PP y Vox se alinean con la "prioridad nacional" y se parapetan en "cumplir la legalidad" en el reparto de ayudas

La primera sesión de control al nuevo Gobierno de Aragón no dejó muchas sorpresas. La oposición, que sigue en la misma fase de calentamiento que el Ejecutivo autonómico, repitió el guion de los servicios públicos y de las diferencias entre PP y Vox en busca de algún fallo que, más allá del conato de incendio de comienzo de la semana, no se ha destapado. Evidente fue el intento de Chunta Aragonesista, con un buen ramillete de preguntas sobre prioridad nacional para todos los consejeros, de mostrar la distancia entre los de Jorge Azcón y los de Alejandro Nolasco. La hay, pero no está en el principio que rige el pacto: ahí, los dos partidos se amparan en "la legalidad" y en que el reparto de ayudas y subvenciones mirará al arraigo, pero no romperá ningún texto normativo.

Solo Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, se atrevió a evidenciar que aquello era una táctica. "Buscan que alguno de nosotros desbarremos", argumentó uno de los hombres fuertes del Gobierno, en una suerte de aviso a navegantes para los consejeros que le seguían en el turno de palabra y de reconocido a los que le precedieron. Ninguno, ni antes ni después, se movieron de su espacio asignado y de esa "legalidad" que en la política aragonesa y nacional se ha convertido en motivo de orgullo para toda clase política de cualquier color. Respetar las reglas del juego, lo que antes se daba por hecho, hoy parece un éxito.

No avivaron el incendio ya apagado entre Alejandro Nolasco (Desregulación, Bienestar Social y Familia), Bermúdez de Castro y Mar Vaquero (Presidencia, Justicia y Cultura) sobre el refuerzo de la seguridad en los centros de menores. Un capítulo que ya parece olvidado en una sesión parlamentaria en la que se vio cierta sintonía entre el líder de Vox y el entorno más cercano al presidente. Incluso Nolasco apuntó algún argumento a Jorge Azcón en alguna respuesta a los portavoces parlamentarios.

En una de ellas, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ironizó sobre ese primer encontronazo y animó al jefe del Ejecutivo autonómico a "consultar la respuesta con Nolasco para evitar problemas" y no tener que negociar si había que desdecirse o no de lo argumentado por una de las dos fuerzas que componen el Gobierno.

La prioridad nacional no parece que vaya a formar parte de los desencuentros entre las dos fuerzas. Todas las preguntas de Chunta Aragonesista chocaron con "el arraigo" de los consejeros del PP y "la legalidad" de los representantes de Vox. Dijo alguno incluso que "gustará" a la ciudadanía este nuevo marco en el reparto de las ayudas. Veremos, pues este viernes ninguno de los líderes de los departamentos interpelados adelantaron cómo piensan aplicar la prioridad nacional en las políticas que cuelgan de sus responsabilidades.

Luis Biendicho (Medio Ambiente y Turismo) descartó directamente que el principio influirá en una consejería que "gestiona" los espacios naturales y el atractivo turístico de la comunidad. Algo similar a lo dicho por Eva Valle (Economía), Octavio López (Vivienda y Fomento) o la vicepresidenta Mar Vaquero. Todos, más allá de cumplir la legalidad y defender el pacto, se quedaron sin profundizar en el cómo.

Más explícito, como casi siempre, fue el consejero Roberto Bermúdez de Castro. Además de "adivinar" el intento de provocar fracturas de CHA, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública demostró que poco puede hacer con la prioridad nacional. Porque Hacienda hace caso a todos los ciudadanos que pagan impuestos y tributos, porque en Administración Pública el objetivo es mejorar la vida de los funcionarios y enfrentar el problema de los interinos y en Interior que "los incendios afectan a todos y hay que apagarlos entre todos". Y punto. Tiene él, y la consejera de Economía, la bala de controlar cómo funciona la desregulación, por si acaso Vox quiere aplicar de esa manera una prioridad nacional más agresiva.

Ni a Alejandro Nolasco le emocionó en exceso explicar la prioridad nacional. Sí aprovechó para presentar que va a acabar con "los chiringuitos ideológicos" gracias a la desregulación para la que aún no tiene director general y de la que poco, por ahora, se sabe. De la prioridad nacional, que "no es excluyente" y que atenderá al arraigo.

La primera sesión de control mostró unidad entre PP y Vox en la semana de su primer encontronazo. La oposición busca eso, que las derechas muestren diferencias, para señalar los fallos en la gestión. El primer duelo, puro tanteo.

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