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La Justicia archiva la causa de Teruel Existe contra Manuel Rando (PSOE) y José Luis Campos

El tribunal considera que "no existe ningún indicio de delito" en torno a los hechos denunciados hace unos meses

Manuel Rando, en una imagen de archivo.

Manuel Rando, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Justicia ha dado la razón a Manuel Rando, alcalde socialista de Calamocha, y a José Luis Campos, periodista al frente de Radio Calamocha, en la causa abierta por Teruel Existe contra ellos, en la que denunciaban varios delitos. El tribunal no ha llegado siquiera a tener como investigados a los dos denunciados y ha archivado la causa al considerar que ninguno de los cuatro delitos que se les pretendían imputar lo eran.

En un comunicado, se hace referencia a que la Audiencia Provincial de Teruel ha acordado sobreseer y archivar definitivamente la denuncia de los concejales de Teruel Existe contra Rando y Campos, al que defendía el abogado Marco Antonio Navarro. "El tribunal considera que  no existe ningún indicio de delito  de prevaricación administrativa ni malversación en varias actuaciones que habían sido señaladas por la formación política", cita el comunicado.

La resolución estima el recurso de apelación presentado por la defensa de José Luis Campos y revoca la admisión a trámite del  juzgado de instrucción de Calamocha. De esta forma, la denuncia queda archivada, sin que Campos y Rando hayan llegado a tener siquiera la condición de investigados.

El tribunal de segunda instancia analiza uno por uno en su escrito los cuatro hechos denunciados por Teruel Existe: los contratos del Ayuntamiento de Calamocha con la empresa de Campos, la actividad de Radio Calamocha en instalaciones municipales, el coste de la celebración del nombramiento de Hijo Predilecto del periodista y la permuta de varios inmuebles del Consistorio por otros de su propiedad. En ninguno de ellos aprecia indicios de delito.

Para las magistradas de la Audiencia, los tres concejales calomochinos expusieron en su denuncia “meras conjeturas o sospechas sobre irregularidades de actos administrativos, pretendiendo la remisión de documentación y de expedientes administrativos para esclarecer no solo la ilegalidad desde la perspectiva administrativa, sino su relevancia penal, olvidando que el enjuiciamiento penal requiere un plus cualitativo que no se aporta en la denuncia”.

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