El ministerio mueve ficha en Andorra y activa ya la reforma exprés de las reglas de nudo Mudéjar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dado el primer paso formal para resolver uno de los principales interrogantes que dejó el drástico recorte sufrido por el proyecto de Endesa en el nudo Mudéjar de Andorra. El departamento que dirige Sara Aagesen ha abierto una consulta pública urgente para modificar las bases reguladoras del concurso de transición justa y poder reasignar los 937 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica que han quedado libres tras la drástica reducción de la iniciativa de Endesa que fue la adjudicataria de la potencia hace más de tres años.

La decisión llega apenas un día después de que el ministerio autorizara definitivamente a Enel Green Power España, la filial de renovables de Endesa, una potencia de 406,3 MW, muy lejos de los 1.844 MW planteados inicialmente por la compañía, que ganó hace tres años el concurso convocado para sustituir la producción de la central térmica de carbón de Andorra, cerrada hace ya seis años, en junio de 2020.

La consulta supone, además, el reconocimiento explícito de que las bases aprobadas en 2021 no contemplaban qué hacer con la capacidad que pudiera quedar liberada si el proyecto ganador se veía obligado a reducirse por circunstancias sobrevenidas. Una situación que se ha producido precisamente tras la declaración de impacto ambiental emitida por el propio ministerio, que impuso un centenar de condicionantes técnicos y ambientales y dejó fuera gran parte de los parques eólicos previstos.

Un vacío normativo

El propio Miteco admite en la documentación sometida a consulta pública que la normativa actual no contiene una “previsión expresa” sobre el destino de la capacidad que pudiera quedar libre como consecuencia de las modificaciones de los proyectos adjudicados. Por ello, considera necesario introducir una regulación específica que aporte “mayor claridad y previsibilidad” y permita una gestión ordenada de esos megavatios sin perder de vista los objetivos de transición justa para el territorio.

La orden que reguló el concurso sí contemplaba la posibilidad de modificar los proyectos adjudicados por resoluciones administrativas o circunstancias sobrevenidas, pero guardaba silencio sobre el tratamiento posterior de la potencia que dejara de utilizarse. Ese vacío legal es el que ahora pretende corregir el ministerio mediante una modificación exprés de la normativa.

La lista de aspirantes

Entre las alternativas planteadas por el Gobierno figura una que ya había sido avanzada en las últimas semanas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ): ofrecer la capacidad liberada a los operadores económicos que participaron en el concurso pero no resultaron adjudicatarios, respetando el orden de prelación derivado de la evaluación ya realizada.

De prosperar esta fórmula, podrían volver a escena algunas de las compañías que compitieron con Endesa por el control del nudo Mudéjar, entre ellas Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), EDP-Térvalis, Iberdrola-Aurinka, Naturgy, Ignis-Arcoiris, Forestalia, Acciona-Falck Renewables o Grupotec. No obstante, la reasignación dista mucho de ser automática. En la mayoría de los casos, los proyectos que concurrieron al concurso nunca llegaron a desarrollar su tramitación ambiental ni administrativa al quedar fuera de la adjudicación.

La principal excepción es CIP. El fondo danés continuó desarrollando su proyecto Catalina, vinculado a una gran planta de hidrógeno verde en Andorra, cuyas instalaciones renovables siguen pendientes de autorización ambiental. Precisamente esa circunstancia convierte a la compañía en una de las mejor posicionadas para aprovechar parte de la capacidad que pudiera quedar disponible, aunque también existen incertidumbres sobre algunos de sus parques eólicos por su proximidad a espacios protegidos similares a los que han condicionado el proyecto de Endesa.

Tramitación por la vía de urgencia

El ministerio quiere acelerar al máximo el cambio normativo. La consulta pública permanecerá abierta únicamente hasta el próximo 17 de junio y se tramitará por la vía de urgencia. Según argumenta el propio departamento, resulta necesario evitar que la capacidad liberada quede bloqueada durante meses y garantizar que pueda seguir utilizándose para impulsar la reindustrialización de la cuenca minera.

La reforma de la orden reguladora será el paso previo para culminar una operación que puede resultar decisiva para el futuro de la transición justa en Andorra. Después de casi seis años desde el cierre de la térmica y tres años después de la adjudicación del concurso, el ministerio intenta ahora recomponer un procedimiento que nació para atraer inversiones, empleo e industria al territorio y que ha quedado seriamente alterado tras el varapalo ambiental sufrido por el proyecto energético de Endesa.