PP y Vox, juntos en el resbaladizo camino de la inmigración

Hay asuntos en los que el PP y Vox han ido acercando y alejando posturas según el momento y el lugar. En Aragón, PP y Vox vuelven a ser una coalición de Gobierno desde hace un mes y, pese a un conato de crisis de por medio, sus discursos sobre la inmigración se han aproximado en estos últimos tiempos. También en la vinculación de esta con la delincuencia o la inseguridad. El choque de ambos partidos con el Gobierno de España es total, y se produce casi en los mismos términos.

La recta final de la semana ha estado marcada en Aragón por la muerte de un temporero a manos de otro, fruto de una pelea entre ambos, en pleno centro de Caspe. Una tragedia que ha vuelto a poner sobre la mesa la sensación de inseguridad en un municipio que lleva décadas recibiendo la llegada de población inmigrante, y que afronta la temporada de recogida de la fruta gracias a ella. Un pueblo que ve cómo se multiplica su número de vecinos en cada temporada sin que los recursos disponibles y los servicios se adapten adecuadamente para hacerle frente a esta llegada de cientos de personas cada año. Y aunque una circunstancia y otra, una pelea entre dos jóvenes temporeros que acabó con la trágica muerte de uno de ellos, y la falta de recursos en el medio rural, no tengan una relación de causa y efecto, la población de Caspe y su alcaldesa a la cabeza salieron después del dramático suceso para exigir la presencia de más Guardia Civil en el municipio a fin de ganar en seguridad. Es algo que llevan tiempo reclamando.

A su petición se sumaron tanto el presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), como el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), que incluso se trasladó a la localidad para condenar el asesinato. "Caspe es uno de los focos de la inmigración ilegal, de una delincuencia diaria y de una criminalidad constante", llegó a decir el vicepresidente, que reclamó, a posteriori, al delegado del Gobierno de España en Aragón, conocer la "residencia legal o no legal" del agresor. Algo que ya hizo hace apenas dos semanas, con la agresión machista a una vecina de Las Fuentes, en Zaragoza, en la que el agresor no era de origen español.

También esta semana, "a petición del vicepresidente Nolasco", el Gobierno de Aragón compartió su decisión de hacer pruebas forenses de edad «a todos» los menores extranjeros no acompañados que lleguen a la comunidad, denunciando el «fraude» que se había detectado por el caso de un migrante que dijo ser menor y tenía realmente 20 años, y por el de una menor, que se «estimaba» que tenía 13, en lugar de los 9 declarados.

Sin embargo, desde las entidades que trabajan con menores se insiste en que el protocolo de actuación para determinar la edad «ya está definido», y que «está bien utilizarlo cuando es necesario, pero cuando está claro que se trata de menores, carece totalmente de sentido».

Mientras, ese discurso de duda de la inmigración, que la vincula con actos violentos, con inseguridad, con delincuencia y con fraude, va calando poco a poco e instalándose en el mensaje oficial. Como la palabra «mena» en titulares de comunicados emitidos por el Gobierno de Aragón, a pesar de que este término está desaconsejado por las comisiones deontológicas de las asociaciones de periodistas por su carácter «estigmatizante». PP y Vox se aproximan, casi donde más, frente a la inmigración.

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