón "están bajo sospecha" y en que el "modus operandi" de la empresa era competir presuntamente con ventaja sobre el resto de empresas "con acuerdos bajo mano" de responsables ambientales y políticos, y por ello ha defendido que se paralicen todos los proyectos en marcha.

Marta Abengochea, de IU, también ha recordado a CHA que con el cuatripartito del que formó parte no hubo ni ordenación ni planificación de los proyectos de renovables a pesar de sus competencias, si bien ha subrayado que lo importante es que se paralicen las autorizaciones, poniendo el foco también a proyectos actuales de la empresa, como el de centro de datos denominado "Bufalo".

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