Medio ambiente
El juez prorroga otros seis meses la instrucción del caso Forestalia
El magistrado da por buena la solicitud del fiscal y extiende la fase de investigación de la causa hasta diciembre de 2026

Fachada de los Juzgados de Teruel, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro

Más tiempo para seguir trabajando en el caso Forestalia. El juez que dirige la instrucción de la causa, Juan José Cortés, ha aceptado la solicitud del Fiscal de alargar la investigación en torno a la empresa fundada por Fernando Samper y la supuesta trama que habría facilitado su expansión hasta el próximo mes de diciembre. Una ampliación de plazos que no es la primera, ya que Cortés ha dado en anteriores ocasiones más tiempo a las partes para poder estudiar a fondo unos documentos que se cuentan por miles e investiga supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho u organización criminal, pero que también profundiza en los estudios de impacto ambiental y en los permisos otorgados al gigante aragonés de las energías renovables.
El fiscal, en el escrito hecho llegar al juez hace diez días, recopila las tres prórrogas que ya ha sufrido la causa. La primera de ellas, realizada por "la complejidad", un término que ahora se rechaza desde el ministerio fiscal. "De contar ya tres prórrogas nos iríamos hasta 1 o 9 de diciembre de 2026, pero 'ad cautelam' y para zanjar posibles equívocos, se interesa se dicte nuevo auto de prórroga de la instrucción a computar desde 9 de junio de 2026 a 9 de diciembre de 2026", resume el fiscal en su petición.
Con eso, "la prórroga del plazo de instrucción por otros seis meses". Una solicitud que, como en anteriores ocasiones, se lleva a cabo para facilitar el trabajo de las partes y llevar a cabo mejor su labor en la investigación del caso Forestalia.
El fiscal considera que es "evidente" que "faltan diligencias" que servirán para profundizar en la investigación, como pueden ser "el atestado final de UCOMA-Seprona de la Guardia Civil tras efectuar análisis de información extraída, con autorización judicial". También señala que en ese estudio de la Benemérita deberá incluirse información que se extrajo en "la intervención de dispositivos en entradas y registros".
Además, el Fiscal echa en falta otros documentos como "la unión y el examen de los expedientes administrativos de Miteco, Inaga y Sarga". Es decir, los análisis relacionados con los permisos que se otorgaron a Forestalia, o a cualquiera de sus empresas derivadas, para la construcción de decenas de parques eólicos o fotovoltaicos, la inmensa mayoría de ellos en suelo aragonés.
Informes de la Ucoma
El Fiscal considera que las pruebas e informes que ahora forman parte de la instrucción "no han sido suficiente para concluir" dicha instrucción y que quedan "diligencias por unir y practicar que son necesarias para el esclarecimiento de los hechos y personas responsables y todo ello en atención a los motivos que determinaron en su momento las sucesivas prórrogas ante la complejidad de la causa".
Se lanza también un mensaje a la UCOMA, a la que se le recuerda que "culmine el examen de la información recabada de dispositivos y correos electrónicos incautados en entradas y registros, así como requeridos al Miteco", precisando que son los correos de Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental y que, presuntamente, sería la pieza clave dentro del ministerio para facilitar la luz vede a los proyectos de Forestalia dependientes del Gobierno central.
Sin embargo, el fiscal señala que aunque la instrucción se prorroga por otro medio año, y "entendiendo que ya están personadas todas las partes que pudieran resultar afectadas", ya se puede retomar "el señalamiento de vista para alegaciones de la medida cautelar que quedó pendiente". Esto es, que el fiscal considera que ya se puede celebrar el cónclave en Teruel por el que se podría decidir si se paraliza el Clúster del Maestrazgo, el macrocomplejo renovable que Forestalia proyectó en la provincia.
El partido político Vox, personado en la causa desde hace meses, se muestra favorable a la prolongación de la instrucción por otros seis meses. Pero la ultraderecha reclama que la prórroga sea "proactiva", es decir, que la investigación no se frene ni sirva para dilatar el proceso en el tiempo sin lograr resultados.
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