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El Gobierno de Aragón vuelve a cargar contra los menores no acompañados tras detectar un único caso de fraude en la edad

El Departamento que dirige Alejandro Nolasco ya expulsó al joven del centro de menores y anuncia que realizarán pruebas de edad "a todos los menores que ya están aquí"

El vicepresidente autonómico y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en la sala de prensa del Pignatelli.

El vicepresidente autonómico y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en la sala de prensa del Pignatelli. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El Gobierno de Aragón, a petición de la vicepresidencia que dirige Vox, ha anunciado que solicitará "pruebas forenses de edad" a todos los menores no acompañados que lleguen a la comunidad autónoma tras detectar un único caso de "fraude", según denuncian, de un menor que decía tener 13 años y realmente tenía 20. Tal y como han confirmado estas fuentes, el joven ya fue expulsado del centro de menores en el que se encontraba y la decisión se comunicó a la Delegación del Gobierno de España en Aragón y al Ministerio del Interior. La propia delegación ha acusado a Nolasco de utilizar una táctica de "fuegos de artificio" y ha señalado que los menores "han seguido llegando a Aragón" con el vicepresidente ultraderechista, en el cargo desde finales de abril.

El vicepresidente Nolasco ha comparecido en rueda de prensa y han denunciado que "este falso mena llegó a Aragón desde Mauritania, tras ser enviado por el Estado desde Canarias". Así, anuncian que detectaron "múltiples indicios de fraude en el expediente remitido por el Estado".

Dicen que el menor "tenía un aspecto físico muy distinto al de un niño de 13 años" y han criticado que "el Gobierno central se había limitado a dar por buena la fecha de nacimiento que había declarado este migrante, 13 años, pero al mismo tiempo esta persona decía que tenía dos hijos en su país". Y aseguran que su estancia en el centro de menores durante tres meses "le ha costado a los aragoneses, a las arcas autonómicas, alrededor de 13.000 euros”, sin explicar el desglose de cifras.

Ha llegado a denunciar Nolasco otro caso de supuesto fraude. El de una niña "que según el Gobierno de España tiene 9 años, mientras que una estimación pediátrica apunta a que en realidad rondaría los 13 años", una edad que no se ha confirmado todavía por parte de informes forenses y que, por lo tanto, es una estimación.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha refrendado a su vicepresidente y ha asegurado que los informes forenses para detectar la edad "ya se venían haciendo". "Las obligaciones de la Administración respecto de un menor no tienen nada que ver con los adultos, por eso se van a seguir haciendo (estas pruebas) y la idea es que se puedan generalizar para que aquellos menores que la comunidad tiene que atender efectivamente los atienda, pero que personas que son mayores no se hagan pasar por menores, porque las obligaciones y cuidados son distintas", ha defendido Azcón, en línea con Nolasco. Desde el PSOE han denunciado que Nolasco "utiliza a los menores más vulnerables como munición política".

Azcón no ha dudado en refrendar a su vicepresidente. "El servicio de menores determina cuáles son los casos y a quiénes hay que hacerles las pruebas", ha añadido. "Se hacían y se van a hacer y se van a reforzar para evitar que nadie cometa fraude", ha insistido. "Se está haciendo ya ese refuerzo y son pruebas que hace el IMLA, los forenses, y la idea es que en todos los casos que pueda haber duda o indeterminación sean la ciencia y los forenses quienes determinen cómo los tiene que atender la comunidad autónoma", ha declarado el presidente de Aragón.

Beltrán: "Firmaron un acuerdo que sabían que no se podía cumplir"

La reacción del delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, destaca que Nolasco ha presentado "un episodio de distracción y fuegos de artificio de manual". El representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma acusa a PP y Vox de firmar "un acuerdo que no se podía cumplir" e incluir en su pacto de gobernabilidad la oposición a la llegada de menores migrantes no acompañados. "Los menores han seguido llegando a Aragón con Nolasco de vicepresidente y el Gobierno de Aragón los ha acogido, como marca la ley y como no puede ser de otra manera", ha recordado Beltrán.

Según el delegado, el vicepresidente aragonés busca "el subterfugio de la edad y está haciendo de la excepción la regla". El delegado del Gobierno asegura que el reparto de menores sigue "un protocolo riguroso con el papel garantista de la Fiscalía de Menores". Y que ante casos de duda, "como ha ocurrido siempre", la administración "hace las pruebas pertinentes".

El propio Beltrán reta a Nolasco a que si considera "un problema de la magnitud que denuncia" la acogida de menores "comparezca para decirnos cuántos menores han resultado ser mayores de edad". "Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos. Y le pido también que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen", argumenta Beltrán.

El Gobierno de Aragón pedirá 93 informes forenses

Según han añadido a este diario fuentes de la consejería de Bienestar Social, la intención del Ejecutivo aragonés es solicitar la elaboración de "93 informes forenses" a todos los menores no acompañados trasladados a la comunidad autónoma en el reparto del Gobierno central para hacer frente a la emergencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla y que no cuentan, según ha denunciado Nolasco, con un informe forense sobre su edad.

Según señalan estas fuentes, desde el pasado mes de octubre han llegado a Aragón un total de 116 menores, en lugar de los cerca de 400 que se llegaron a plantear en un inicio. De esos 116, solo 23 cuentan con "pruebas forenses de edad", según explican desde la consejería que dirige Nolasco y, por eso, van a solicitar las pruebas de edad para el resto, 93 personas.

Ya el pacto de Gobierno firmado el pasado mes de abril entre el PP y Vox incluía una dotación presupuestaria extraordinaria de 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) con el objetivo de reforzar estas políticas de identificación de menores.

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