El Gobierno PP-Vox incluirá la "prioridad nacional" en la ley de Vivienda de Aragón

Aragón podría tener su primera ley de vivienda en 45 años de democracia el primer trimestre de 2027 si se cumplen los plazos del Ejecutivo aragonés y si nada perturba la buena sintonía del Gobierno de Aragón de coalición PP-Vox. Según ha anunciado el consejero de Vivienda, Octavio López, el Ejecutivo volverá a llevar a las Cortes de Aragón el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón con el "mismo texto" del proyecto legislativo que presentaron en 2024 y que no salió adelante por la falta de apoyos del PP en ese momento. La iniciativa legislativa decayó con el adelanto electoral y el final de la legislatura y ahora se le quiere dar prioridad en este nuevo mandato con la intención de incorporar al texto, por la vía de las enmiendas, todos los requisitos de la "prioridad nacional" que recoge el pacto PP-Vox.

El texto aprobado en el Consejo de Gobierno y que será remitido al parlamento autonómico recoge 59 aportaciones totales y 184 parciales incorporadas durante el periodo de participación pública, que en esta nueva tramitación no volverá a celebrarse en el Parlamento aragonés.

"Hoy aprobamos exactamente el mismo texto literal en diciembre del 2024 para su remisión de nuevo a las Cortes, para acogernos a un trámite especial por el que no hay que hacer proceso de participación si en seis meses después de la nueva legislatura se vuelven a presentar textualmente igual que en la legislatura anterior", ha explicado López, que ha asegurado que el espíritu de la norma será el mismo: dar solución a los 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden independizarse, incrementar el parque público de viviendas y continuar con el Plan Aragón Más Vivienda, que está definido para un total de seis años.

Sin embargo, la intención es que el proyecto que el Gobierno de Aragón presenta a las Cortes sufra cambios sustanciales por la presentación de las enmiendas de los grupos que apoyan al mismo Ejecutivo aragonés, PP y Vox, que usarán ese trámite de enmiendas para introducir el concepto de "prioridad nacional" en el articulado.

"El texto incorporará los acuerdos del PP y Vox que constan en las páginas 14, 15, 16 y 17 del pacto de Gobierno PP-Vox", ha explicado el consejero, que ha concretado que ello implicará promover "4.000 viviendas públicas más, incrementar la oferta de vivienda, garantizar el acceso a la vivienda protegida a través de la fiscalidad, actualizar el módulo de vivienda VPO, crear un sistema transparente de acceso controlado a la VPO, y, en relación con el concepto de prioridad nacional, establecer un arraigo real a la hora de la asignación de vivienda". Además, quedará patente de nuevo la oposición del Gobierno de Aragón a la ley estatal de vivienda, así como el impulso a un observatorio de la vivienda en la comunidad autónoma.

En concreto, se introducirá el concepto de "arraigo real" para el acceso a las viviendas públicas en los mismos términos que recoge el pacto PP-Vox, con una necesidad de arraigo de 5 años para las viviendas públicas de alquiler, y de 10 años para el caso de la compra de viviendas públicas. Además, se incorporará el blindaje de la VPO "a perpetuidad" y el consejero López se ha mostrado convencido de que alcanzarán un acuerdo con Vox respecto al "cohousing" y el "coliving", dos conceptos que la extrema derecha rechazaba cuando estaba en la oposición.

De momento, está por ver si toda la baterá de incentivos fiscales que preveía el pacto PP-Vox en materia de vivienda quedará reflejado en esta norma, o si se incluirá en la ley de presupuestos.

La ley de Vivienda en 10 claves

El Proyecto de Ley que el Gobierno de Aragón enviará a las Cortes se sintetiza en un decálogo de actuaciones principales destinadas a ampliar el parque público de vivienda y facilitar el derecho de acceso a los ciudadanos, especialmente los jóvenes.

1. Se pondrán a disposición de la promoción de viviendas suelos de titularidad pública que no se vayan a destinar a equipamientos y que se desarrollarán al amparo de la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas.
2. El Gobierno asegurará la disponibilidad de recursos para nuevas viviendas mediante iniciativa pública directa o en colaboración público-privada.
3. Se garantizarán fondos para ayudar a los demandantes de vivienda pública, buscando que no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos.
4. Se aplicarán soluciones territoriales diferenciadas adaptadas a las necesidades de cada municipio, distinguiendo entre capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.
5. Se regulará la vivienda protegida en base a los criterios sociales del momento y se actualizará el módulo para que su construcción sea viable y no se detenga el impulso a las promociones de VPA. Asimismo, se blindará su protección permanente durante el periodo de enmiendas.
6. Adquisición de vivienda construida mediante programas específicos para comprar inmuebles ya edificados que contribuyan a incrementar el parque público.
7. Se aportarán soluciones habitacionales adaptadas a las demandas actuales, como alojamientos para trabajadores de sectores estratégicos como el turismo.
8. Se establecerán las condiciones de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la población extremadamente vulnerable.
9. Se fomentarán acuerdos con el resto de administraciones públicas para intervenir en un mercado inmobiliario constreñido por los altos precios y la escasez de oferta.
10.  Se posibilitará temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos inicialmente definidos para uso terciario.  

Por último, el consejero ha asegurado que el texto está "abierto a que los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón introduzcan sus aportaciones" a lo largo de la tramitación para conseguir "una ley útil, con un recorrido amplio y que resuelva de manera eficaz el problema de la vivienda en Aragón". 

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